Dossier
Política Argentina Contemporánea en clave de género
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La presente sección está conformada por artículos originales, elaborados a partir de una selección de monografías presentadas para el seminario Política Argentina Contemporánea, de la Maestría en Gobierno y Economía Política de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco. Dado que el dictado de la asignatura estuvo a mi cargo (tarea que compartí con la Mg. Eliana Persky), creo necesario señalar que el curso mostró una excepcional disposición al trabajo y al debate, en donde la pluralidad de disciplinas de base e intereses profesionales contribuyó a complejizar y profundizar nuestras perspectivas sobre la política argentina (y reitero, nuestras perspectivas, porque los docentes nos enriquecimos de ese intercambio).
Tratándose de un curso de maestría, en el que profesionales de diferentes áreas se encuentran en proceso de elaboración de tesis, los trabajos presentados se fundamentaban tanto en la discusión de teorías y conceptos como en un intenso trabajo de relevamiento y sistematización de evidencia empírica. Ofrecer nuevas perspectivas sobre problemas sociales y políticos relevantes, sobre la base de la recopilación de datos primarios, constituye un aporte fundamental tanto para el desarrollo de las ciencias sociales como para la elaboración diagnósticos y soluciones innovadoras a los problemas de nuestro tiempo. Se trata de tareas irrenunciables para las instituciones educativas, los profesionales y los académicos en cualquier parte del mundo, y especialmente en países que enfrentan desafíos para el desarrollo como la Argentina.
Volviendo a la presente sección, se trata de artículos seleccionados por su sobresaliente calidad, de un grupo de escritos plural en relación a sus temáticas, perspectivas y posiciones intelectuales.
El primero de ellos, escrito por la Abogada Mariana Gómez1, analiza la evolución de las organizaciones de empresas recuperadas, fenómeno emergente en la crisis argentina de 2001. Además de reconstruir el fenómeno y de advertir la articulación entre problemática laboral, movilización colectiva y recurso judicial, que caracteriza a la experiencia de los trabajadores de las empresas recuperadas, el trabajo se detiene en el proceso más general de desestructuración y reestructuración del lazo representativo, cuestión a atender no sólo para revisar nuestro pasado sino también para leer nuestro presente.
Los otros dos trabajos, escritos por la Lic. Rafaela Lescano2 y la Cra. Marina Soledad Valek3, se ocupan de un tema de amplia discusión en la política y la academia contemporáneas: la relación entre igualdad de género y democracia representativa, abordada desde el acceso de mujeres a altos cargos electivos y de gobierno. Mientras que el trabajo de Valek ofrece un estado del arte sobre la paridad de género en los cuerpos parlamentarios en la Argentina, el trabajo de Lescano se orienta a analizar la presencia de mujeres en los gabinetes chaqueños, distinguiendo el impacto inclusivo de las estrategias políticas (en particular del peronismo provincial) y de las reformas electorales.
Esperamos que los lectores encuentren interesantes los hallazgos de estas investigaciones, y les permitan pensar nuevos interrogantes para comprender nuestra política contemporánea.
Sebastián Mauro4
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Las características de los movimientos de empresas recuperadas en relación con la incidencia parlamentaria, la judicialización de derechos y el vínculo de representación política.
Mariana A. N. Gómez
Introducción.
En este artículo intentaré precisar las características de los movimientos de empresas recuperadas en relación con la incidencia parlamentaria, la judicialización de derechos y el vínculo de representación política. Para ello abordaré el nacimiento y auge de los movimientos de empresas recuperadas, sus divisiones internas y diferencias con otros movimientos sociales. El análisis partirá brevemente desde el inicio de las reformas estructurales del neoliberalismo en Argentina pasando por los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, esbozar algunas reflexiones sobre este fenómeno y proceso.
En primer lugar, las empresas recuperadas se definen como un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa anterior, que funcionaba bajo el molde de una empresa capitalista tradicional (inclusive, en algunos casos, bajo formas legales cooperativas) y cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus trabajadores a una lucha por su puesta en marcha bajo formas autogestionarias (Ruggeri, 2014, pág. 18).
El rótulo de empresa recuperada no existía antes de 2001 en Argentina ni en ningún otro país del mundo pero esto no implica que hayan surgido por primer vez en diciembre de ese año. Existieron numerosas experiencias autogestivas en Europa a comienzos del capitalismo industrial y en el país en los años noventa e inclusive antes aunque sin lograr un progreso considerable.
Ahora bien, para comprender el surgimiento de los movimientos de empresas recuperadas es necesario remontarnos al lapso comprendido entre abril de 1991 y diciembre de 2001 cuando imperó en Argentina la convertibilidad, un sistema de tipo de cambio fijo con caja de conversión que implicó que el Banco Central únicamente podía emitir moneda en función de las existencias de reservas, respondiendo a la demanda al valor fijado de $1 por US$ 1 por imperio de ley.
La convertibilidad en el país fue una manifestación contundente y concreta de los efectos del neoliberalismo que cobró vigor a nivel mundial desde la crisis de los setenta en países productores y exportadores de materias primas o industrializados generadores de productos de bajo valor, con regímenes dictatoriales y posteriormente en países de tinte conservador.
El neoliberalismo generó cambios profundos en estos países y en América Latina que consistieron en: a) la eliminación de restricciones al movimiento de capitales que fueron desde la extinción de los controles de capitales que ingresaban o salían hasta el trato igualitario o privilegiado al capital extranjero; b) la reglamentación discrecional de mercados que importaron prerrogativas y protección para algunos mercados y supresión de trabas para otros; c) la modificación de las funciones del Estado que subsidió y protegió con preferencia al capital antes que buscar la redistribución social a favor de los trabajadores. A esto se sumó una ola de privatizaciones que alejó al Estado de la producción y prestación de servicios; y c) la quita de trabas al comercio junto al desmantelamiento de la estructura de aranceles y el comienzo de procesos de integración regional. La apertura comercial que también significó la anulación de la diferencia entre los precios internos y los externos debido a la protección arancelaria fulminó a las pequeñas y medianas empresas hecho que se entrelazó con un mercado laboral desregulado y caracterizado por la contratación precaria, la flexibilización y el aumento de la intensidad del trabajo (Wainer & Cantamutto, 2013).
En Argentina todas estas reformas estructurales que acompañaron la convertibilidad provocaron aumento de la desocupación, deterioro de las condiciones laborales, pobreza, indigencia, exclusión social y concentración de la riqueza entre otros tantos efectos dolorosos para la población. Situación que se venía desarrollando entre los años 1976 y 1983 durante la dictadura cívico-militar que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional” (Bustos, 2021).
En este contexto, aparecieron en el país experiencias de autoorganización como trueques, asambleas vecinales, movimientos de desocupados, comedores, merenderos, ferias artesanales, emprendimientos de trabajo cooperativos, salas de asistencia médica y centros culturales.
A su vez, la falta de trabajo dinamitó la violencia y el peligro del funcionamiento de la democracia, generó desesperanzas que comprometieron seriamente la integridad de las personas y su núcleo familiar.
Como concecuencia, tuvieron lugar innumerables cierres de fuentes de trabajo bajo diversas formas como carteles en las puertas de las fábricas, procesos concursales y vaciamientos. Frente a este panorama los trabajadores y trabajadoras, la mayoría huérfanos de sus gremios históricos y decepcionados de la clase política, decidieron organizarse por la defensa de sus derechos. Trabajadores, desocupados, jubilados, estudiantes, docentes, vecinos y vecinas invadieron las calles al sonar de sus cacerolas y cantos al finalizar el 2001. Mientras la inactividad del Estado se volvió represión y muerte para muchos manifestantes.
Por aquellos momentos el Presidente Fernando de la Rúa renunció a su cargo el 21 de diciembre de 2.001 ante una crisis política, social y económica sin precedentes para el país.
En los albores de la organización fueron convocados diferentes emprendimientos de la economía solidaria pero ante el aumento y características propias del fenómeno, se diferenció y constituyó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. En los primeros años surgieron como protagonistas actores relacionados con la UOM Quilmes y la antigua oposición a la burocracia sindical de la UOM Capital, como Eduardo “Vasco” Murúa, también José Abelli, desde Santa Fe y Luis Caro que era un estudiante de abogacía, conectado al PJ Avellaneda y a la derecha católica (Ruggeri, 2014)
La FENCOOTER (Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de Empresas Reconvertidas) fue la primera organización de empresas recuperadas que se conformó, liderada por Daniel Flores, que pertenecía al frigorífico Yaguané. Durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde esta federación articuló por medio de una Unidad Ejecutora en el INAES pero desapareció al asumir Néstor Kirchner en 2003.
La FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo), con un radio de acción en la provincia de Buenos Aires, al principio no pudo nuclear a las empresas recuperadas pero años después lo consiguió debido a sus relaciones con el movimiento cooperativo y las fuentes de financiamiento oficiales. Fue el MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) el que agrupó en un principio a la gran mayoría de las unidades productivas.
Su actual presidente Eduardo “Vasco” Murúa destacó que la historia comenzó entre 1998-1999 en la Cooperativa IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argentina) cuando se convocó a varias cooperativas de diferentes rubros y respondieron entre otros los trabajadores gráficos de Campichuelo. Además, explicó que en un primer momento el nombre del agrupamiento era Movimiento Popular de Economía Social (MOPES) porque se comprendía a todo el sector pero durante todo el año 1.999 se realizaron más recuperaciones y para fines de ese mismo año se culminó con la conformación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) bajo la consigna: “OCUPAR-RESISTIR-PRODUCIR” (Bustos , 2021).
Ernesto “Lalo” Paret, miembro del MNER, explica que:
La histórica relación de dependencia genera un universo de identidad en la relación con el patrón. Frente a su quiebre y ante el vacío, esta nueva categoría podría desglosarse en:
- Ocupar: mi lugar de trabajo, mi fábrica, mi espacio cotidiano, mi casa, mi otra familia, mi lugar compartido con amigos y compañeros, toda mi vida aquí, mi nueva condición.
- Resistir: mi hambre y el de los demás, el no caer en el absoluto desempleo, el no ser ciruja, el no perder mi condición y mis beneficios, el abandono, a mi condición, a quedar en la calle, no ser piquetero.
- Producir: mi trabajo, mi sustento, una nueva realidad individual y colectiva, un presente y un futuro. (Bustos , 2021, pág. 90)
Estos son los pasos específicos que integran el proceso de recuperación de unidades productivas, constituyéndose en un elemento organizador real.
El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas hizo su presentación oficial el 7 de septiembre de 2.002, Día del Trabajador Metalúrgico, con la participación de más de 50 empresas recuperadas en la sede de la Baskonia, metalúrgica recuperada en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
La fecha elegida por el MNER fue de trascendental importancia para caracterizarlo política y económicamente: la mayoría de los miembros de las Empresas Recuperadas prefieren llamarse “trabajadores” antes que cooperativistas o autogestionados lo cual evidencia su identificación obrera.
La figura jurídica de cooperativa fue la elegida por las y los trabajadores que recuperaron empresas por ser la que mejor se ajustaba para efectuar la comercialización, la autogestión de sus miembros y el reparto equitativo de la renta.
Más de 50 empresas recuperadas estuvieron presentes en el encuentro de la Baskonia, tenían una identificación con el movimiento obrero y tres dirigentes fueron legitimados como referentes del MNER: Eduardo Murúa, Luis Caro y José Abelli.
Organizaciones de izquierda realizaron, de manera simultánea al acto de la Baskonia, un Encuentro Nacional de Fábricas Ocupadas y en Lucha, en el cual las importantes fábricas Brukman y Zanón proponían la estatización con control obrero.
Las divisiones en el MNER no tardaron en producirse. Luis Caro formó en enero de 2.003 el MNFRT (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores) que consideraba el lema de “Ocupar, Resistir y Producir” como una provocación a la ilegalidad y una evidencia de la ideología política izquierdista que no representaba a los trabajadores (Ruggeri, 2014)
En 2.006 José Abelli que nucleaba a la mayoría de las ERT de Santa Fe y Córdoba y algunas ERT de Capital encabezadas por el Hotel Bauen, más cooperativas de trabajo que no tenían origen en ERT, conformaron FACTA, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.
Desde 2.004 existía ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados) que estaba vinculada a la Central de Trabajadores Argentinos. En 2.008 ANTA y el MNER se acercaron y apoyaron ante un nuevo intento de desalojo de la cooperativa IMPA.
En 2.008 surgió la Unión de Cooperativas de Trabajo de la Argentina, donde se intentaba articular a cooperativas de trabajo de diferentes asociaciones además de las ERT, que logró una buena relación con el gobierno nacional a través del INAES.
En 2.009 FACTA, FECOOTRA, la Red Gráfica Cooperativa y otras federaciones de cooperativas de trabajo formaron la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), una organización que incluyó a las cooperativas del Programa Argentina Trabaja y en la que las ERT son una minoría.
En 2.007 la Red Gráfica Cooperativa reunió a varias ERT y a otras cooperativas del sector llegando a sumar a más de 30 cooperativas gráficas. Siguiendo este ejemplo aparecieron otras redes transversales que se organizaron por sectores productivos como la Red Metalúrgica, La Red Textil, la Federación de Productores de Alimentos (FOPAL), la Federacion de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines, que agrupa a los frigoríficos recuperados, entre otras.
Lo antes desarrollado conduce al análisis de Delamata (2013) para quien las acciones que reclaman derechos crecieron en aquellos años por las siguienes causas: a) la reforma constitucional de 1.994 que amplió derechos y mecanismos para su protección; y) las nuevas plataformas de apoyo constituidas por asociaciones civiles, abogados, académicos y jueces que se dedican al litigio de derechos y brindan a los reclamantes las habilidades profesionales y el tiempo para avanzar y continuar en las demandas.
El trabajo acordado con objetivos comunes de comunidades y grupos sociales junto a activistas y redes de activistas jurídicos es uno de los significados de la expresión “desde abajo”. La acción que despliegan estos actores sociales se iguala a la función que despliegan los “abogados de causas” en la literatura sobre plataformas de apoyo y movilización legal, que destaca la relación de estos profesionales con fines morales y políticos en la elección de los casos (Delamata , 2013)
Esto nos lleva a examinar las discrepancias entre los movimientos de empresas recuperadas y sus liderazgos.
Diferencias entre el MNFRT y el MNER.
El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT) reunió a las ERT que provenían de las fracturas de otros grupos y era conducido por Luis Caro quien por medio de su profesión de abogado y sus relaciones políticas brindaba a las empresas soluciones a los problemas judiciales y económicos dando consultorías, apoyo y acercando proveedores de trabajo a facón. Esta organización se proyectaba como la más eficiente por garantizar viabilidad a cambio de ciertas limitaciones impuestas a las capacidades autogestionarias de las ERT.
Si bien Caro llegó a configurarse como interlocutor entre el gobierno y los trabajadores durante la presidencia de Cristina Fernández, no influyó realmente en el funcionamiento y organización interna de las ERT sino que hizo un uso personal de su rol profesional y sus relaciones políticas, características antagónicas al liderazgo de Eduardo Murúa quien participaba junto a otros referentes del movimiento en las situaciones de conflicto y momentos decisivos para la recuperación lo cual creaba un fuerte vínculo de lealtad entre los trabajadores. La actuación del MNER fue significativa durante los años 2.003 y 2.004 ante un aumento de recuperaciones, se destacó por su gran capacidad para organizar la solidaridad y presionar a los poderes públicos a fin de conseguir la expropiación, subsidios y apoyos estatales pero careció de pericia para guiar a las empresas en la autogestión. Una vez que la unidad productiva era recuperada dejaba que los trabajadores solucionaran sus problemas y los asistía si lo solicitaban (Ruggeri, 2014).
Diferencias de los movimientos de empresas recuperadas con el movimiento piquetero.
No es una tarea sencilla caracterizar los movimientos de empresas recuperadas en comparación con otros que surgieron a partir de la crisis de 2.001 debido a que los primeros eran preexistentes y nacieron de la economía formal como un fenómeno socioeconómico con alta potencia para influir políticamente más allá del número.
Ruggeri (2014) plantea que las organizaciones de piqueteros, desde las vinculadas a redes de clientelismo como las más militantes, movilizaban a miles de personas que salían a la calle y se visibilizaban.. Las empresas recuperadas aparecían como conflictos obreros que aglutinaban a sus trabajadores en sus lugares de trabajo. Los piqueteros se manifestaban en protestas sociales contra los efectos del neoliberalismo y las empresas recuperadas desplegaban un mecanismo que se oponía al fenómeno económico de cierres de empresas y fábricas para mantener sus fuentes laborales.
La incidencia parlamentaria.
Los movimientos y grupos sociales revitalizaron y encauzaron el activismo por derechos, basados en el nuevo enfoque de la Constitución junto a los tratados internacionales, influyendo en los tribunales y en las legislaturas. Como afirma Delamata (2013):
“Denominaremos activismo constitucional al conjunto de prácticas sociales colectivas y voces expertas que se valen de principios y derechos constitucionales en debates públicos (institucionalmente acotados) para producir un cambio de políticas y/o impulsar un cambio social general que recoja las nuevas visiones”(pág. 159).
Pero el activismo de las empresas recuperadas no tuvo gran incidencia legal. En las legislaturas municipales y provinciales los legisladores tomaron las iniciativas de las empresas recuperadas en la medida que parecían próximas a su base de sustentación política. En el Congreso Nacional ninguna iniciativa dirigida a las ERT (empresas recuperadas por los trabajadores) fue aprobada. Los movimientos de empresas recuperadas fueron debilitándose con el transcurso de los años y con ellos la atención que se les brindó hasta llegar a la indiferencia.
Ruggeri (2014) explica que luego de recuperada la empresa los trabajadores forman una cooperativa y solicitan el reconocimiento de la continuidad laboral ante el juzgado en el cual se tramita la quiebra. Luego sigue el paso de obtener la expropiación mediante el despliegue de presión al poder político y los legisladores ante los jueces que priorizan la defensa de la propiedad privada por sobre el derecho al trabajo.
Las expropiaciones en su mayoría fueron temporarias, declaraban de utilidad pública el inmueble, la materia prima, la maquinaria o la marca según el caso. Fueron más habituales en la ciudad y provincia de Buenos Aires pero en el interior se tornaron difíciles porque las empresas recuperadas eran de menor número.
En 2.004 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que disponía la expropiación definitiva de 13 empresas recuperadas, con un plazo de gracia y un plazo de 20 años para que las cooperativas paguen el valor de la empresa tasado por el gobierno. La ley jamás fue reglamentada por lo cual todos los años la legislatura vota una prórroga del plazo para expropiar y el jefe de gobierno veta la ley.
Otra situación que ilustra la confusa situación legal que envuelve a las empresas recuperadas es la reforma de la ley de quiebras. Desde el 2.002 el MNER reclamaba su modificación, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la impulsó en 2.010 y fue aprobada por el Congreso Nacional en 2.011. La ley habilita una vía para que los jueces den continuidad a la actividad productiva en lugar del remate del establecimiento para pagar a los acreedores, y ceder la empresa a la cooperativa de trabajadores a cambio de sus créditos laborales.
Una vez más, se deja al juez el poder discrecional para aplicar esta ley. Desde su entrada en vigencia son muy pocos los casos en los cuales se aplicó y hasta detuvo las expropiaciones que se tornaron escasas. Los jueces han llegado a considerarlas inconstitucionales.
En este sentido, el Estado ignora los reclamos de las cooperativas y evita tomar una posición entre el derecho al trabajo y el derecho de propiedad privada o la seguridad jurídica que exigen los grupos económicos nacionales e internacionales. Por ello, se evidencia una débil incidencia parlamentaria lograda por los movimientos de empresas recuperadas.
La judicialización de derechos.
Los ciudadanos y las organizaciones que asumieron la misión de encabezar demandas hacia el Estado y litigios de interés público realizaron un uso estratégico de los tribunales de justicia y al mismo tiempo existieron tribunales con la capacidad para intervenir en estas causas y controlar las políticas públicas. Estos hechos configuraron lo que algunos autores denominaron el nuevo activismo judicial (Delamata , 2013).
En forma coincidente Bustos (2021) afirma que:
“La judicialización del conflicto se convierte en una alternativa para la promoción de derechos y para interpelar una acción política muchas veces dispar, ausente, tendenciosa. Así, la búsqueda de justicia a través de sentencias judiciales cobra una nueva significación, reubicando al Poder Judicial como instancia pública tan legitimada como el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo” (pág. 84)
Sin embargo, cuando las empresas recuperadas se constituyen en cooperativas de trabajo el proceso judicial es complejo porque están los acreedores de la quiebra como proveedores, clientes, bancos, el Estado (nacional, provincial y municipal), empresas de servicios públicos y los trabajadores a quienes se les deben salarios, indemnizaciones o aportes previsionales. Mientras tanto las cooperativas quedan con el usufructo de la empresa y la ocupan mediante la acción directa hasta obtener una ley de expropiación que generalmente es temporaria o un fallo judicial que les otorga la continuidad laboral. Lo cierto es que la propiedad de la empresa está en litigio y existe una lucha desigual entre la legitimidad de la ocupación del establecimiento por los trabajadores y la legislación vigente que rodea el juicio por el origen de la empresa capitalista preexistente.
En los hechos el Poder Judicial, desde su enfoque, ha negado la posibilidad de que los trabajadores reemplacen a los empresarios. En la minoría de los casos los jueces hicieron lugar a los planteos de los trabajadores en las causas que llevaban por quiebras de las empresas recuperadas. Ante estas circunstancias, los trabajadores desplegaron su capacidad de presión sobre los otros poderes del Estado.
Ruggeri (2014) menciona los casos de Fasinpat y Textiles Pigué como unos de los pocos que sortearon la incertidumbre de las leyes de expropiación mediante el actuar de la justicia. En el primero, la ex Zanón logró la ejecución por el gobierno de la provincia de Neuquén de la ley de expropiación por orden de sentencias judiciales y en 2.014, luego de 15 años de lucha, obtuvo la propiedad de la fábrica. En el segundo, la planta 6 de la ex Gatic, la justicia ordenó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires la escrituración de dicha planta a favor de la cooperativa en 2.011.
Lo expuesto me lleva a inferir que los movimientos de empresas recuperadas promovieron la judicialización de derechos pero los resultados satisfactorios sólo se obtuvieron en algunos casos.
El vínculo de representación política.
En base al estudio de Sebastián Mauro (2014) puedo considerar que los movimientos de empresas recuperadas cobraron auge durante el período de consolidación democrática y fragmentación de identidades políticas por una profunda crisis de representación de las organizaciones políticas incapaces de conducir y gestionar las múltiples expectativas y demandas sociales.
Los trabajadores de las empresas en conflicto ocupaban los establecimientos y reclamaban por sus fuentes de trabajo, el Estado desconocía estas situaciones y sólo aparecía para reprimir. Los sindicatos, salvo algunas excepciones, abandonaron a los trabajadores y estos no se sentían representados por las organizaciones del cooperativismo tradicional.
Las empresas recuperadas buscaron crear alguna estructura de representación frente a los poderes del Estado y lazos de solidaridad entre ellas. Así, adquirieron fuerza en sus capacidades de organización y presión sin objetivos muy claros a mediano y largo plazo. Estas fueron las causas de la fractura del vínculo representativo y la impugnación a las élites político-partidarias que describe Mauro (2014).
La debilidad del sistema político-institucional dio lugar al surgimiento de nuevos actores sociales como colectivos organizados, el movimiento piquetero, la continuidad del movimiento de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, redes de expertos y colectivos circunstanciales de damnificados que fueron impulsando asambleas.
El movimiento asambleario, de corta pero destacada influencia, organizó numerosas protestas en coordinación con el movimiento piquetero y otros sujetos que nacieron de la crisis económica como los ahorristas cuyos ahorros fueron incautados, el movimiento de empresas recuperadas y grupos de recolectores de residuos urbanos (Mauro, 2014).
Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación en 2.003 y en los primeros meses de su gestión adoptó políticas de fuerte impacto que buscaron incorporar la agenda de los movimientos sociales y las demandas ciudadanas.
Ruggeri (2014) resalta como muy incipientes las herramientas que se brindaron a las empresas recuperadas consistentes en programas de apoyo y financimiento por medio de bajos subsidios, créditos, beneficios y asesoramiento primero a través del Ministerio de Trabajo y el INAES, luego el Ministerio de Desarrollo Social.
Este primer período comprendido entre los años 2.003 y 2.008, coincidente con el gobierno de Néstor Kirchner, evitó la confrontación con los actores de las protestas e incorporó sus demandas y voceros a la agenda pública.
Un segundo período, comprendería desde 2.008 hasta 2.013, coincidente con los gobiernos de Cristina Fernández, se caracterizó por el enfrentamiento discursivo con sus actores e impulsó la movilización social en apoyo de las políticas públicas. La oposición “comunidad vs. interés particular o sectorial” pasó a constituirse en la oposición “pueblo vs. corporaciones”
Mauro (2014) sostiene que la estrategia kirchnerista reconstruyó el vínculo representativo incorporando a los movimientos y actores sociales que convivieron con buena parte de los tradicionales referentes y estructuras del Partido Justicialista y hasta en determinados momentos con gobernandores e intendentes opositores.
Sin embargo, como esgrime Ruggeri (2014) por limitaciones propias e intereses ajenos los trabajadores de las empresas recuperadas todavía no cuentan con una agenda política que favorezca su desarrollo y fortalecimiento.
Conclusiones.
El análisis de las características de los movimientos de empresas recuperadas permitió determinar que su incidencia parlamentaria fue escasa y la judicialización de derechos que promovió tuvo pocos resultados exitosos.
Si bien los movimientos de empresas recuperadas adquirieron vigor ante la fragmentación de las identidades políticas y la crisis de representación político-partidaria no llegaron a influir decisivamente en políticas públicas que tiendan a su consolidación como camino alternativo a la economía capitalista basado en el trabajo y la autogestión.
A pesar de no contar con la capacidad de presión que tenían en otros tiempos, las empresas recuperadas mantienen sus rasgos de resiliencia y adaptación a los diferentes contextos que enfrentan.
Aún cuando existe confusión sobre los organismos del ejecutivo que deben intervenir, las leyes que deben sancionarse y los procedimientos que deben seguir los jueces, lo único que queda claro es que los movimientos de empresas recuperadas por sus trabajadores no son un fenómeno pasajero. Ellos siguen luchando, en toda la extensión del territorio argentino, por ocupar, resistir y producir derechos.
Bibliografía
Bustos , G. A. (2021). Empresas recuperadas de Argentina: ocupar, resistir y producir derechos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. : CICCUS.
Delamata , G. (2013). Movimientos sociales, activismo constitucional y narrativa democrática en la Argentina contemporánea. Sociologías , 148-180.
Mauro, S. (2014). Representación política y movilización social en la Argentina postneoliberal (2003-2013). Política. Revista de Ciencia Política. , 171-193.
Ruggeri, A. (2014). ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Continente.
Wainer, A., & Cantamutto, F. (2013). Economía política de la convertibilidad: disputa de intereses y cambio de régimen. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.
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Participación de mujeres en cargos ejecutivos subnacionales. Revisión de los últimos 10 mandatos de gobierno chaqueño
Rafaela Lescano
Las discusiones en torno a la participación de las mujeres en política han tomado gran relevancia durante los últimos años, sin embargo aún existen muy pocos estudios a nivel subnacional. En este sentido, el objetivo del presente artículo es indagar en la designación de las mujeres en cargos ejecutivos de los gabinetes iniciales de los sucesivos gobiernos provinciales de Chaco, durante los últimos mandatos constitucionales (1983-2019), luego de la vuelta a la democracia hasta la actualidad. Para ello tomaré las tesis elaboradas por Lopreite (2019) sobre ¿Cuáles son los factores que explican la inclusión de las mujeres en puestos políticos subnacionales? y los aportes realizados por Paula Canelo (2019, 2020) sobre elites políticas del poder ejecutivo e intentaré problematizar sobre el caso chaqueño.
Particularmente Argentina, se encuentra por debajo del promedio de América Latina respecto al porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales de los últimos tres periodos de gobierno, no obstante es uno de los que más ha crecido en cuanto al acceso de mujeres a cargos en el ejecutivo durante este periodo (CEPAL, 2022).
Ahora bien, en materia del acceso de mujeres a la política, en Argentina existen dos hitos que se desarrollaron durante el siglo XX. El primero de ellos fue la ley de voto femenino (Ley N° 13.010) sancionada en 1947 y ejercida por primera vez en 1951. Si bien esta ley amplió el número de electores, no modificó ciertas conductas por parte de las élites partidarias, impidiendo que mujeres pudieran postularse como candidatas. De hecho, los porcentajes de participación femenina en espacios de representación eran muy escasos para quienes significaban la mitad del nuevo padrón electoral (Maidana y Perri, 2020).
El segundo hito se produjo en 1991, cuando se promulgó la Ley N° 24012 de cupo femenino a nivel nacional, que establecía que al menos un 30% de los candidatos debían ser mujeres y estar en proporciones con posibilidad de resultar electas, de lo contrario la lista no sería oficializada (Maidana y Perri, 2020).
A pesar de estos logros en el plano legislativo, otros espacios centrales del poder político continuaron mostrando un claro predominio masculino. Es el caso de los poderes judicial y ejecutivo, nacionales y subnacionales (Canelo, 2020).
Como primer país democrático del mundo en adoptar la cuota, la que se difundió rápidamente entre las provincias, Argentina ofrece una visión de largo plazo para estudiar la integración de las mujeres en la política legislativa y, por tanto, se hace relevante estudiar si esta incorporación se trasladó a otros ámbitos institucionales como el poder ejecutivo. Sobre todo en los cargos subnacionales ya que ejercen una influencia considerable sobre las políticas y la asignación presupuestaria (Canelo, 2020). Por lo tanto, las cuotas podrían tener un “efecto de aceleración” positivo en el acceso de las mujeres a los puestos políticos más importantes (Barnes, 2019).
Las leyes de cuota y de paridad son medidas sancionadas por el Estado para promover la participación política de las mujeres y democratizar las oportunidades de ejercer cargos de representación. Más específicamente, las cuotas y la paridad son producto de reformas electorales inclusivas de género que imponen criterios de igualdad en la selección de las candidaturas (Camiotti y Cogliano, 2019).
Más allá de este rasgo en común, ambas medidas se diferencian en sus fundamentos normativos y políticos, las cuotas exigen que se seleccionen candidatas mujeres, generalmente en proporciones mínimas. En cambio, la paridad propicia el equilibrio de género —y no ya un porcentaje mínimo de mujeres— como requisito de legitimidad democrática (Camiotti y Cogliano, 2019).
Ahora bien, en el caso de la provincia de Chaco promulgó su Ley de “cupo femenino” a principios del año 1993. Esta ley marcó el inicio de un ascenso progresivo de mujeres en el recinto legislativo provincial. Sin embargo, los estudios de caso muestran que las instituciones partidarias fueron reticentes a la incorporación del cupo, tanto en términos intrapartidarios como legislativos, llegando a tergiversar el objetivo de la norma (Archenti y Tula, 2008, 2014; Ferro, 2005 en Maidana y Perri 2022).
Dos décadas más tarde, en la región comienza el tránsito desde el modelo inicial de cuotas mínimas hacia la paridad, que establece un criterio de equivalencia numérica de mujeres y hombres en el acceso a las candidaturas para los cargos de elección popular (Camiotti y Cogliano, 2019).
En 2018 se sanciona la Ley Modificatoria Nro. 2923-Q de paridad de género en el régimen electoral; la cual aumenta el porcentaje de cupo mínimo a un 50%, que será aplicada por primera vez en las elecciones de 2019.
Estos dos hitos mencionados, tanto la sanción de la ley de cupo en el 1993, como la ley de paridad de género sancionada en el 2018 en la provincia pueden observarse en el comportamiento que se muestra el siguiente gráfico de la composición histórica de las distintas cohortes legislativas desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad.
Gráfico I. Composición de las cohortes legislativas entre los años 1983-2019, según sexo.
Fuente: Elaboración propia en base a actas de pronunciación de diputados del poder legislativo provincial.
La designación de mujeres en los ministerios/secretarías de la provincia de Chaco (1983-2019)
En varios países de América Latina, como Bolivia y Chile, se ha adoptado recientemente la práctica de establecer gabinetes de paridad, donde se nombra a mujeres y hombres en proporciones iguales. Sin embargo, en la mayoría de las naciones de la región, la presencia de mujeres en los gabinetes ejecutivos sigue siendo limitada, representando sólo una fracción pequeña de los roles ministeriales (Lopreite, 2019).
Una teoría inicial de la literatura tradicional sugiere que el incremento en el número de mujeres parlamentarias tiene un impacto en la cantidad de candidatas disponibles para ser designadas en puestos de gabinete. La experiencia en posiciones electivas, como en el ámbito legislativo, podría ser uno de los principales criterios para recibir nombramientos en el gabinete (Lopreite, 2019). Sin embargo, aclara la autora que en países con gobiernos presidencialistas el reclutamiento para cargos ejecutivos no proviene directamente del congreso como en los parlamentarios.
Por lo cual resulta interesante retomar su planteo respecto a la idea de que la presencia sostenida de mujeres en política aumenta la posibilidad de obtener nombramientos en cargos ejecutivos, esto en relación con la dimensión simbólica de la representación. Señalando que el desempeño de mujeres pioneras y referentes de la participación femenina en la política es un factor relevante (Lopreite, 2019).
Viene a cuento que en la provincia de Chaco, en 2019 por primera vez en su historia fue electa para el cargo de vicegobernadora una mujer, la cual ha abanderado su carrera política con la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.
Presencia de mujeres en los gabinetes iniciales de Chaco
De acuerdo al objetivo propuesto, tomé los informes realizados por la Escuela de Gobierno de Chaco (2015; 2019) donde se reconstruyen las configuraciones de todos los gabinetes provinciales iniciales (ministros y secretarios equiparables en rango) desde 1983 hasta 2019, individualizando quienes fueran designados en dichas posiciones a comienzos de cada periodo de gobierno. En total se han identificado 124 cargos (posiciones) correspondiente al acumulado histórico de las 10 gobernaciones.
Asimismo, se evidencia una marcada ausencia de la participación femenina (el promedio corresponde a 1 mujer cada 10 miembros durante el periodo 1983-2015. Exceptuando el gabinete inicial de 2019 donde las mujeres ocuparon 8 puestos de 13 en la composición del gabinete inicial.
Pero sin duda uno de los rasgos más llamativos y persistentes a lo largo de todo el período es la baja o nula participación femenina en los gabinetes iniciales. El promedio histórico de participación femenina fue de 0.10, es decir que solo el 10% de todos los altos funcionarios de los gabinetes iniciales de la provincia fueron mujeres, en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional (Lopreite, 2019).
En cuanto a la distribución temporal, algunos gabinetes estuvieron conformados en su totalidad por hombres (Baroni, Tauguinas, Nikisch), mientras que el primer mandato de Capitanich es el que mayor participación femenina tiene (3 de cada 10 funcionarios eran mujeres). Luego de este gobierno su participación vuelve a disminuir progresivamente, para dar un salto en el último periodo de gobierno analizado -Capitanach y Rach Quiroga- duplicando esta relación para el periodo (6 de cada 10 funcionarios son mujeres).
Tabla I. Composición por género de los gabinetes iniciales de Chaco (1983-2019). En porcentajes.
Fuente: elaboración propia en base a Escuela de Gobierno de Chaco 2015; 2019.
Además, otro aspecto que resulta relevante es la baja participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía como los ministerios, de un total de 10 gestiones de gobierno las mujeres participaron solo en 4, de los cuales 3 fueron gobiernos peronistas, según Lopreite (2019) la ideología partidaria es uno de los aspectos que contribuye a aumentar la participación de mujeres en estos espacios, siendo los más tendientes a ello los gobiernos peronistas.
Por primera vez se supera el 50% de participación femenina en la última gestión del gobernador Coqui Capitanich. Particularmente, en 2019 por primera vez la fórmula de gobierno estuvo integrada por una Mujer, la vicegobernadora Analia Rach Quiroga y otra mujer -Maia Woelfin-, fue designada al cargo de Ministra de Economía; sin embargo un tiempo después (2021) la designa como Directora del Nuevo Banco de Chaco y el Ministerio queda a cargo de un varón -Santiago Perez Pons-. Un año más tarde, se efectúa otro cambio en el gabinete inicial, la Ministra de Educación Daniela Torrente será reemplazada por el Prof. Aldo Lineras en el cargo, lo que redujo la participación de mujeres en los ministerios a 3 de 8 de ellos.
Otro aspecto que se podría relacionar según la autora es el tamaño del gabinete como un factor de demanda para las mujeres. Sin embargo en el caso de la provincia de Chaco no se observa una relación directa con la mayor participación de mujeres en los gabinetes iniciales y el tamaño de los mismos (Gráfico N2).
Gráfico II. Tamaño y composición por género de los gabinetes iniciales de Chaco (1983-2019)
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de la Escuela de Gobierno de Chaco 2015 y 2019.
Generización de las carteras de gestión
A continuación se presenta el grado de generización de las dependencias en los gabinetes iniciales de la provincia, para los últimos 10 periodos constitucionales.
La literatura especializada sostiene que las diversas áreas de gestión en los gabinetes tienden a estar altamente generizadas, presentando perfiles de género diferenciados. Históricamente, se ha observado que las mujeres han ocupado predominantemente roles en las áreas sociales, como Desarrollo Social, Salud, Educación y Cultura. En contraste, las áreas con funciones más orientadas hacia lo económico, como Economía, Hacienda, Finanzas, Agricultura, entre otras, así como aquellas de índole política como Interior, Jefatura de Gabinete, Secretarías de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Defensa, etc., han estado tradicionalmente reservadas para los varones, creando así «techos de cristal» que limitan el avance de las mujeres en el poder ejecutivo (Canelo, 2019). Para el propósito de este análisis, adoptaré la categorización propuesta por la autora.
En el caso de los gabinetes chaqueños, se corroboran en ciertos aspectos las tendencias detectadas en los casos nacionales, ya que las carteras ocupadas por mujeres son con mayor frecuencia las de carácter social (Canelo y Castellani, 2017). Así pues, del total de mujeres que ocuparon cargos en ministerios y/o secretarias un 79% lo hicieron en carteras sociales como educación, salud, desarrollo social y derechos humanos por ejemplo.
Ahora bien, si miramos la distribución de carteras según género por cada uno de los gabinetes se evidencia casi en la totalidad de los casos que esta tendencia se mantiene, incluso en la última gestión se intensifica. No obstante existe también una mayor participación en las carteras económicas y político-institucionales por parte de este último periodo de gobierno en comparación con el resto.
Por otro lado, los únicos gobiernos que designaron a mujeres como responsables de carteras político institucionales fueron peronistas, como el caso de Tenev (1983) y el primer último gobierno de Capitanich (2007 y 2019). En el caso de los gobiernos que no lo fueron, sólo dos de ellos incorporaron mujeres a sus gabinetes (Rozas primer y segundo mandato) y siempre lo hicieron en áreas asociadas a tareas que son asignadas socialmente como responsabilidad de las mujeres tales como salud y educación.
Gráfico III. Porcentaje de funcionarias por carteras de gestión en los gabinetes con participación femenina
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Jerarquías Generizadas de los gabinetes de la provincia con presencia de mujeres durante el periodo analizado (1983-2019)
A la baja participación femenina se le agrega una menor proporción en cargos ministeriales: el 64% de las mujeres que componen la base ocuparon cargos de secretarias si nos enfocamos en los periodos entre 1983 y 2015. Pero si analizamos el periodo completo hasta 2019, está desciende a un 53%.
Como se podrá ver en los siguientes gráficos en la mayoría de los casos la participación femenina no alcanza a penetrar los puestos jerárquicos. Convirtiéndose estos en el “techo de cristal” de las mujeres que participan en política (Canelo, 2020).
Gráfico IV. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de F. Tenev ( 1983)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Gráfico V. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de Rozas ( 1995)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Gráfico VI. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de Rozas ( 1999)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Gráfico VII. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de Nikisch (2003)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Gráfico VIII. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de Capitanich (2007)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Gráfico IX. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de Peppo (2015)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Gráfico X. Tipo de cargo por género. Gabinete inicial de Capitanich (2019)
Fuente: Escuela de Gobierno de Chaco.
Algunas reflexiones
La evidencia empírica que se expone revela que, al examinar los gabinetes en la provincia de Chaco, la presencia de personal político femenino ha tendido a constituir una minoría. Además, se observa que estas mujeres tienden a estar relativamente ausentes en diversas áreas de gestión consideradas de gran importancia en cuanto a la toma de decisiones económicas y/o políticas. Asimismo, se destaca que su participación se inclina hacia ocupar predominantemente cargos jerárquicos de menor rango dentro de la estructura gubernamental.
No obstante, en estás tendencias se observan pequeñas variaciones que a priori tendrían que ver por un lado con la ideología política de los gobernadores, ya que se ha constatado que en la provincia de Chaco los gobernadores peronistas han sido más proclives a incorporar mujeres a sus gabinetes. Se puede apreciar que la proporción de mujeres en los gabinetes provinciales aumenta directamente con los años a partir de la inclusión de estas en las instituciones representativas (Lopreite, 2019). Por otro lado, es preciso destacar la importancia de la oferta en relación al mayor acceso de las mujeres a la legislatura que proporciona funcionarias idóneas para el cumplimiento de los cargos jerárquicos en el ejecutivo.
Por otra parte, los gabinetes de Tenev, Rozas, Peppo y Capitanich más allá de haber sido designados por funcionarios con notables diferencias en términos de orientación ideológica y política, mantuvieron un reclutamiento de género relativamente similar. Sólo el gabinete de Capitanich (2019) -cuya fórmula de gobierno la integra una mujer en el cargo de vicegobernadora-. revela una tendencia diferente, porque muestra el porcentaje más elevado de funcionarias en puestos jerárquicos por ende una orientación más clara y general hacia la paridad de género.
En tanto si se observan las diferentes áreas de gestión se confirma que, la presencia de las mujeres tendió a aumentar en todas ellas. Especialmente, en el último periodo analizado que corresponde al actual gobierno de Capitanich. Tendencia que va en línea con lo que aconteció a nivel nacional en el gobierno de Fernandez (Canelo, 2020) y tiene su correlato evidentemente inseparable de las luchas y conquistas del movimiento de mujeres en los últimos años.
En conclusión, el analisis de la composición de los gabinetes iniciales de la provincia de Chaco desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, según el sexo muestra una marcada generización en las áreas de gestión. Independientemente de las diversas orientaciones político-ideológicas de los máximos mandatarios, se destaca que, a lo largo de todo el periodo estudiado, las mujeres predominaron en el área social y fueron excluidas del ámbito económico-productivo. Esto evidencia la existencia de un claro «techo de cristal», el cual, en apariencia, comienza a resquebrajarse gradualmente hacia el último periodo. La evidencia respalda esta afirmación al mostrar que algunos gobiernos subnacionales, como es el caso de Chaco, se alinean con las tendencias a nivel nacional, especialmente desde 2019. Pues a partir de este periodo se observa un cambio en las dinámicas de reclutamiento de los gabinetes de gobierno, orientado hacia una mayor paridad en las ramas ejecutivas (Canelo, 2020).
Bibliografía
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Castelani, A. (2018). Estudio sociohistórico de los gabinetes provinciales. Escuela de Gobierno de Chaco. Recuperado de: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/Informe- gabinetes-pcia-de-chaco.pdf
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Canelo, P. (2022) Análisis del perfil sociológico de los legisladores y legisladoras de la provincia del chaco periodo 2007 – 2021. Escuela de Gobierno de Chaco.
Recuperado de: http://www.escueladegobierno.chaco.gov.ar/images/nuestras- publicaciones/analisis-de-perfil-de-legisladores.pdf
Camiotti M y Del Cogliano, N. (2019). El origen de la “primera generación” de reformas de paridad de género en América Latina. Revista de política y gobierno 26 (2), 205- 218.
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Maidana, F. y Perri, M. (2020) La postergación femenina: Participación política legislativa a nivel subnacional. Los casos de Entre Ríos y Santa Fe (1983-2022). Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral. Recuperado de: https://transparenciaelectoral.org/caoeste/la-postergacion-femenina-participacion-politica-legislativa-a-nivel-subnacional-los- casos-de-entre-rios-y-santa-fe-1983-2022/
Ossola, I y Tomasella, Y (2019). Análisis del perfil sociológico del gabinete inicial del chaco. Escuela de Gobierno de Chaco. Recuperado de: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/gabinete- chaco-2019.pdf
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Funcionamiento de la paridad de género en las candidaturas y cuerpo parlamentario en Argentina
Marina Soledad Valek
Introducción
Según el censo realizado en Argentina 2022, somos alrededor de 46 millones de argentinos de los cuales 51.76% son mujeres. Evidenciando la importancia en la representación de las mujeres en la política intentaré reflexionar sobre su representación en las candidaturas y cargos políticos, en conjunto a las leyes respectivas, los factores que explican su inclusión en puestos políticos, causas y efectos de sus candidaturas a nivel nacional y subnacional, entre otros (Barnes, Ciocci, y Lopreite; 2019).
La importancia de las mujeres en cargos políticos.
Mariana Caminotti (2014), junto con otros autores, describe en su libro “La Representación Imperfecta” la importancia de las normas con perspectiva de género, cuando explica que son las instituciones las que afectan decisivamente las carreras políticas, con base en la teoría de la ambición, para la cual, los políticos son actores racionales interesados en desarrollar carreras largas y exitosas, desplegando sus atributos individuales como el nivel educativo, convicciones ideológicas, la socialización política el acceso a redes de contactos, pero también, las aspiraciones y estrategias políticas están moldeadas por las estructuras de oportunidades e incentivos derivados del ambiente institucional.
Esta literatura politológica, raramente considera las barreras -a menudo informales- que establecen desventajas para las mujeres en el ámbito de la política institucional, proporcionando “filtros» para el desarrollo de carreras políticas. Es decir, no toman en cuenta la naturaleza «generizada» de las instituciones. Sin embargo, no todas las instituciones son desfavorables para las mujeres, ni lo son en igual medida. Inclusive, hay reglas institucionales diseñadas para compensar desigualdades de género e incentivar su desarrollo político. Entre las reglas orientadas a ampliar las oportunidades políticas de las mujeres, se encuentra la exigencia legal de nominar candidatas a cargos electivos conocidas como leyes de cuota (Caminotti, Rotman y Varetto; 2014).
De lo expuesto, se define en primer lugar a las cuotas de género, que son medidas de acción positiva que se basan en el concepto de igualdad real. Este concepto fue incorporado en una convención que tiene rango constitucional en Argentina. Desde esta lógica, las cuotas fueron pensadas como mecanismos temporales para la eliminación de barreras en los procesos de selección de candidaturas con el objetivo de aumentar la llegada de las mujeres a los ámbitos de decisión (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Ahora bien, en el contexto internacional de la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, se propuso la paridad como una meta regional para revertir la desigualdad estructural de las mujeres en todos los ámbitos, enmarcada como un principio democrático y un compromiso permanente del Estado con la igualdad de resultados. A su vez, establece la paridad y la igualdad sustantiva como los dos pilares de un Estado inclusivo, reconociendo la necesidad de promover “un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada” (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
La literatura relacionada con esta problemática, nos lleva a la idea de representación política, entendida como una forma sustantiva, entre representante-representado y el vínculo entre ellos. Visto desde la óptica de Hanna Pitkins, “representación significa actuar en interés de sus representados, de una manera sensible a ellos” (Pitkin, 1985). Esta definición “incluye la idea de que representar es hacer presente algo que de hecho no lo está, pero no solo a través de una identificación personal entre representante y representado, de una autorización, de la rendición de cuentas o del simbolismo, sino también a través de la representación de sus demandas y de sus intereses” (Martínez Rivas, Rafael. 2017). Es un concepto muy actual, íntimamente entrelazado con el tema en cuestión, ya que permite poner en discusión en qué medida las mujeres representan a las mujeres.
Así pues, la paridad no se plantea como un mecanismo temporal para subsanar la discriminación pasada, sino como un principio de representación y un compromiso permanente del Estado con la inclusión política (Caminotti, Rotman y Varetto; 2014).
Antecedentes normativos a nivel nacional y algunos ejemplos a nivel provincial.
Argentina lideró la adopción temprana de cuotas electorales de género, siendo el primer país en imponer la inclusión de mujeres en las listas de candidatos a cargos políticos, con la Ley 24.012 de «cupo femenino» en 1991, que requería un mínimo del 30% de mujeres en listas de candidatos nacionales (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Por otra parte, a nivel subnacional, la Provincia de Buenos Aires (PBA) sancionó la ley que explica el incremento de bancas legislativas femeninas en 1997; diecinueve años después, en 2016, PBA sancionó la Ley 14.848 de paridad de género. Esta norma exige que las listas de candidatos a senadores, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares incluyan un 50% de personas de cada género en forma alternada y secuencial por binomios (varón-mujer o mujer-varón). Así, junto con Chubut, Salta y Neuquén, Buenos Aires se sumó ese año a las provincias que adoptaron reglas de paridad más tempranamente, en los años 2000 que fueron Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero. La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.412 de paridad para candidaturas nacionales a fines de 2017 (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
En Chaco, la ley provincial 2923-Q llegó recién a fines del 2018. Al incrementar la participación femenina en el Congreso nacional y en las Legislaturas provinciales, las cuotas de género permitieron que muchas mujeres ganen experiencia política, visibilidad electoral y posicionamiento público (Caminotti, Rotman y Varetto, 2014).
Análisis del funcionamiento de las cuotas de género a nivel subnacional
En primer lugar, los gobiernos subnacionales constituyen un ámbito crucial para la competencia política y, por lo tanto, una arena relevante para las mujeres. En muchos regímenes federales, sus cargos ejecutivos subnacionales son más codiciados políticamente que los cargos legislativos (Barnes, Ciocci, y Lopreite, 2019). Para ver el impacto de las leyes a nivel subnacional y los efectos de las mismas en la actualidad se tomaron como ejemplos dos provincias: Chaco y Buenos Aires.
En junio de 2023 se eligieron los candidatos para disputar los cargos ejecutivos y legislativos en la provincia de Chaco, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2023). En un estudio reciente realizado por la Escuela de Gobierno de Chaco se observa que de las diez (10) listas en la categoría de gobernador y vice, en términos de participación paritaria, siete (7) de ellas incorporan mujeres en sus candidaturas. Resaltando que, en todas las listas, las mujeres están únicamente representadas en la categoría de vice gobernación. Este estudio remarca que, en cuanto a las precandidaturas del ejecutivo, la participación de las mujeres fue mayor a elecciones anteriores (aunque sin lograr romper el “techo de cristal” de la vice gobernación). Y, por otro lado, la extremadamente poca participación de mujeres encabezando listas de diputados. Esto último, nos podría dar pistas acerca de la dinámica de género manejada al interior de los partidos y coaliciones (Lescano y Massi, 2023).
A pesar de este desequilibrio en la representación de género en las candidaturas, la presencia de mujeres en las listas es un avance significativo hacia la paridad de género en la política como una señal de mayor acceso a la participación política (Lescano y Massi, 2023).
Además, otro elemento interesante a destacar aquí es el origen político partidario de las mismas. En este sentido, de las 10 listas al cargo del ejecutivo, 5 de ellas se presentaron candidatos que provienen o han formado parte en algún momento del partido justicialista, otras 2 se encuentran dentro de la principal coalición opositora Juntos por el cambio y 1 del Partido Obrero. Mientras que en línea con lo que está ocurriendo a nivel nacional, se presentaron por primera vez en la provincia 2 listas con una marcada ideología libertaria. (Lescano y Massi, 2023).
En cuanto a las candidaturas a diputados provinciales, se destaca también la fragmentación política que se constata en la emergencia de nuevos partidos/alianzas, en la presentación de un total de 24 listas, dentro de los cuales, los más reconocidos en la arena local, fueron el Frente Chaqueño que presentó un total de catorce (14) listas, en tanto que Juntos por el Cambio, presentó dos (2) listas en las PASO 2023 (Lescano y Massi -2023).
En relación a la participación política de las mujeres en las elecciones legislativas provinciales, se observa similar comportamiento respecto a las candidaturas de gobernador y vicegobernador. La mayoría de los primeros lugares en las listas de precandidatos para diputados también son ocupados por hombres. De este modo, el 83,3% de los precandidatos que encabezaron listas para competir por la candidatura a Diputado Provincial fueron varones y sólo cuatro mujeres (16,7%) ocupaban el primer lugar. (Lescano y Massi, 2023).
De lo expuesto y sabiendo que el poder ejecutivo provincial es responsable de administrar los recursos fiscales federales y que mantiene un alto grado de discreción sobre el gasto provincial. En general, el poder ejecutivo es la rama más prestigiosa y poderosa del gobierno (Barnes, Ciocci, y Lopreite; 2019). En Argentina, los gobernadores tienden a ser hombres. Sólo 5 mujeres ocuparon la gobernación desde el resurgimiento de la democracia. La mayoría de estas se destacan por tener relaciones de parentesco con familias o figuras políticas (típicamente, maridos gobernadores) y una estructura de carreras en la que predominan los cargos partidarios en la administración pública provincial y municipal (Lodola, 2017). Por ello es que no se debe dejar de resaltar, que el acceso de las mujeres a este poder es necesario para que ejerzan su influencia sobre los resultados de las políticas de manera más general, pero es fundamental para la representación sustantiva en cuestiones que influyen desproporcionadamente en las vidas de este segmento de la población y sobre todo, implementar políticas públicas socialmente relevantes que demandan cantidades sustantivas en los presupuestos (Barnes, Ciocci, y Lopreite – 2019).
En cuanto a los puestos ministeriales, actualmente en la provincia del Chaco, existen nueve (9) ministerios, de los cuales (4) son encabezados por mujeres, ellos son el Ministerio de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Salud Pública y Desarrollo Social. Pero las carteras más importantes que son el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura y el de Gobierno, están encabezados por varones. No solo las posiciones ministeriales son políticamente valiosas, sino que también dan influencia económica y política significativa a quienes ocupan esos cargos.
Ahora bien, la literatura en política de género, marca que la presencia sostenida de mujeres en política aumenta la posibilidad de obtener nombramientos en cargos ejecutivos, en el marco de la relación con la dimensión simbólica de la representación. En este sentido, ciertos autores señalan que el desempeño de mujeres pioneras —y referentes de la participación femenina en la política— es un factor relevante. Cuando ellas ocupan cargos políticos por un período de tiempo más prolongado, los ciudadanos se acostumbrarían más a que estas ocupen puestos importantes y, por lo tanto, tiene un efecto positivo sobre su presencia en labores de trascendencia para la toma de decisiones. Señalan que su efecto simbólico induciría un cambio positivo en la cultura, las normas y las actitudes hacia la representación de las mujeres en la política. La suposición es que esto podría aumentar no solo la oferta de mujeres calificadas en política, sino también la demanda de una mayor inclusión de estas en puestos de liderazgo. Por lo tanto, las cuotas podrían tener un “efecto de aceleración” positivo en el acceso de las mujeres a los puestos políticos más importantes (Barnes, Ciocci, y Lopreite; 2019).
Visto desde los componentes del lado de la oferta de las mujeres en estos cargos, se incluyen las motivaciones del candidato y el capital político, que están determinados por la experiencia política, los recursos financieros, la ocupación, las calificaciones educativas y las habilidades legislativas. La literatura convencional refiere al aumento del número de parlamentarias y su impacto en la cantidad de mujeres disponibles que pueden ser nombradas para cargos en el gabinete. Haber contado con puestos electivos —por ejemplo en la legislatura—, puede ser una de las principales calificaciones para obtener nombramientos en el gabinete. Puede resultar un mecanismo favorable en sistemas parlamentarios, donde los ministros son a menudo reclutados por el Congreso, por lo que el acceso de las mujeres alimenta directamente la disponibilidad de candidatas potenciales para el gabinete. Por el contrario, en los sistemas presidencialistas, los ministros no necesariamente son reclutados en la legislatura y, por tanto, el aumento de la representación de las mujeres en el Congreso no necesariamente incrementaría sus chances de ser designadas en cargos ministeriales. Esta misma situación se aplica a los gabinetes provinciales en Argentina, donde rige la separación de poderes (Barnes, Ciocci, y Lopreite; 2019).
Aun así, es evidente que las mujeres continúan estando excluidas de los puestos más importantes y prestigiosos dentro de las estructuras gubernamentales, sobre todo en los gabinetes y otros órganos de decisión en donde no existe un mecanismo de discriminación positiva. A pesar de acceder en números nunca antes vistos a las legislaturas, su presencia es escasa o nula en posiciones de liderazgo partidario, en los puestos más poderosos dentro de las legislaturas como la presidencia y vicepresidencia de comisiones legislativas y en posiciones de responsabilidad ejecutiva (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Asimismo, comparando con el análisis empírico realizado por Caminotti, Rotman y Varetto (2014) sobre los elencos del gobierno provincial de la Provincia de Buenos Aires entre 1983 a 2011, tampoco muestra avances en términos de igualdad de género. Únicamente hubo dos vicegobernadoras entre las siete fórmulas electas en el ejecutivo provincial y las mujeres que condujeron los ministerios apenas superan el 7% del total. Además, se destaca un sesgo temático. Más de la mitad de las ministras provinciales del periodo fueron titulares de la cartera educativa evidenciando una tendencia a incluir mujeres únicamente en esa área, culturalmente asociada con lo femenino (Caminotti, Rotman y Varetto; 2014). Recién en 2015 María Eugenia Vidal, llega como la primera mujer gobernadora a la PBA (y única hasta la actualidad).
En este sentido, sería interesante para próximas indagaciones examinar las respuestas de los partidos, tipificando sus comportamientos frente a la paridad, de acuerdo con tres categorías: (1) Cumplimiento sustantivo: expresa compromiso con los objetivos últimos de la legislación de paridad, promueve la igualdad de género y favorece la elección de más mujeres. Se observa cuando, por ejemplo, se designan mujeres para encabezar listas. (2) Cumplimiento minimalista: el partido se limita a cumplir las exigencias básicas impuestas por la legislación y no posiciona a mujeres más allá de lo que indica la norma, por ejemplo, en el encabezamiento de las listas. Esta conducta limita el impacto de la paridad sobre la elección de las mujeres. (3) Incumplimiento manifiesto: El partido no respeta la legislación. Esto es menos probable donde existen mecanismos para hacer cumplir la regla de oficio y sanciones efectivas por parte del Estado (Caminotti, Page y Cella; 2018). Para el caso de PBA, se demostró que la clasificación más frecuente fue el cumplimiento minimalista: el 80% de las listas de diputados y el 74% de las de senadores llevaron varones en el primer lugar, aunque algunas de las principales alianzas (Cambiemos, FIT y Unidad Ciudadana) ubicaron mujeres a la cabeza de algunas de sus listas (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Algunas reflexiones finales
Si bien el camino recorrido no es poco, y teniendo más de veinte años desde la aprobación de la ley de cuotas de género a nivel nacional, vemos que se han conseguido logros significativos; pero aún queda mucho por avanzar para lograr la igualdad e inclusión de las mujeres en la política. Por ejemplo, el acceso a cargos legislativos es notable, pero debemos superar el techo puesto al acceso a los cargos de tipo ejecutivos. Además, agregar el análisis de los patrones de carreras políticas de mujeres y hombres proporcionará más conocimiento sobre la segregación horizontal de género en las políticas públicas, así como la relevancia de los nombramientos específicos de estas para avanzar en las políticas de igualdad de género y otras políticas sociales relacionadas al cuidado de niños, licencias por maternidad y salud reproductiva, las que están descentralizadas a nivel provincial (Barnes, Ciocci, y Lopreite – 2019).
Se observa con las trayectorias de las personas que han pasado por el poder legislativo: en el caso de las mujeres, reeligen o logran alcanzar otro cargo al finalizar su mandato en mayor proporción que sus colegas hombres. En virtud de la evidencia disponible, y en el marco de una estructura de oportunidades que refleja procesos de desigualdad de género, las mujeres parecen ingresar con mayor facilidad a los ámbitos menos anhelados por los “políticos profesionales” y, al tener vedados los cargos ejecutivos que implican mayor poder de decisión y control de recursos, terminan especializándose en la labor parlamentaria (Caminotti, Rotman y Varetto; 2014).
La paridad ingresó en la agenda política en un contexto de movilizaciones contra la violencia de género que instalaron la cuestión de la igualdad y la no discriminación en el debate político y mediático. No debemos perder la continuidad del compromiso partidario, que resultará crucial para impedir retrocesos frente a situaciones inesperadas y cambios de contexto y donde los órganos jurisdiccionales aseguren los derechos políticos de las mujeres y acotar cada vez más el margen de maniobra de las dirigencias partidistas (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Una recomendación muy importante y sencilla a la vez es monitorear, sistematizar y difundir información sobre la participación política y electoral de las mujeres. La producción y la publicación periódica de información sobre el acceso de las mujeres a posiciones de poder político e institucional contribuirá a tomar decisiones que fortalezcan la ley de paridad, a detectar posibles maniobras de los partidos para eludir la regla o mitigar sus efectos, y a mantener la temática en la agenda pública partidistas.
Otra recomendación, es concientizar sobre la importancia y el sentido de la paridad de género en la política. Diseñar e implementar campañas de concientización y programas de educación cívica y ciudadana que posicionen a la paridad política en el debate público, y diseminen argumentos capaces de contrarrestar estereotipos y prejuicios sexistas (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Además, debe hacerse una mirada especial al interior de los partidos políticos, ya que debemos poner en lupa también el lugar de poder de estos actores, que son las cunas para impulsar las candidaturas. El lugar subordinado que las mujeres ocupan en los partidos, en los cargos electivos y en los lugares de alta responsabilidad en la política y en el sector privado, limita también sus posibilidades de acceder a recursos económicos para hacer política partidaria y electoral. Por eso, la experiencia comparada muestra una tendencia a establecer medidas vinculadas con el financiamiento para eliminar una de las principales fuentes de la desigualdad que afecta a las mujeres en la política. En algunos países de América Latina se exige a los partidos asignar parte de sus recursos para actividades de promoción de la participación de las mujeres (Brasil, México o Colombia). En Chile, un porcentaje de la financiación estatal a los partidos se distribuye en proporción al número de mujeres electas en el período. Fuera de la región, en Finlandia, por ejemplo, un porcentaje del presupuesto de cada bloque parlamentario se debe así ganar a la promoción, capacitación y apoyo técnico del ala femenina. En Irlanda, a los partidos que no alcanzan una proporción de mujeres electas se les recortan los subsidios (Caminotti, Page, Zárate y Bucciarelli; 2018).
Como conclusión se evidenció a la luz de los hechos, que las mujeres representan a las mujeres parcialmente, ya que, si bien se encuentran en la arena política, no se ubican en posiciones de poder de manera equitativa respecto a sus pares varones. Por tal motivo, se deben redoblar esfuerzos en permitir el acceso de ellas a cargos políticos, para garantizar un gobierno más inclusivo y representativo.
Bibliografía
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Caminotti, M., Page, M., Zárate, S., y Bucciarelli, M.E. (Febrero de 2018) ¿Una ley incómoda? La primera implementación de la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires. Documento de Políticas Públicas / Análisis N°201. Buenos Aires: CIPPEC. https://www.cippec.org/publicacion/una-ley-incomoda-la-primera-implementacion-de-la-paridad-en-la-provincia-de-buenos-aires/
Caminotti, Mariana; Rotman, Santiago y Varetto, Carlos. 2014. “La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas.” Capítulo 9: Desigualdades persistentes: una mirada a las carreras políticas antes y después de las cuotas de género (Argentina, 1983/2011).
Lescano, R y Massi, B. “Las PASO 2023 en Chaco. Breve análisis de las precandi daturas”.
Lodola, G. (2017). Reclutamiento político subnacional. Composición social y carreras políticas de los gobernadores en Argentina. Colombia Internacional, (91).
Martínez Rivas, Rafael. 2017. “El concepto de representación en la actualidad” Desafíos, vol. 29, núm. 2, Universidad del Rosario, Colombia.
Pitkin, Hanna. 1985. “El concepto de representación”, Centro de estudios constitucionales, Madrid. Capítulo 10: “La representación política”.
Caminotti, M., Page, M. y Cella, L. (junio de 2018). Sin barreras. La ley de paridad en los municipios bonaerenses. Documento de Políticas Públicas / Análisis N°204. Buenos Aires: CIPPEC.
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1Abogada. Escribana (UNNE). Profesora en Ciencias Jurídicas. Concejal mandato cumplido del Municipio de Barranqueras, Chaco. Maestrando en Gobierno y Economía Política (Escuela de Gobierno-UNSAM)
2Licenciada en Relaciones Laborales (Facultad de Ciencias Económicas UNNE). Investigadora en la Escuela de Gobierno de Chaco. Miembro del GID Juventud, educación y trabajo de la Facultad de Humanidades (UNNE). Maestrando en Gobierno y Economía Política (Escuela de Gobierno-UNSAM)
3Contadora Pública Nacional (UNNE). Ejercicio autónomo de la profesión en el sector Privado. Maestrando en Gobierno y Economía Política (Escuela de Gobierno-UNSAM)
4Licenciado en Ciencia Política. Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Se especializó en el estudio de las identidades políticas y sociales en la Argentina contemporánea. Actualmente es investigador Adjunto de CONICET y auxiliar docente en la Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Codirige e integra proyectos de investigación sobre sociología política, teoría política y política comparada.