Miradas Locales
Una primera aproximación a la riqueza en el Chaco
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Introducción
Como objeto de investigación e interés público, la riqueza suele permanecer eludida, cuando no directamente oculta. Este desplazamiento se hace en contraste por el interés en conocer y actuar sobre la pobreza, como si no fueran ambas caras de un mismo proceso social. La riqueza aparece discursivamente restringida al ámbito de lo personal, como un propio mérito, sobre lo cual no existe necesidad de actuar.
La sociedad se organiza distribuyendo de manera asimétrica no sólo oportunidades sino también resultados. Aunque no hay automatismo, en general, se produce una convergencia entre capacidad de retener excedentes e influencia sobre lo público. Dicho de otro modo, en términos tendenciales, los sectores más ricos tienen más capacidad de condicionar las decisiones políticas en su favor. Mientras que la atención pública suele escrutar políticas sociales compensatorias, se borran del foco aquellas que favorecen la reproducción y ampliación de esa riqueza.
El intento de abordar la riqueza como objeto de estudio empírico implica desafíos metodológicos. La inexistencia de instrumentos adecuados para captar el fenómeno dificultan una aproximación a los modos en que se reproduce la riqueza. Las encuestas de hogares resultan naturalmente ineficaces para tal objetivo puesto que las unidades de estudio que interesan (personas en el extremo superior de la distribución de la riqueza) no representan grupo alguno de la sociedad, solo pueden representar estadísticamente a ellos mismos.
En este artículo abordaremos, en primer lugar, una revisión sobre el rol del estado en el enriquecimiento de algunos sectores y los canales generales por los cuales el sector empresarial se beneficia del accionar estatal. A continuación, se busca comprender la dinámica de la distribución de la riqueza en la provincia del Chaco haciendo foco en la relación existente entre los sectores productivos y el poder político, además se mencionan las políticas públicas que contribuyen a la reproducción de la riqueza. En la cuarta sección se centra en analizar algunos de los mecanismos de generación de riqueza que están presentes en el presupuesto provincial: los gastos tributarios, la obra pública y la subvaluación inmobiliaria. Finalmente, se presentan los comentarios finales que resumen y sintetizan el estudio realizado.
El Estado en el proceso de enriquecimiento
La riqueza en la Argentina se ha generado y se genera en sistemática asociación con el Estado, en un triple sentido (Schorr, 2021). Primero, las grandes empresas logran evadir y eludir impuestos a través de planificación contable-financiera, pero también a través de diversos mecanismos de subsidios y exenciones –reconocidas como gastos tributarios–. Las menores alícuotas pagadas por el reparto de utilidades empresariales y por resultados financieros, o los diversos descuentos posibles de realizar al impuesto a las ganancias son algunas pistas sobre cómo quienes más tienen no son quienes más pagan. La parte abonada por las empresas es trasladada en parte a los precios, trasladando su costo a los/as consumidores/as que adquieren los bienes o servicios. Y esto se puede complementar con las bajas valuaciones fiscales de bienes muebles e inmuebles, que son la base de imposición de impuestos patrimoniales como Bienes Personales; la ausencia de impuestos a la herencia, etc. El sistema tributario argentino recauda de manera injusta, eliminando cargas a aquellas personas con mayor capacidad contributiva: es decir, las grandes fortunas también se amasan por lo que dejan de pagar al Estado. Los impuestos directos –aquellos que gravan los ingresos o patrimonio de quien paga pesan muy poco en la estructura tributaria argentina, mucho menos que en países comparables.
Segundo, las grandes fortunas se benefician también del gasto público. No solo que un número relevante de grandes empresas y grupos económicos nacionales se han construido al calor de la obra pública y como proveedoras del Estado, sino que también reciben ayuda a través de subsidios económicos por diversas vías: en la Argentina, por caso, suponen un gasto equivalente al 3% del PBI, más que la sumatoria de todos los salarios públicos y el costo total de la Asignación Universal por Hijo/a. Incluso más aún: cuando el Estado subsidia tarifas de servicios, no solo se benefician las empresas que reciben las transferencias, sino –tal vez incluso más- aquellas que utilizan esos servicios y ven reducido el peso de las tarifas en su estructura de costos. El Estado provee de condiciones básicas de funcionamiento de la economía de mercado de manera sistemática, proveyendo condiciones legales básicas, educando a la fuerza de trabajo, garantizando estándares básicos de salud, etc. El Estado gasta en favor de la generación de riquezas, y no recauda especialmente sobre ese sector.
Tercero, merced de lo anterior, el Estado parece atravesar una permanente crisis fiscal, es decir, que las demandas de gastos superan las posibilidades de recaudar. Y por ello, se somete a debate si todos los planes sociales están bien otorgados “a quienes lo merecen”, por ejemplo. Las grandes empresas se benefician pagando pocos impuestos y recibiendo transferencias directas e indirectas del Estado. Éste recurre a diversos mecanismos para saldar este desfinanciamiento permanente, estando en un lugar privilegiado la emisión de deuda. Así se completa el ciclo, porque las grandes empresas y las grandes fortunas suelen destinarse en parte a la compra de obligaciones de deuda pública, que pagan jugosos rendimientos financieros. Grandes riquezas que pagan poco y reciben mucho, ganan aún más prestando al mismo Estado que desfinancian. Así se cierra un ciclo de enriquecimiento privado basado en la intervención sistemática del Estado. Esto compone una absoluta injusticia fiscal.
A esto puede añadirse otro elemento muchas veces ocluido. A pesar de que son más bien extrañas las veces en que ricos empresarios forman directamente el gobierno, resulta bastante normal que personas que provienen de esa clase ocupen lugares claves en puestos de decisión en la burocracia estatal (Miliband, 1970). Incluso cuando no son ocupados de manera directa, muchas de las personas que ocupan estos puestos compartieron tramos de formación, recreación o socialización con sectores más acomodados, con los que aspiran a identificarse. El incremento de la desigualdad estructural de las últimas décadas segregó de manera generalizada las trayectorias de vida que hacen que ciertas personas vivan en ciertos barrios con personas en similar situación socio-económica, se eduquen y atiendan sus problemas de salud en ciertas instituciones donde no llegan personas de menos recursos, etc. generando trayectorias de vida diferenciadas, casi al punto de la total separación (Svampa, 2005).
Además de su llegada en clave personal, las clases dominantes tienen una gran capacidad de organizarse en grupos de presión o asociaciones específicas que los reúne según sus intereses de negocios (cámaras empresariales, asociaciones profesionales, etc.), a través de las c uales intervienen en el debate público (Nercesian, Robles-Rivera y Serna, 2023).
Aproximaciones a la riqueza en la provincia de Chaco
Tal como anticipamos a nivel general, en la búsqueda por estudiar la riqueza en esta escala, nos topamos con ausencias de información e imposibilidades de reconstruirlas. ¿Cuáles son las mayores fortunas en la provincia? ¿Quiénes son sus dueños, cómo las generaron?
Estudiar la riqueza a través de las encuestas de ingresos es una aproximación muy limitada. Entre las limitaciones de las muestras está la ausencia de esa parte de la sociedad que más gana. Por otra parte, medir la riqueza a través del ingreso es algo criticado en la bibliografía (De Rosa, 2016), no sólo por las complicaciones anteriormente expuestas para medirla a partir de encuestas, sino también debido a la imperiosidad de tener en cuenta cuestiones como el patrimonio y el efecto de la herencia a la hora de establecer la riqueza de las personas o los hogares.
Justamente, al igual que en todos los territorios, en el Chaco existen sectores que acumulan riquezas, pero que son menos atendidos por los diversos mecanismos estadísticos. Para poder aproximarnos a su relevancia, y considerando que el estudio a partir de encuestas individuales no resulta la mejor fuente, es posible asociar su riqueza a las propias unidades productivas que poseen. Es decir, enfocarnos en los núcleos de acumulación de riqueza, cuyos propietarios solo en parte son residentes de la provincia -en otros casos, pertenecen a otras provincias o países-. Podemos analizar los diversos núcleos de acumulación de riquezas, y en especial, cómo son apoyados desde el Estado provincial, para tener un esbozo de sus fuentes de ingresos. La fisonomía de los diversos sectores de actividad puede ser una pista para describir la acumulación de riquezas y su relación con el poder político concentrado en el Estado.
En principio, una característica destacada de la provincia es el bajo peso que tienen la industria como sector de actividad, lo cual impacta en el bajo peso en la generación de empleo de calidad bien remunerado (Schorr et al, 2020). Este factor es determinante en el entramado productivo local y la relación que tiene con el reto del espacio nacional de acumulación: en general, la provincia se ha especializado en proveer de bienes primarios –de allí que la agricultura y ganadería tenga un peso mayor que en el promedio nacional-, configurando una región periférica al interior del país (Gorenstein, 2012).
Al interior de estos sectores, tiene particular importancia el rol de grandes empresas de otros ámbitos provinciales o con lógicas de acumulación poco ancladas en el territorio (Schorr et al, 2020) . De hecho, en esos sectores –y en el textil- es donde se concentran las principales exportaciones de la provincia. Los actores que operan en estos sectores altamente competitivos captan una renta extraordinaria que no es reinvertida en la propia provincia (o solo lo es parcialmente), sino que se remite a otros territorios. Esta permanente salida de ganancias hacia otros territorios es un mecanismo dinámico de empobrecimiento de la provincia: se trata de ganancias que no son completamente reinvertidas en el territorio donde se producen. La estructura de tenencia de las tierras en Chaco presenta un nivel de concentración muy elevado, en torno a un valor del 0,71 del coeficiente de Gini calculado con el Censo Agropecuario 2018 (López Iglesias et al, 2022). El 10% de las unidades productivas concentraba el 60% de las tierras registradas ese año, mientras que el 30% de las personas (jurídicas o humanas) tenía la posesión del 82,89% de los terrenos dedicados a actividades agropecuarias en la provincia.
Esto indica una estructura de desigualdad estructural significativa, específicamente en la distribución del activo más valioso en la producción de la provincia -aquella que valoriza en el mercado internacional parte de su producción-. No se trata solo de actores locales, sino de la interacción con actores globales con presencia en el territorio. El caso de la Aceitera General Deheza es indicativo de tal condición, poseyendo dos plantas de acopio (en Charata y en Pampa del Infierno). AGD es una de las seis principales aceiteras del país, la octava empresa exportadora del país y fue un actor clave para aprovechar la expansión del cultivo en la provincia, cuyo destino principal es la exportación.
A pesar de que las actividades agropecuarias explican la mayor parte de las exportaciones, generan poco empleo y mal remunerado. Para junio de 2023, según los datos de los tableros interactivos del CEPXXI, el empleo registrado en el sector de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura representaba al 5,25% del total provincial y el salario medio en estas actividades ascendía a sólo el 75% del salario medio general del Chaco. Tal como señalamos previamente, todo esto se monta sobre una estructura de tenencia de la tierra fuertemente desigual. La baja demanda de trabajo por parte de la actual producción exportable -maíz, soja, girasol- promueve la migración hacia los centros urbanos (Bonavida et al, 2017; Heredia et al, 2017), donde no se encuentra empleo o se lo hace en sectores mal remunerados.
El empresariado y las políticas públicas en el Chaco
Los sectores de la sociedad que tienen más riqueza tienen un vínculo privilegiado con el Estado, que les permite influenciar directa o indirectamente sobre sus políticas. Estas políticas establecen incentivos concretos para la actividad, y al mismo tiempo refuerzan una lógica de apropiación de los excedentes generados. Para el Estado, tiene sentido sostener estos lineamientos, porque le permiten con cierta facilidad fomentar la actividad económica, mejorar el empleo y la producción, recaudación de tributos, mejorar los ingresos de las personas y alcanzar el desarrollo de la provincia. De esta forma, incluso cuando no haya vínculo directo entre personal político y sectores ricos de la sociedad, tiene cierta lógica que sus intereses aparezcan alineados. De ello deriva que no esté claro en qué casos esto favorece una mejora distributiva, sino apenas una reproducción de las condiciones existentes, dejando las consideraciones sobre la distribución a la política social o la asistencial.
Las distintas políticas que movilizan recursos públicos provinciales para fomentar la acumulación de riquezas pueden clasificarse en las siguientes categorías:
Líneas de financiamiento: Chaco lidera el ranking de provincias que más créditos productivos entregaron durante el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2022 y el mismo período del 2023, cuando el financiamiento destinado a emprendimientos productivos experimentó un incremento del 28%. Este fenómeno se explica en gran medida por la presencia de dos instituciones financieras clave en Chaco que facilitan el respaldo a inversiones privadas: el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FOGACH).
Ley de promoción industrial: La Ley de Promoción Industrial, previamente designada como Ley 4.453 y actualmente referida como Ley 937 I (1998), representa un instrumento legal que ofrece una serie de ventajas e incentivos para la radicación de nuevas empresas como también para la ampliación (o modernización) de las ya existentes (Alegre, 2019). Dicha ley otorga una serie de beneficios significativos a las empresas que operan en la provincia del Chaco. Estos beneficios comprenden descuentos en las tarifas de energía eléctrica, tarifas especiales para el suministro de agua, la exención de impuestos a los sellos tras la aprobación de proyectos, la exención de impuestos a los ingresos brutos y el reembolso de hasta el 30% de las inversiones efectuadas en activos fijos, obras civiles y capital de trabajo relacionados con la actividad objeto de inversión. Cabe destacar que este reembolso tenía en 2021 un límite de $15.000.000 por proyecto.
Parques industriales: En la provincia de Chaco, existen 13 parques industriales, de los cuales 3 son administrados por la provincia, 1 por gestión privada y los restantes por distintas municipalidades (por un estudio pormenorizado, ver Agostini et al, 2019 y Torrente y Quirelli, 2012). La provincia ofrece un régimen de promoción industrial que cuenta con beneficios específicos para empresas en parques. Estas políticas atrajeron alrededor de 250 emprendimientos industriales (estas representan el 40% de las actuales 625 empresas industriales en el Chaco).
Polos tecnológicos: Hace 15 años se creó el Polo Tecnológico, impulsado por actores del sector privado en colaboración con entre el gobierno provincial y entidades académicas con el propósito de fomentar el crecimiento, la innovación y la competitividad de determinadas industrias, en particular, en el ámbito de la tecnología de la información (IT) y la manufactura. Actualmente el aglomerado cuenta con la participación de 35 empresas asociadas y ha contribuido a la creación de 750 empleos registrados en su área de influencia. Es importante señalar que, en muchas ocasiones, desempeña el rol de una cámara empresarial, dado que está conformado por empresas que mantienen estrechos lazos con entidades gubernamentales, instituciones académicas y otras organizaciones.
Promociones especiales al sector textil: La creación en 2015 de la Subsecretaría del Algodón ha sido fundamental para promover el desarrollo de la industria textil en la región, fomentando la constitución de eslabones industriales y respaldando la inversión en empresas hilanderas. Más allá de los programas destinados a pequeñas y medianas empresas, empresas de mayor escala como la brasileña “Santana Textil” han sido atraídas por tratamientos especiales, como la cesión de un predio y otorgamiento de créditos para ampliaciones vía Fiduciaria del Norte y Nuevo Banco del Chaco.
Programas de empleo: El problema que abordan estos programas se centra en el costo inicial asociado con la contratación de un/a nuevo/a empleado/a hasta que adquiera las habilidades necesarias para aumentar su productividad a niveles deseados por el empresario. Entre las políticas públicas provinciales que favorecen a la contratación y reducen la carga empresarial de los costos de mano de obra se destacan “Empleo conocimiento en Chaco”, “Más empleo en Chaco”, “ Empleo juvenil Chaco”, “Empleo en Call Centers en Chaco”. Estas incluyen beneficios como montos abonados directamente al trabajador o compartir parte del costo salarial de las empresas con la provincia.
El fomento de la riqueza visto en el presupuesto provincial
El Estado es una máquina redistributiva, que con su accionar dirige beneficios en uno u otro sentido. En el caso que nos interesa, nos enfocamos en el presupuesto de la provincia del Chaco, omitiendo consideraciones respecto de operatorias similares determinadas a nivel nacional pero con impacto en el territorio provincial, así como beneficios que pudieran otorgar los municipios que componen la provincia. Este recorte metodológico es entonces una estimación de mínima de beneficios fiscales que recibe el empresariado en Chaco. En esta sección revisamos el peso de diversos mecanismos de incentivo a la riqueza que están en el presupuesto. Entre ellas, vamos a recuperar cuatro grandes elementos, a saber: los gastos tributarios, la obra pública, los servicios de la deuda y la subvaluación inmobiliaria.
Las distintas políticas de fomento impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Chaco implican el cómputo de gastos tributarios en las partidas presupuestarias provinciales. El término “gastos tributarios” se atribuye al monto de ingresos que el fisco deja de percibir por conceder un tratamiento impositivo diferenciado del establecido con carácter general en la legislación tributaria. Este gasto deriva de tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y de los beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica y tiene el objetivo de beneficiar, incentivar o impulsar determinadas actividades productivas o consumos. Las políticas públicas que implican gastos tributarios se guían, teóricamente, por fines de desarrollo. Sin embargo, son en rigor privilegios fiscales obtenidos por una parte del empresariado, tal como explicamos antes. Los sistemas tributarios con estas heterogeneidades de tratamientos son costosos, implican riesgos de generar comportamientos rentísticos y pueden generar redistribuciones no contempladas al momento de evaluar los efectos de la política pública (Ferrero, 2019).
Entre 2017 y 2019, los gastos tributarios ascendían a un poco más del 6% de los recursos tributarios propios de la provincia. Este es el peso de la pérdida de recaudación que podría haberse destinado a otros usos. De hecho, en 2019 la provincia operó con un déficit fiscal de 345 millones de pesos: de haber eliminado o reducido los gastos tributarios, podría haber operado con superávit. El gráfico 1 muestra que desde entonces mostró una caída tendencial, hasta alcanzar el 4% de los recursos propios proyectados para 2024 según lo proyectado en el presupuesto. En cuanto a su composición, la fracción del gasto tributario que corresponde a normas de impuestos que establecen alícuotas reducidas o exenciones ascendía al 4% de los recursos tributarios propios en 2017 y se redujo a 2,6% en 2024. El restante correspondiente a regímenes de promoción económica era de 2,3% de los recursos tributarios propios en 2017 y para 2024 se ubicó en 1,3%.
Gráfico 1. Gastos tributarios (Composición) como porcentaje de recursos tributarios provinciales (período 2017-2024)
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura
Estos gastos sólo representan una fracción pequeña de los esfuerzos en materia presupuestaria que realiza la provincia en pos de incentivar actividades económicas. Otras categorías de gastos implican mayores pesos en el presupuesto provincial y también influyen sobre el fomento de riqueza privada, tal como las inversiones reales directas que realiza el gobierno provincial, en particular la obra pública. Esta implica la compra de insumos y contratación de empresas del sector de la construcción en especial, aunque también se contratan otros servicios profesionales asociados. El impacto que tiene en términos de movilizar la actividad económica y el empleo, puede arrastrar también la inversión privada, en la medida en que mejora la eficiencia agregada de la economía provincial. Más allá del destino de la obra pública y sus beneficiarios finales (no sólo empresas sino también hogares), el proceso de contratación sirve para movilizar la economía y acompañar la creación de riqueza en los sectores asociados.
En 2020, el año de menor gasto en obra pública, este rubro implicaba 9 veces los gastos tributarios totales. La relación se amplía todos los demás años. En términos absolutos, a valor constante, este gasto cayó entre 2017 y 2020 para crecer desde entonces, alcanzando un máximo en 2023. Este aumento en gastos de capital deriva de una reorientación en la estructura de gastos. Según datos del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia, mientras que en 2019 los gastos destinados a la obra pública estaban cerca de sus niveles mínimos, aquellos gastos destinados al pago de intereses se encontraban en sus niveles máximos. El gráfico 2 muestra las cifras de gastos como porcentaje de los recursos tributarios de origen provincial[1].
Gráfico 2. Principales rubros del gasto provincial destinado a crear riqueza, como proporción de los recursos tributarios provinciales, Chaco (2017-2024)
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura
Durante el ejercicio presupuestario 2019, los gastos en pago de intereses tuvieron mayor peso que los gastos destinados a la obra pública, alcanzando casi un 60% de los recursos tributarios provinciales. Existe una suerte de movimiento de pinzas, donde los gastos en pagos de intereses crecen desplazando a la obra pública entre 2017 y 2019, y posteriormente se reducen, comenzando a crecer nuevamente la obra pública. Los beneficiarios de cada caso cambian: mientras que a través de la obra pública las empresas vinculadas aumentan la producción y contratan empleo local, los pagos de intereses benefician a los acreedores privados, algunos de los cuales pueden residir en la provincia, pero sin ulteriores impactos de encadenamientos.
A partir de la reestructuración de pasivos ocurrida en junio de 2021 (Cantamutto et. al., 2023) se ha logrado que dicho el rubro de gastos destinado al pago de intereses se ubique por debajo del 15% de los recursos tributarios propios, lo cual junto con la reducción de gastos tributarios mencionada anteriormente han permitido la generación de los espacios fiscales que hicieron factible el notable incremento de la inversión pública de la provincia que se observa desde 2021 sin incurrir en déficits (ni primarios ni financieros) en el presupuesto.
Esta covariación de los componentes de gastos en el tiempo refleja un cambio de prioridades en el presupuesto, utilizando la obra pública como el factor dinamizador de la economía local, generando un desplazamiento relativo sobre los pagos de intereses y también sobre los gastos tributarios.
El último aspecto de la política presupuestaria a analizar se refiere a la subvaluación inmobiliaria. El impuesto inmobiliario es un tributo que potencialmente puede dotar de mayor progresividad al sistema tributario puesto que grava una manifestación de riqueza que tiende a acumularse intergeneracionalmente. Su eficacia progresiva depende de la valuación fiscal y en qué medida esta representa la capacidad contributiva del propietario. La tarea de las valuaciones fiscales recaen sobre los municipios por la ventajas que ofrecen la descentralización del tributo (Norregaard, 1997).
El valor real se refiere al valor de mercado al cual se comercializan los inmuebles. En contraste, el valor fiscal se determina mediante estándares establecidos por las municipalidades, que incluyen la ubicación del inmueble, la extensión del terreno y los metros cuadrados construidos.
En la última Ordenanza General Impositiva publicada por la Municipalidad de Resistencia en el año 2022 se presentan 14 escalas de valuaciones fiscales que impactan en los impuestos de los hogares (Ordenanza N.º 13761/21) . Estas escalas varían desde $200.000 en el primer escalón hasta una escala que oscila entre $4.000.000 y $6.000.000 en la anteúltima posición. Estos montos se pueden contrastar con el costo de construcción del metro cuadrado, que supera los $250.000 en septiembre de 2023. En otras palabras, la valuación fiscal de una vivienda en el primer escalón de la escala es, en términos reales, menor que el costo de construcción de un metro cuadrado. Además, en la anteúltima escala, donde se espera encontrar hogares con terrenos más grandes, mejor ubicados y mayor extensión de construcción, el valor fiscal está por debajo del precio de construcción de escasos 24 metros cuadrados -para ser de las viviendas más caras de la escala-. Estas comparaciones nos permiten dimensionar el nivel de subvaluación fiscal que muestran los inmuebles, que se acrecienta con el tamaño relativo de los mismos. Al ser esta la base de valuación sobre la cual se calculan las tasas municipales y provinciales, no extraña que su impacto sea ínfimo. Esto compone un fuerte subsidio a quienes mayor patrimonio tienen, restando eficacia progresiva al tributo, puesto que tienen menor carga contributiva quienes tienen más capacidad de aportar.
Conclusiones.
La riqueza, a menudo relegada a un segundo plano frente a la atención pública centrada en la pobreza, revela una conexión intrínseca con la acción del Estado. En este análisis, hemos explorado las complejidades asociadas con el estudio de la riqueza en la provincia del Chaco y observado que la dinámica de acumulación de riqueza se entrelaza con la intervención estatal en tres dimensiones: la evasión fiscal y los subsidios a las grandes empresas, el papel del gasto público favorecedor de la acumulación privilegiada y la situación fiscal del estado que recurre a la emisión de deuda, beneficiando así a las mismas fortunas que se benefician por medio del presupuesto público.
La distribución asimétrica de la riqueza se refleja en las políticas fiscales de la provincia. Los gastos tributarios, que representan una pérdida significativa en los ingresos del estado, el manejo de la obra pública que se considera un factor crucial para la economía local, la subvaluación inmobiliaria como un componente importante del presupuesto que frente a la discrepancia entre la valuación fiscal y el costo real de la construcción crea un subsidio para aquellos de mayor patrimonio, son ejemplos de la interacción entre el estado y los sectores de mayor riqueza en la provincia.
Los resultados de este trabajo revelan entonces que la riqueza no puede ser entendida como resultado de acciones individuales sino más bien como un fenómeno social ligado intrínsecamente a la acción estatal. Este fenómeno de creación de poder no se limita a la esfera económica sino también a la formación de áreas de influencia en sectores específicos como la agricultura, la industria forestal y particularmente en la provincia, en la cadena textil.
Este trabajo destaca la importancia de reformular la percepción de la realidad social, reconociendo la influencia de las grandes fortunas en la configuración económica y política de la provincia para lograr un entendimiento sobre estas dinámicas que permita la adopción de medidas que construyan bases más equitativas para el desarrollo económico y social del Chaco.
Referencias
- Agostini, S.; Miranda, G.; Ossola, I.; Pérez, M.; Lescano, R. y Tomasella, Y. (2019), Desafíos y controversias de las políticas públicas para el desarrollo productivo del Chaco. El caso de rotación de Arroz-Pacú, Resistencia, Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Alegre, M. I. (2019) Una aproximación a los parques industriales y su rol en el presente contexto de desindustrialización. TRANSICIONES, 50.
- Bonavida, C.; Borda, L.; Mauriño, M.; Monzón, C. y Moser, L. (2017), La cadena de valor textil en Chaco, Condicionantes estructurales, Resistencia, Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Cantamutto, F.; Blundetto, A.; Miranda, G. y Flores, M. (2023), La deuda pública de la provincia del Chaco. Un análisis de su evolución reciente. Resistencia, Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Ferrero, L. (2019). Régimen fiscal y desempeño regional. CONES-Chaco. Disponible en: https://coneschaco.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/rgimen-fiscal-en-relaciones-centroperiferia-parte-i.pdf
- De Rosa, M. (2016.). Distribución de la riqueza en Uruguay : una aproximación por el método de capitalización. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República (Uruguay).
- Gorenstein, S. (org.) (2012), ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino, Buenos Aires, Miño y Dávila.
- Heredia, M.; Alegre, M.; Balviano, R.; Mauriño, M.; Ossola, I. y Pérez, M. (2017), Sojización del Chaco, Estado del conocimiento, Resistencia, Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- López Iglesias, L.; Lorenzin, A.; Massi, B.; Meza, S. y Amarilla, S. (2022), Análisis de la estructura del sector agrícola chaqueño, Resistencia, Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Miliband, R. (1970). El Estado en la sociedad capitalista, México, Siglo XXI.
- Municipalidad de Resistencia. (2021). Ordenanza N.º 13761. Resistencia, 28 de diciembre de 2021. ANEXO II – Ordenanza General Impositiva.
- Nercesian, I., Robles-Rivera, F. y Serna, M. (Eds.). (2023). Las tramas del poder en América Latina: élites y privilegios, CABA, CLACSO / Ediciones IIS.
- Norregaard, J. (1997). “Tax Assignment”, en Fiscal federalism in theory and practice. International Monetary Fund.
- Schorr, M., Miranda, G., Morales, J., Pérez, M., López, M., Alvarado, J. M., Gevaerd, P. y Prieto, P. (2020). Estructura productiva del Chaco y su impacto en la distribución del ingreso. Resistencia, Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Schorr, M. (2021). El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días, CABA, Siglo XXI.
- Svampa, M. (2005). La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus.
- Torrente, D., & Quirelli, O. (2012). Análisis del fondo para el desarrollo del empleo industrial de la Provincia del Chaco. Revista De La Facultad De Ciencias Económicas, (8), 125–145. Universidad Nacional del Nordeste.
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[1] La obra pública en la provincia tiene un importante componente de financiamiento con recursos nacionales, lo cual explica que en varios años supere el 100% de la recaudación propia.