Conversando con Ana Castellani

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Conversando con Ana Castellani


Por: Ayelén Flores
Tramas ana-castellani-1 Conversando con Ana Castellani  Revista Tramas

Conocí a Ana en el año 2018 durante el desarrollo de una investigación sobre la industria metalmecánica del Chaco, coordinada por ella y realizada en el marco de la Escuela de Gobierno de la provincia. Compartimos reuniones de equipo y tuve la suerte de participar de las clases y seminarios que dictó como docente de esta institución. En ese momento, ella se desempeñaba como investigadora del CONICET y como docente de grado y posgrado en diversas universidades nacionales. Ana es doctora en Ciencias Sociales, especializada en el estudio de las élites económicas argentinas, es magíster en Sociología Económica (Idaes-Unsam), licenciada y profesora en Sociología (UBA). Codirige el Observatorio de las Elites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM) y ha publicado en el país y el exterior numerosos trabajos sobre la relación entre Estado, élites económicas y desarrollo en la Argentina.

Nos volvimos a encontrar a mediados de junio a través de una videollamada, teniendo en cuenta no solo la distancia entre su casa en Buenos Aires y la mía en Chaco, sino también el hecho de que los encuentros virtuales constituyen la nueva normalidad en tiempos de pandemia y alistamiento obligatorio.

En esta oportunidad, Ana se encuentra ocupando un rol diferente. Desde los inicios de la campaña de Alberto Fernández apoyó su candidatura a través del grupo Callao y a partir de diciembre del 2019 se desempeña como parte del equipo de gobierno del presidente, más precisamente como Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

            Considerando su nuevo rol, estimé oportuno no solo incluir en nuestra conversación temas obligados de la agenda actual, como el teletrabajo y el rol del estado durante la pandemia, sino también enmarcarlos en temáticas que exceden a la coyuntura y que tratan sobre la planificación estratégica del trabajo en el sector público en relación al modelo de desarrollo y sobre las iniciativas que se piensan implementar desde su Secretaría en esa dirección.

En esta línea, y a fin de contextualizar la situación del empleo público nacional con anterioridad al aislamiento, me pareció prioritario comenzar la entrevista indagando acerca de su opinión respecto al impacto de la gestión de la Alianza Cambiemos en el empleo público nacional. Considerando que Mauricio Macri asumió la presidencia con la idea de reformar y modernizar el estado, me interesaba saber si efectivamente existieron mejorías en torno a la eficiencia de los procesos al interior de la Administración Pública Nacional, es decir, si esa voluntad modernizadora implicó algo más que la reducción del personal (41 mil bajas según el informe de final de gestión del ex presidente, 33.000 según los cálculos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público).

Para responder, Ana quiso profundizar en la percepción del gobierno de Macri en torno al estado en general y a la gestión de la fuerza de trabajo del sector público en particular. Explicó que “el gobierno anterior llegó con una mirada muy negativa del estado, partiendo de la idea de que la modernidad y la eficiencia están en el sector privado y no en el público. Este objetivo de reforma fue jerarquizado a través de la creación del Ministerio de Modernización, que concentró mucho poder y quedó a cargo de gente de mucha confianza del ex presidente. En esa dirección, a partir del discurso de la eficiencia y el ajuste del gasto, este ministerio se concentró en primer lugar, en la reducción de los recurso humanos, partiendo de la sospecha permanente sobre la capacidad y eficiencia de los trabajadores y sobre su adhesión política (lo que implicó maltratos en el trato cotidiano y situaciones de violencia laboral importante, según testimonios de los trabajadores). Lo llamativo es que se generaron pocos ajustes porque todo ese proceso tuvo como contrapartida el ensanchamiento los cargos de la alta dirección pública, lo que implicaba que aquello que el estado teóricamente se ahorraba con cuatro o cinco bajas de contratos de menor cuantía, después lo “gastaba” en el nombramiento de un director general, pero con la diferencia de que esa era gente propia; es así que hubo una redistribución regresiva, de agrandar arriba y achicar hacia la base de la administración pública.”

            Ana prosiguió con su explicación, comentando que otra práctica distintiva del gobierno de Mauricio Macri consistió en asociarse con consultoras privadas para que sean estas las que hagan la tarea de asesoramiento respecto a los análisis de procesos, de capacidades organizacionales, de gestión y evaluación, viéndolo siempre desde una única mirada que consiste en la incorporación de tecnología en la gestión pública. También añadió que esa práctica dio lugar a innumerables oportunidades de negocios, lo que ameritó la elevación por parte de su Secretaría, de toda la información a la SIGEN, la cual ha elaborado un informe y se ha iniciado una investigación incluso en algunos casos con denuncia judicial, sobre este pasaje de fondos.

Ahora bien, también quiso reconocer que esta tecnologización y por ende despapelización, era necesaria y fue positiva; ya que a pesar de que los sistemas informáticos no son los ideales, gracias a la gestión electrónica de documentos y expedientes hoy se puede hacer trabajo remoto,  y la ciudadanía puede acceder a determinados servicios de forma virtual.

            Entonces, el problema, según expone Ana, no reside en la tecnologización en sí misma, sino en la idea que hay detrás, que implica que modernizar es sinónimo de poner tecnología, sacar gente y trabajar en asociación con el privado para manejar estos servicios, desvalorizando lo público y desconociendo que los trabajadores son imprescindibles para que las políticas públicas imaginadas por los funcionarios se lleven adelante.

            Este fue el momento en el que me pareció ideal preguntarle acerca del plan de gobierno que se implementaría desde la secretaría para revalorizar tanto el rol de los trabajadores públicos, como el del estado en sí mismo, y que sirva quizás para matizar un poco esta idea de que el agente público es solamente el que está en la ventanilla.

Con la claridad que la caracteriza, Ana comenzó su respuesta explicando que sería óptimo lograr en el ejercicio concreto, una coordinación para la formulación y  el seguimiento de las políticas públicas con todas las reparticiones públicas nacionales, centralizadas y descentralizadas, imprimiéndoles una dimensión ética. Y en términos de política de empleo concreta, explicó que el objetivo es ir regularizando la situación de aquellos agentes designados transitoriamente que tienen más de 10 años de antigüedad. Sin embargo, precisó que “para la ciudadanía es cierto que el estado es la ventanilla, son las oficinas del ANSES y del PAMI, y es el funcionario que dice las cosas y lo ve por la tele o lo escucha por la radio. Entonces, si queremos convencer a la ciudadanía de que el estado da respuestas rápidas y efectivas, nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo en esas ventanillas, esa es la mejor propaganda para el Estado. Por supuesto que también hay que trabajar mucho el análisis de los procesos, para eso lo que hicimos fue detectar cuáles son los treinta servicios fundamentales y más recurrentes para concentrar esfuerzos en ellos, por ejemplo sacar el documento, renovar un registro, conseguir un certificado defunción y tramitar una jubilación, es decir cuestiones que generalmente tienen que ver con cosas de la vida cotidiana No digo que las otras no sean importantes, sino que la prioridad son esos servicios. Y habíamos arrancado con eso, y estalló el tema de la crisis sanitaria y aparecieron nuevos necesidades que atender y otras que readecuar. “

Fue así que surgió la oportunidad para hablar sobre el rol del estado durante el aislamiento. Me interesaba saber si, según su opinión, el apoyo político mayoritario que tuvo el presidente al implementar el aislamiento, le permitirá tener mayor legitimidad para tomar decisiones que regularmente (al menos en la regularidad anterior a la COVID 19) podían ser más controversiales. Al respecto, precisó: “Creo que este presidente o cualquier presidente tiene una oportunidad en este contexto de ampliar la frontera de lo posible. Por supuesto eso implica una tensión enorme con las élites económicas, que no quieren ser las que tengan que pagar costos de la crisis socioeconómica que genera la pandemia. Entonces hay un desafío de legitimidad política porque las elites económicas no se enfrentan directamente con el gobierno, sino que lo hacen intentando presentar ese interés particular como un interés general, buscando construir ciertas mayorías de apoyo en torno a instalar falsos dilemas, de salud y economía, de avance del estado sobre derechos individuales y del estado que atenta contra la república, y en eso siguen teniendo un conjunto de aliados poderosos que tienen mucha presencia en la comunicación y en la construcción de sentido común. Y yo creo que las condiciones en este contexto están mejor, pero bueno, por otro lado es complicado porque la magnitud de la crisis económica todavía no la terminamos de calibrar, entendiendo que la economía argentina ya no estaba bien cuando arrancó el gobierno y la pandemia generó un freno total, que va más allá de cuán flexible o estricta sea la cuarentena.”

Al llegar a este punto, quiso hacer hincapié en el plan estratégico del gobierno de Alberto Fernández. “Nosotros tenemos un modelo de desarrollo pensado más allá de lo que se nos presenta ahora, que es el manejo de una oportunidad totalmente inédita, y en ese modelo el estado cumple un rol fundamental. Y para eso, es necesario trabajar con los trabajadores públicos porque sino no hay forma de que ese rol se cumpla. Y después hay toda una dimensión ética y de integridad que hay que trabajar, porque nosotros no solo necesitamos que el estado funcione y que los empleados sean valorados sino también demostrar que los recursos públicos se cuidan, para garantizar a la ciudadanía de que todo lo que está ahí, está puesto al servicio de atender sus demandas.”

A continuación, en virtud de que en la Escuela de Gobierno nos encontramos en proceso de desarrollo de una investigación sobre los efectos de las dinámicas propias del empleo público y del aislamiento obligatorio en las trabajadoras públicas mujeres del ámbito provincial, estimé pertinente preguntarle sobre el impacto diferencial del teletrabajo en las trabajadoras públicas a nivel nacional, y sobre las iniciativas se plantean desde la Secretaría para mitigar este impacto dispar. Cabe aclarar que desde la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), a través de entrevistas y encuestas se recopilaron datos sobre la experiencia laboral de los trabajadores durante el aislamiento. En este sentido, destacó: “Lo que pasa es que hoy tenés una situación de trabajo remoto que no sería la situación normal. Hoy están cerradas las escuelas, entonces tu hogar no es el hogar de la normalidad del ciclo escolar, por eso nosotros sacamos la licencia para personas con menores a cargo de entrada, porque sabíamos que las personas que están a cargo de los chicos no iban a poder ir a trabajar. Sabemos que la mayoría que las tramitan son las mujeres. Pero también es cierto que no podés construir una normalidad más allá de eso, porque estás en una situación de excepción, porque tenés los chicos en casa. Nosotros mandamos una serie de recomendaciones para el trabajo remoto, como la limitación de la jornada. Pero después es muy difícil la implementación porque nosotras vemos con los horarios de uso del sistema de gestión electrónica de documentos, que capaz la gente va más a conectarse sobre la noche que más sobre la jornada laboral porque en esa jornada tienen que estar poniendo los dispositivos a disposición de los chicos que los necesitan para la escuela.”

Ya se acercaba el final de la charla, Ana debía ceder la computadora a su hijo para que asista a las clases del colegio por zoom, lo que visibiliza que la dificultad para intentar compatibilizar horarios laborales y escolares, es propia del aislamiento y afecta a trabajadores y funcionarios por igual. En esta instancia entonces, teniendo en cuenta su perfil de investigadora, que implica analizar la realidad de forma recurrente, quise saber si sentía que había aprendido algo nuevo, ahora qué trabajaba en la gestión pública. En ese sentido, expresó que la primera cuestión que corroboró y que no tenía tan clara es la cantidad de capacidad y de información consolidada que existe en el Estado, de lo que se deduce que si hay intención y capacidad para imaginar políticas públicas, los recursos (los datos, los equipos, las personas) están y hay mucha potencialidad y compromiso con lo público. Asimismo, no quiso dejar de mencionar los desafíos evidentes al interior de la administración pública, y que se relacionan con la heterogeneidad de situaciones entre las diferentes jurisdicciones, en salarios, en equipamiento y las múltiples modalidades de designación de personas.

            Antes de irse quiso remarcar: “Y ahí mira para ir cerrando como abrimos, esta idea de la modernización de la gestión del ex presidente, que suponía que todo lo anterior era arcaico, rígido y burocrático, mirá que flexible fue la administración pública, que logró en una semana pasar a trabajar de modo remoto, y lo hace mejor que muchos bancos privados que primero cerraron sus puertas y cuando las abrieron era muy difícil conseguir un turno para hacer un trámite. Las organizaciones pueden ser más o menos flexibles, y la organización pública logró bastante flexibilidad.”

            La conversación se extendió por un poco más de una hora. En ese tiempo, pudimos unir varios temas, el valor y la función del estado y de los trabajadores públicos, no solo durante la pandemia sino también en términos estratégicos, el teletrabajo, su impacto en las trabajadoras mujeres, y la importancia de la presencia de la tecnología en la función pública, siempre con los matices pertinentes y entendiendo que los trabajadores estatales son esenciales para cumplir con el objetivo de poner el estado al servicio de la ciudadanía.

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