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¿Para quiénes funcionan las políticas de drogas? Aportes para avanzar hacia políticas integrales de prevención y cuidado
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Introducción
¿Cómo es posible que un pedido de ayuda para contener una emergencia psiquiátrica agrave el cuadro que atraviesa la persona? ¿Cómo es posible que una situación ligada a una adicción acabe con una persona baleada? En julio del presente año se hizo viral la noticia sobre la salud de Santiago Moreno “Chano» Charpentier, el popular cantante que recibió un disparo por un policía. De acuerdo con los relatos periodísticos, la madre de “Chano” llamó al psiquiatra para solicitar una nueva internación porque su estado de salud era crítico. Ante la llegada del psiquiatra y otros médicos, la situación empeoró: no quería ser internado y se solicitó asistencia policial porque tenía un cuchillo de cocina en su mano. La escena se tornó más dramática con la llegada de la policía: aumentaron los gritos, las amenazas y finalmente un policía disparó sobre el cuerpo del cantante. La investigación judicial en curso busca determinar si el policía actuó o no en legítima defensa.
La popularidad del cantante convirtió el tema en debate mediático durante los días siguientes y emergieron distintos discursos sobre el consumo de drogas, las adicciones y las políticas públicas. “Es un camino que termina con la muerte, internado o en cana”, “La adicción a las drogas es un problema complejo de difícil respuesta”, “Es muy difícil salir de una adicción”, son algunas de las muchas frases que circularon en noticieros y redes sociales. Este tipo de eventos, en los cuales un tema que suele generar poco interés se posiciona en la primera plana, son una ocasión privilegiada para hacernos preguntas. ¿Qué nos pasa como sociedad con el consumo de drogas? ¿Qué representaciones sociales tenemos de las personas adictas? ¿Qué políticas de drogas anhelamos como sociedad?
En este artículo compartimos pistas para empezar a responder esos interrogantes. Las respuestas que nos demos no hablan solo de asuntos médicos o psicológicos, ponen también de relieve valores morales, culturales, religiosos y ayudan a entender el modo en que son tratadas las personas que usan drogas y el tipo de respuestas que reciben quienes tienen una adicción. En la primera parte del artículo exploraremos las raíces de las políticas de drogas y examinaremos algunas de sus consecuencias. Esta tarea nos obliga a remontarnos a mediados del siglo XX y revisar los supuestos que orientaron y todavía guían las políticas de drogas a nivel internacional. En la segunda parte analizamos la contradicción del marco normativo argentino en materia de drogas, las tensiones por la coexistencia de viejas y nuevas leyes y los obstáculos que enfrentan las personas con consumos problemáticos de drogas para acceder al sistema de salud. Finalmente, en el cierre, compartimos reflexiones para avanzar hacia políticas integrales que promuevan el cuidado, la prevención, la no estigmatización y el respeto de los derechos humanos.
Las respuestas que nos demos no hablan solo de asuntos médicos o psicológicos, ponen también de relieve valores morales, culturales, religiosos y ayudan a entender el modo en que son tratadas las personas que usan drogas y el tipo de respuestas que reciben quienes tienen una adicción
Las razones de un fracaso
Desde los años sesenta del siglo XX, las políticas de drogas están basadas en el sistema de Fiscalización y Control de Drogas Ilícitas. Casi la totalidad de los países del continente americano, en tanto firmantes de dichas Convenciones, elaboraron sus políticas de drogas siguiendo estos lineamientos, regulando y penalizando ciertos cultivos y sustancias. Así, la portación de sustancias ilegalizadas convirtió a los usuarios en delincuentes. Desde la instalación de este paradigma, las acciones privilegiadas de los Estados se concentraron en la reducción de la oferta y las fuerzas de seguridad emergieron como actores centrales en esta tarea imposible.
Este paradigma, que sostiene políticas abstencionistas y punitivas, está edificado sobre una falsa dicotomía entre drogas “legales” e “ilícitas». Esta clasificación jurídica no tiene relación con el nivel de perjuicio de las sustancias psicoactivas: de acuerdo a los indicadores de toxicidad, tolerancia, síndrome de abstinencia y riesgo social resulta muy difícil comprender por qué algunas sustancias son prohibidas y otras son estimuladas desde la publicidad y los medios masivos de comunicación (Kornblit,et al., 2006; Aureano, 2003). Es necesario recordar que el alcohol es la principal sustancia psicoactiva consumida a nivel global y la que mayor cantidad de personas consumen de modo abusivo, lo que ocasiona diversos daños a su salud. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol.
Otro supuesto negativo de estas políticas radica en que las respuestas que se realizaron desde el ámbito de salud catalogaron como enfermos a las personas que usan drogas, sin distinguir que las frecuencias y modalidades de estas prácticas marcan diferencias fundamentales. Por otra parte, desde el sector salud se relegaron los esfuerzos preventivos en relación con las causas de la adopción de las prácticas de dicho consumo. Las respuestas sanitarias pretendieron imponer un único modelo de atención sin tener en cuenta diferencias culturales ni sociales. Se promovió una respuesta asistencial aislada, escindida de otras problemáticas sociales derivadas de la marginalidad y la exclusión social. No tuvieron en cuenta las necesidades y demandas de las y los usuarias/os de drogas y tampoco se aceptó su participación como interlocutores válidos.
Desde este paradigma, se propició el concepto de “escalada del consumo de las drogas”, desconociendo el hecho de que, de las personas que usan drogas, sólo un porcentaje pequeño incurre en consumos problemáticos. La mayor parte de la población que ha usado drogas deja de hacerlo, la gran mayoría de quienes se relacionan con las drogas hace un uso eventual de ellas y sólo una pequeña parte hace uso frecuente de las mismas. Se contribuyó a la estigmatización de las personas consumidoras de drogas presentándolas como socialmente peligrosas, imagen multiplicada desde los medios de comunicación masiva al identificar juventud, violencia y consumo de drogas. Se rechazaron nuevas estrategias de respuestas como, por ejemplo, la reducción del daño, que pretende dotar a los individuos de cierto control sobre sus prácticas, a partir de la identificación de los riesgos y de las situaciones de vulnerabilidad en las que se desarrollan sus vidas.
Se contribuyó a la estigmatización de las personas consumidoras de drogas presentándolas como socialmente peligrosas, imagen multiplicada desde los medios de comunicación masiva al identificar juventud, violencia y consumo de drogas
Los principios y supuestos que orientan este paradigma dan cuenta de una concepción moral de la problemática de las drogas y la abordan como un asunto de orden público y seguridad ciudadana. Las sustancias son entendidas como causa de la desviación social, la enfermedad, el delito y la inseguridad.
Desde este paradigma, no importan las diferencias entre las cantidades de consumo, el tipo de sustancia o las modalidades de consumo. Tampoco es relevante la distinción entre uso, abuso y adicción. Los programas de atención son verticalistas, atemorizantes y medicalizantes. La prevención está ligada a la implementación de campañas moralistas y voluntaristas tendientes a promover la alarma social. La información está concentrada en la sustancia y los efectos ligados al cuerpo y la muerte.
Algunas consecuencias de las políticas de drogas
Hace casi diez años, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, red global para la promoción del debate sobre las políticas de drogas en su Guía sobre políticas de drogas (2012), documentaba cómo estas políticas habían generando un aumento de los problemas sanitarios y sociales de las personas que consumen drogas como así también un empeoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
En el siglo XXI, los datos disponibles a nivel global evidencian un aumento del consumo en la mayoría de las sustancias psicoactivas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018), estimaba que durante el 2016 el 5.6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y 64 años (275 millones de personas) consumió drogas en al menos una ocasión. De acuerdo al informe del año 2020 (UNODC), más de 35 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos por consumo de drogas. Además de la magnitud, se destaca la tendencia del problema: en los últimos 10 años el consumo de drogas aumentó un 30%.
Luego de tantas décadas de este paradigma represivo, el consumo sigue en tendencia creciente y, como nunca antes en la historia, existe una oferta tan variada de sustancias psicoactivas a disposición. Los esfuerzos prohibicionistas han tenido como éxito indiscutible el aumento de los niveles de violencia, asociado con el crecimiento de mercados ilícitos cada vez más diversos y extendidos.
En los últimos 10 años el consumo de drogas aumentó un 30%
Revisar los datos estadísticos también nos permite documentar un aumento en los encarcelamientos de delitos por drogas. En las últimas décadas observamos entre sus mayores víctimas a mujeres, lo que significa un agravamiento de las condiciones de supervivencia de las familias y el impacto que el encarcelamiento tiene en la vida de niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados por delitos de drogas no violentos. En Argentina 6 de cada 10 mujeres detenidas en cárceles federales lo están por delitos de drogas (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2014). Estas mujeres en su mayoría son madres y jefas de hogar, ocupan roles menores y fungibles dentro de las actividades de tráfico. Las mujeres encarceladas se enfrentan a un lugar violento y empeoran sus condiciones de salud. El castigo las trasciende y afecta a sus allegados: en tanto son ellas quienes realizan la mayor parte de los cuidados domésticos, el encierro aumenta la vulnerabilidad de su núcleo familiar y la situación de desamparo de sus hijos. Se trata de una nueva víctima del sistema selectivo de administración de los ilegalismos en torno a mujeres pobres, su encarcelamiento no interrumpe la cadena del comercio de las drogas, solo agrava sus condiciones de vulnerabilidad (CELS, Ministerio Público de la Defensa y Procuración Penitenciaria de la Nación, 2011).
A continuación nos detenemos en las consecuencias negativas para la salud y los derechos de las personas: la criminalización de usuarias/os de drogas, la falta de atención adecuada a las personas dependientes y el bajo presupuesto asignado a los programas preventivos.
Los efectos negativos de estas políticas de drogas no se distribuyen aleatoriamente, por el contrario, las regulaciones son diferenciales: se ejercen sanciones sobre ciertos grupos de usuarios/as y determinados territorios. Se construye y estigmatiza un tipo particular de persona consumidora de drogas; los sectores más vulnerables aparecen como los culpables. De las decenas de graves problemas que este paradigma genera es importante destacar los efectos de estas políticas en las vidas de los varones y las mujeres jóvenes, en las cuales las intersecciones entre la edad, el género, la raza y el territorio refuerzan la situación de exclusión.
“Pobres y vagos”, “negros y drogadictos” son las expresiones arquetípicas que concentran la peligrosidad en determinados cuerpos jóvenes. Hace más de 20 años, la antropóloga Reguillo alertaba cómo estas estigmatizaciones que definen a los jóvenes como el “nuevo enemigo interno”, generan una opinión pública que tiende a justificar las violencias policiales y violaciones de los derechos humanos. Mientras se alimenta ese imaginario, los jóvenes que son sancionados legalmente por posesión o por estar consumiendo drogas, sea la cantidad que fuere, afrontan mayores dificultades en sus trayectorias biográficas, al quedar excluidos de los ámbitos familiar, escolar y laboral. No obstante, las sanciones punitivas hacia las personas que consumen o cultivan tienen escasos efectos de disuasión, y producen alta exposición a riesgos sanitarios. Finalmente, el castigo a las personas usuarias no garantiza la atención ni conlleva un tratamiento o acompañamiento adecuado a sus necesidades y posibilidades.
La evidencia disponible muestra que muchos de los tratamientos realizan prácticas que violan los derechos de las personas, que no respetan la autonomía y que vulnera la dignidad de las mismas. De este modo, la atención a personas que usan drogas no siempre está basada en estándares de calidad, evidencia científica y respeto a los derechos fundamentales. Las modalidades de atención son selectivas según el tipo de sujeto. Y la constante es la falta de dispositivos de atención que brinden respuestas acordes a las necesidades y padecimientos de las personas, contemplando la perspectiva de género.
Las respuestas socio sanitarias ofrecidas no cuentan con estadísticas regionales o nacionales que caractericen de modo sistemático y periódico la diversidad de los dispositivos existentes. Son incipientes los esfuerzos por sistematizar y evaluar la heterogeneidad de las respuestas existentes. También son recientes los estudios que dan cuenta los itinerarios terapéuticos o las trayectorias que realizan las personas por los distintos dispositivos de atención.
En América Latina, lo que sí está documentado es la brecha presupuestaria que se genera entre los gastos en políticas que buscan “combatir la oferta de drogas” y los programas de atención y prevención. Es decir, un gasto desproporcionado en la penalización por delitos de drogas y una notoria falta de financiamiento en políticas preventivas y de atención, lo que produce un déficit en las acciones de prevención y pérdida de oportunidades.
En América Latina, lo que sí está documentado es la brecha presupuestaria que se genera entre los gastos en políticas que buscan “combatir la oferta de drogas” y los programas de atención y prevención
Al revisar los supuestos de las políticas vigentes y conocer las consecuencias se impone como pregunta por qué todavía no nos permitimos salir definitivamente del fracaso represivo de la guerra contra las drogas. Como hemos visto, son diversas las evidencias que documentan que el modelo abstencionista, represivo y punitorio que rige desde hace más de 60 años no sirve si tenemos como horizonte promover la salud, el cuidado y el respeto de los derechos de las personas.
Avances y contramarchas en Argentina
En el caso argentino, tenemos un marco normativo esquizofrénico que afecta negativamente en las respuestas de salud. Como expresa Andrea Vázquez (2014) se introdujeron modificaciones discursivas significativas en el campo del consumo de drogas que podrían transformar el ideario criminalizador y patologizante vinculado a las personas que abusan de drogas y abrir un nuevo paradigma de pensamiento.
Entre los cambios registrados en esta etapa podemos mencionar la necesidad de descriminalizar la tenencia de drogas para consumo personal, Fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009,[1] sanción de la ley Nacional de Salud Mental 26657, creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (Decreto 457/2010), adopción del enfoque de derechos humanos en algunos de los nuevos efectores de la red de atención asistencial. No obstante, y continuando con lo mencionado por Vázquez, es innegable que el nuevo paradigma convive con el modelo hegemónico que brinda respuesta a los consumos problemáticos de drogas, el modelo jurídico y el sanitario, obstaculizando el acceso de las personas con problemas de consumo al sistema de salud.
Por lo general, las respuestas ofrecidas alternan entre lo punitivo-represivo y lo sanitario. La respuesta punitivista para abordar problemas de salud ha demostrado consecuencias negativas. La adicción punitivista, muchas veces traducida en la proliferación de nuevos delitos, el aumento de las penas y el encarcelamiento indiscriminado de infractores a la ley, si bien pueden generar transitorias sensaciones de alivio en la sociedad, no resuelve ningún problema. Su utilización como única forma de reacción estatal no sólo no ataca las causas del problema, sino que desgasta al aparato judicial en cuanto a su operatividad y, lo que es más importante, frente a la comunidad, que puede llegar a valorar su actuación como poco eficiente, ante la percepción de que su reiterada intervención no logra acabar con los problemas que pretende resolver.
Por otro lado, las acciones brindadas desde el sistema de salud muchas veces terminan expulsando a quienes tienen estos padecimientos debido a la persistencia del estigma sobre la población usuaria y la falta de formación en la temática. Así, las personas boyan de un lugar a otro con largos recorridos por distintas instituciones u organizaciones para encontrar alguna respuesta a sus padecimientos. Muchas veces las respuestas terapéuticas tardan en llegar o nunca llegan. Si bien muchos centros de tratamiento repiten como un mantra la idea que “una persona adicta sola no puede, porque tiene doblegada su voluntad, que la adicción en la cual se encuentra atrapada es una enfermedad”, rara vez aparece una respuesta a tiempo y oportuna. Es frecuente encontrar familiares, amigos/as y parejas de personas comprometidas con consumos problemáticos o adicciones, que luego de varios años de atravesar estas situaciones no han obtenido herramientas concretas para facilitar prácticas de cuidado a sus seres queridos.
El concepto de trayectoria terapéutica permite dar cuenta de estas idas y vueltas, de encuentros y desencuentros con las instituciones y servicios existentes. Al reconstruir estas trayectorias se aprende que no se puede hablar de “alta” en un tratamiento, sino de procesos que las personas van transitando, con desigual acompañamiento institucional y familiar, a veces con más suerte y otras con menos. En esta trayectoria también es frecuente que las personas y sus familiares tengan que acudir a personal de emergencia y de seguridad que nunca tuvo formación para poder contener este tipo de situaciones.
Las contradicciones del marco normativo no colaboran para la articulación de sectores y la integración de acciones. Al mismo tiempo que se penaliza la tenencia de sustancias ilegalizadas se generan dispositivos públicos y comunitarios para revertir las consecuencias de los consumos problemáticos de drogas. En los territorios, las diversas lógicas estatales coexisten y entran en conflicto, especialmente en los barrios más desfavorecidos, en los cuales se concentran las mayores privaciones sociales y circulan las peores sustancias. Así, por ejemplo, el trabajo diario que realiza un profesional o un referente comunitario durante meses con una persona usuaria de drogas para incorporar prácticas de cuidado, se ve absurdamente interrumpido por una detención policial por tenencia de droga para consumo personal. De este modo, las estrategias que lleva adelante un equipo de un centro barrial para reducir los efectos perjudiciales del consumo y promover el cuidado de la salud chocan con la criminalización de las personas usuarias de drogas.
Efectos de la pandemia por COVID-19
Esta situación que se arrastra desde hace años se ha agudizado en el contexto de pandemia por COVID-19. Los contextos sociales –la falta de oportunidades, la marginación, el desempleo, el abandono escolar, la discriminación, la carencia de una vivienda digna– son parte constitutiva de los procesos de salud y enfemedad y de los consumos problemáticos de drogas. La crisis del COVID-19 ha producido la peor contracción económica y social de las últimas décadas y sus consecuencias sociales han recaído con mayor fuerza en los grupos y poblaciones cuyos derechos humanos son vulnerados (CEPAL, 2020; OIT y ONU Mujeres, 2020). Además de agravarse los niveles de pobreza y aumentar las privaciones sociales, se incrementaron las situaciones de violencia hacia mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 2020).
La situación de excepcionalidad que provocó la pandemia y las respuestas socio sanitarias implementadas transformaron la organización de la vida cotidiana y generaron cambios en las dinámicas laborales, domésticas, educativas y recreativas. El consumo de sustancias no fue la excepción. Las restricciones para realizar encuentros sociales modificaron los consumos usualmente asociados a espacios y momentos de socialización con diferencias generacionales y de género (SEDRONAR, 2021). En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la SEDRONAR analizó los cambios en las experiencias de consumo de distintas sustancias psicoactivas en población de entre 18 y 66 años que residían en contextos urbanos del país. Participaron personas que habían consumido durante el transcurso del ASPO al menos una vez alcohol, tabaco, cannabis, cocaína o medicamentos psicofármacos sin prescripción médica.
Con respecto al consumo de alcohol, el informe señala que si bien las mujeres y varones jóvenes disminuyeron su consumo al verse clausuradas las fiestas y las salidas nocturnas, algunos jóvenes manifestaron retomar el consumo durante las videollamadas con amigos o en los encuentros presenciales cuando se relajaron las restricciones. En el grupo de adultos se incrementó el consumo de alcohol a partir de comenzar a beber en momentos del día en los que previamente no lo hacía debido a la flexibilidad de horarios experimentados por el cambio de las rutinas. Este consumo en el hogar fue vivido de modos diversos: para algunas personas aparece como un premio, una gratificación y una forma de relajarse y para otras aparece vinculado con el malestar y la angustia del contexto, especialmente entre las mujeres adultas. Con respecto al consumo de cannabis no aparece un cambio con patrón único. Se distinguen tres grupos: un grupo que disminuyó su consumo, otro que no modificó su frecuencia y otro que aumentó su consumo. En relación con el consumo de medicamentos de forma auto administrada se destaca el grupo de mujeres adultas, sobrecargadas por multiplicadas tareas de cuidado y acompañamiento a niños/as y adolescentes con actividades escolares. A diferencia de las anteriores sustancias, este consumo fue significado como transitorio y excepcional.
Sobre los impactos que la pandemia por COVID-19 produjo en la organización y desenvolvimiento de las respuestas socio-terapéuticas para los consumos problemáticos de drogas desarrolladas, existe un estudio elaborado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA, 2020). En el informe se presentan los resultados de una encuesta online realizada entre los meses de mayo y junio del 2020 a referentes de comunidades terapéuticas e instituciones que ofrecen tratamientos ambulatorios nucleados en FONGA. Entre las principales conclusiones se destaca un crecimiento sostenido en la demanda. Esta demanda no fue satisfecha por los dispositivos residenciales ya que durante esos meses del ASPO, no se registraron ingresos en ninguna comunidad terapéutica. Sin embargo, la mayoría de estas instituciones manifiestan haber desarrollado protocolos sanitarios para el ingreso de residentes en el futuro. En el caso de los tratamientos ambulatorios, la mayoría continuó sus actividades por medios electrónicos. De acuerdo con el informe, el 49% de los dispositivos no registró abandono de pacientes, mientras que el 29% tuvo entre 1 y 3 abandonos.
Estos estudios realizados brindan insumos para pensar las diferentes vulnerabilidades en el contexto de la pandemia y aportan datos relevantes para poder generar políticas acordes a los desafíos de la pospandemia.
¿Hacia dónde vamos? Políticas basadas en derechos humanos
Próximos a cumplir 60 años de políticas prohibicionistas es difícil encontrar razones que expliquen la persistencia de las políticas de drogas vigentes en el mundo. Las evidencias sobran y los consensos internacionales son robustos acerca de los magros resultados obtenidos y el impacto negativo derivado del actual Sistema de Fiscalización y Control de Drogas Ilícitas. Faltan decisiones políticas que permitan dar una vuelta definitiva de esta injusta página para poder avanzar de modo decidido hacia un capítulo centrado en la prevención y el cuidado de la salud de las poblaciones.
Los nuevos caminos que se deben transitar ya están siendo ensayados en distintas ciudades y países del mundo. Desde comienzos del siglo XXI, diversos Estados y organismos internacionales han propuesto leyes y políticas públicas en materia de drogas que cuestionan el paradigma actual desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública. Estas experiencias están dando lugar a nuevos paradigmas que procuran construir abordajes integrales, territoriales y de base comunitaria.
Faltan decisiones políticas que permitan dar una vuelta definitiva de esta injusta página para poder avanzar de modo decidido hacia un capítulo centrado en la prevención y el cuidado de la salud de las poblaciones
La multiplicidad de usos de drogas y los diferentes escenarios sociales de consumo requieren políticas diferenciadas y específicas. Es necesario desarmar miradas erróneas del fenómeno de las drogas. Recuperando el debate mediático del caso “Chano”, podemos observar cómo el tratamiento de las noticias, en gran parte, no posibilita entender y dar cuenta de las diversas situaciones relacionadas con los consumos de drogas. Recordemos que existen distintos compromisos que establecen las personas con las sustancias, que no todos los sujetos tienen las mismas características personales y que los contextos en donde las prácticas de consumo se producen marcan diferencias notorias en los desenlaces de las prácticas de consumo. Asimismo resulta fundamental poder discriminar entre usos de drogas, abusos y adicción. Estos conceptos dan cuenta de situaciones diversas, con consecuencias distintas para quienes llevan a cabo estas prácticas. No todos los consumos de sustancias producen los mismos efectos, no todas las personas están en condiciones de desarrollar una adicción, ni todos los consumos de drogas terminan siendo problemáticos. Hay que entender que sólo algunos de los consumos problemáticos pueden devenir en adicciones. Si aceptamos esta multiplicidad y comprendemos los diferentes escenarios en donde dichas prácticas se llevan a cabo, estamos en condiciones de generar políticas de drogas integrales.
En este camino es indispensable implementar programas estructurados de prevención como así también integrar los esfuerzos de distintas instituciones para contener situaciones críticas. Necesitamos priorizar la prevención como pedagogías de cuidado fortaleciendo los vínculos, las redes y las prácticas de autocuidado. Propiciar la participación de las comunidades y la voz de las personas usuarias de drogas para poder así garantizar la eficacia de las intervenciones. Recuperar las prácticas de autocuidado de las personas en situación de consumo permite que las personas y su entorno inmediato adopten una postura activa y responsable de su propio bienestar, porque las personas que se involucran y forman parte de las soluciones logran sostener los cambios en el tiempo porque están convencidos de ellos.
Una respuesta integral excede a un servicio, un programa o un sector en particular. Por ello, resulta fundamental pensar un sistema integrado de respuestas en donde se generen acciones de promoción de derechos y prevención del consumo problemático, se habiliten programas de reducción de daños y se ofrezcan tratamientos con modalidades de atención diferenciados. Un sistema en el cual las personas que lo necesitan ingresen “por la puerta que puedan” y desde ahí se pueda orientar y acompañar hacia la mejor respuesta para su situación. Necesitamos un sistema interrelacionado, para que todos los dispositivos trabajen en conjunto desde la co-responsabilidad, no “sacándose el caso de encima”.
Necesitamos, sobre todo, dejar de pensar con prejuicios.
Referencias bibliográficas
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CELS, Ministerio Público de la Defensa de la Nación, Procuración Penitenciaria de la Nación (2011). Mujeres en prisión: los alcances del castigo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/wpcontent/uploads/2011/04/Mujeres-en-prision.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2020). Estudio Económico de América Latina y el Caribe (LC/PUB.2020/12‐P). Santiago de Chile. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/89/S2000371_es.pdf
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Kornblit, A., Mendes Diz, A. y Adaszko, D. (2006). Salud y enfermedad desde la perspectiva de los jóvenes. Un estudio en jóvenes escolarizados en el nivel medio de todo el país. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Documento de trabajo n°47.
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Vázquez, A. (2004). Políticas públicas en materia de drogas en Argentina: políticas de estigmatización y sufrimiento. En Saúde debate 38 (103), Oct-Dec. Disponible en: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/mFSMP3KywzHqRLdSFTFVFSj/abstract/?lang=es#
[1] El fallo estableció la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal.