Empresas públicas y soberanía

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Empresas públicas y soberanía


Por: Marisa Duarte
Tramas congress-1635051_1920 Empresas públicas y soberanía

“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo,

dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”,

Art. 40 de la Constitución de 1949

Introducción

En estos días asistimos al debate sobre la importancia y el derecho a tener una empresa pública operando en el comercio de granos y sus derivados. Esto se debe a que una firma importante del sector ingresó en cesación de pagos y en concurso de acreedores, poniendo en evidencia la falta de regulación sectorial. Hasta la cesación de pagos, esta empresa contó con ingentes recursos aportados por entidades públicas de financiamiento, así como con el aporte de insumos de proveedores y de granos de productores pequeños y medianos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, con quienes incumplió los pagos adeudados.

La quiebra de esta empresa pone en dificultades a trabajadores, productores, proveedores de insumos, bancos públicos e instituciones recaudadoras de tributos (federales, provinciales y locales). Por otro lado, en lo que va de la investigación se ha observado ocultamiento de activos, triangulación de exportaciones, offshorización de empresas y falta de presentación de documentos.

Para que una gran empresa ubicada en el sector económico más rentable del país entre en cesación de pagos debido a malos manejos financieros, debe contar con un marco de libertad absoluta que puede llevar a la impunidad. La empresa tomó préstamos (internos y externos) por encima de sus capacidades de repago, dejó de pagarlos y no perdió la buena calificación crediticia; operó con el respaldo económico y político de un  gobierno proclive al uso discrecional del poder y al amparo de instituciones de control que operaron con parcialidad; por último, se resiste a que el Estado intervenga en la actividad de la firma fallida. Pareciera cumplirse la sentencia de Arturo E. Sampay, que dice que “Salvo excepciones personales que no hacen la regla, la clase propietaria considera botín de guerra los bienes que posee y con la guerra se apresta siempre a resistir las exigencias de la justicia.” (Sampay, 1981, pág, 77).

El sistema capitalista se caracteriza en la actualidad y en la periferia por la financiarización de todas las actividades, el extractivismo y la fuga de capitales; procesos que dificultan -cuando no imposibilitan- la inversión productiva. Este hecho se funda en el carácter de bien individual que asume la propiedad privada, frente a la noción de propiedad como bien común, social. Ese carácter hace que “cuando los particulares manejan como propiedad privada la capacidad social del trabajo y el trabajo social acumulado, los vuelcan a lo que acarrea inmediatas y máximas ganancias” (Sampay, 1981, pág. 79), hecho que redunda en una práctica depredadora de los recursos y concentradora de los ingresos. Si además, este proceso viene de la mano de agentes extranjeros es esperable que los mismos pasen de la depredación a la indiferencia luego del agotamiento de los recursos.

En ese marco, comenzó a vincularse el tema del futuro de esta firma con la necesidad de convertirla en empresa pública que contribuya a la soberanía alimentaria. La situación nos permite actualizar el papel del Estado en la economía y su efecto en la soberanía, más allá de esta empresa en particular.

En nuestro país, al igual que muchos países centrales, el desarrollo industrial estuvo asociado al ordenamiento, la regulación y la actividad económica -directa e indirecta- del Estado. En efecto, son de origen público la banca, los seguros, la aeronavegación, el correo, el ferrocarril, los hidrocarburos, la telefonía, la fabricación de material militar, la siderurgia, la petroquímica, las líneas marítimas, la energía nuclear e hidroeléctrica (Ugalde, 1983). Por no hablar de los sistemas educativo, sanitario y de seguridad social.

La regulación estatal fue central en el ordenamiento del comercio de granos (a través de la Junta Nacional de Granos); del comercio de carnes (Junta Nacional de Carnes); de la yerba mate (Comisión Reguladora de la Yerba Mate); entre tantas instituciones reguladoras.

Asimismo, los desarrollos más significativos a nivel mundial en cuanto a tecnología satelital, informática, telefonía, nanotecnología, energía nuclear han contado desde sus inicios con una fuerte participación de los Estados.

Asimismo, los desarrollos más significativos a nivel mundial en cuanto a tecnología satelital, informática, telefonía, nanotecnología, energía nuclear han contado desde sus inicios con una fuerte participación de los Estados: hecho que oculta la teoría económica convencional en las explicaciones sobre el desarrollo de las economías que cargan todo el peso de los éxitos en la empresa privada.

El Estado ha sido el motor de la nación bajo gobiernos populares; en tanto los sectores conservadores han llevado adelante políticas de debilitamiento y retiro del mismo en favor de los intereses de los sectores dominantes.

 

Estado, innovación y empresas (privadas y públicas)

La Argentina cuenta con una larga tradición de tecnólogos que plantearon la necesidad de políticas públicas que potenciaran las aptitudes estatales y privadas para salir del subdesarrollo a través de la innovación tecnológica y su aplicación a la industria.

Oscar Varsavsky plantea, en su obra emblemática de 1974 luego de muchos años de trabajo, que el estilo tecnológico debe estar en relación con el tipo de sociedad que se quiere construir. Esa tesis se construye de forma crítica al desarrollismo,  que considera la política de sustitución de importaciones como un intento bien intencionado de alcanzar el desarrollo pero con poco diseño propio y sujeto a las concepciones foráneas respecto de la innovación tecnológica. Por el contrario, Varsavsky propone definir primero qué tipo de sociedad se quiere (él dirá socialista, autónoma y democrática) entendiendo por ello una sociedad centrada en el pueblo y relativamente distanciada de las empresas y de la ley de maximización de la ganancia.

Otro trabajo fundamental de la vinculación entre sectores es el de Sábato y Botana (1967), donde se plantea el triángulo capaz de llevar a una sociedad a un proceso de cambio: “La innovación es el producto de un sistema de relaciones entre gobierno, infraestructura científico–tecnológica y estructura productiva”. Sábato se planteaba el desarrollo en los países latinoamericanos como la capacidad de elevarse por sobre las limitaciones: “Romper con los obstáculos que impiden la expresión de estas capacidades no es tarea de un día porque ellos se encuentran en la raíz misma de nuestro sistema cultural: en los valores, actitudes y creencias que orientan el comportamiento de los sujetos hipotéticamente ubicados en cada uno de los vértices” (Sábato y Botana, pág. 11).

En la actualidad esta tradición es recogida, entre otros, por Eduardo Dvorkin (2017), quien indica que “El desarrollo tecnológico autónomo requiere inversiones de alto riesgo con lentos períodos de recupero del capital invertido; [por lo que] la centralidad del Estado es imprescindible, ya sea en países de bajo desarrollo o en países de alto desarrollo”. Asimismo, el tecnólogo apunta a la necesidad de reindustrializar el país a partir de dos grandes puntales: a) Los grandes proyectos nacionales. Son proyectos que por su envergadura requieren la conformación de clúster tecnológico – productivos conformado por empresas estatales, el sistema nacional de ciencia y tecnología y empresas pymes; es decir, la actualización y adaptación del triángulo de Sábato. Los grandes proyectos se refieren al desarrollo de la industria satelital; la aeroespacial; el sector nuclear; tecnología y equipamientos para la industria de producción de gas y petróleo; la producción de aerogeneradores; el desarrollo de la tecnología y la producción de baterías de litio; la producción pública de medicamentos; los desarrollos de biotecnología vegetal para aumentar la producción agraria. Y b) La integración nacional en sectores industriales controlados por capitales privados a través del soporte tecnológico a industrias pymes para lograr que asuman localmente mayores partes de cadenas productivas globales (Dvorkin, 2019).

En términos de Mazzucato (2014), el sector público se transforma en el elemento esencial que dinamiza la economía y es la verdadera fuente de la innovación tecnológica. En efecto, el Estado no sólo no es un lastre, sino que es el principal motor de la economía, en tanto es el agente que asume los riesgos y que ha dirigido el desarrollo de las principales tecnologías actuales. La autora ha probado que todos los países industriales lo son debido a que cuentan o contaron con Estados que impulsaron fuertemente la actividad económica y el desarrollo tecnológico.

Es indudable el papel que deben cumplir las empresas públicas en cualquiera de las estrategias del desarrollo para alcanzar una sociedad impulsada por la innovación, la industria y la inclusión social.

 

Las empresas públicas

Las empresas públicas tienen la capacidad de modelar la estrategia de crecimiento en el marco de Estados soberanos; pueden impulsar la inversión en sectores específicos y generar procesos de crecimiento basados en el desarrollo de tecnología que no realiza el sector privado. Ello implica dejar atrás la visión del Estado como garante de condiciones y como agente de resolución de las fallas del mercado para pasar a una visión en la cual el valor público pasa a ser un valor en sí mismo. “El proceso de creación de valor público es tan importante como el resultado final, que idealmente debería ser el producto de un diálogo dinámico con la sociedad civil a través de nuevas formas de colaboración entre organizaciones del sector público, el sector privado y organizaciones y movimientos del voluntariado en el ámbito local, regional y nacional” (Mazuccato, 2014, pág. 8).

 

 

Ello implica dejar atrás la visión del Estado como garante de condiciones y como agente de resolución de las fallas del mercado para pasar a una visión en la cual el valor público pasa a ser un valor en sí mismo.

 

En el mismo sentido, Sampay decía que “La institución de empresas estatales dirigidas a promover un desarrollo integral y armónico de los recursos naturales, humanos y financieros con que cuenta el país, apuntando al bienestar de toda la población, es correcta” (Sampay, 1981, pág. 80).

La relación virtuosa entre la ciencia, la tecnología, el Estado y las empresas lleva al desarrollo y éste a la soberanía.

 

La noción de soberanía

La noción de soberanía que fuera tan sólidamente defendida durante el siglo XX, a la luz de los movimientos de liberación y de descolonización, quedó atrapada en las nuevas redes de sujeción que se tejieron al amparo del capitalismo. A partir de mediados de los años setenta se deterioraron -en muchas regiones del planeta- los viejos lazos de sujeción colonial pero se comenzaron a construir sofisticadas barreras a la autodeterminación de los pueblos.

Los nuevos instrumentos de sujeción fueron impulsados en la década del noventa, en estrecha relación con los procesos de reestructuración neoliberal, desregulación y privatización. Los efectos de esos procesos dieron lugar al avance del capital sobre el trabajo con la incorporación de paquetes tecnológicos en el agro; la concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión de agricultores; el desplazamiento del Estado en su rol empresario y regulador de la actividad económica cediendo la capacidad de regulación al sector privado; y, por último, la generación de un fuerte proceso de financiarización al interior de la producción que distorsiona los precios relativos y concentra el capital en la especulación.

El concepto fue transformándose a través del tiempo; así, en la antigüedad la autoridad estaba sujeta a la ley divina o natural. A mediados del siglo XVII, Thomas Hobbes constituyó al soberano en la única forma de poder y, por tanto, la soberanía de éste no dependía de la ley divina o natural. En 1762, Jean-Jacques Rousseau definió la soberanía como el poder del pueblo, la soberanía popular, en la cual cada individuo será soberano y súbdito al mismo tiempo haciendo iguales y libres a todos los ciudadanos.

La soberanía nacional conlleva la independencia del Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. Es también la condición necesaria de toda justicia, el respeto a la dignidad de cada una de las personas que habitan una nación; lo que indica que es la herramienta que puede morigerar el efecto de la  dominación e impide la explotación depredadora de sus riquezas y su trabajo. La lucha por la soberanía deviene entonces en la disputa de parte de la Humanidad por la libertad y la autonomía.

Si analizamos nuestra historia, podemos ver que “La amplia protección de la propiedad privada, que en tiempos de Alberdi era fundamentalmente propiedad individual y la de los emprendimientos de pequeña o mediana escala, sirvió para proteger a las corporaciones monopólicas y al latifundio rentista. En pocas décadas el libre comercio exterior quedó en manos de los frigoríficos extranjeros y de las sociedades acopiadoras y exportadoras de granos que imponían condiciones leoninas a los productores. El control foráneo del Banco Central sacó a la política monetaria del ámbito de decisión soberana del Estado. La tensión entre el sistema socioeconómico así gestado y la vigencia de la soberanía popular expresada a través del voto ciudadano se hizo insostenible dentro de los marcos de la institucionalidad constitucional” (Vilas, 2009). El debilitamiento de la soberanía implica pérdida de la potestad sobre el territorio, la ascendencia sobre el pueblo y la capacidad de ejercicio del poder.

La amplia protección de la propiedad privada, que en tiempos de Alberdi era fundamentalmente propiedad individual y la de los emprendimientos de pequeña o mediana escala, sirvió para proteger a las corporaciones monopólicas y al latifundio rentista

 

De la mano del constitucionalismo social, que fue retomado en muchos países a inicios de este siglo, la soberanía asume diversas dimensiones que permiten corporizar de forma mucho más concreta el acceso y disfrute de nuevos derechos. Así, se incorporaron a la lucha por la soberanía sus facetas: alimentaria, energética, financiera y medioambiental.

Si la vieja soberanía era garantizada a través de empresas públicas que incidían en cada una de las esferas; el paso de gobiernos conservadores inspirados en el neoliberalismo centró el eje de su política en el ataque a la injerencia del Estado en la economía. La persistencia de esas políticas derivó en el pretendido fracaso de los Estados empresarios que fueron arrastrados en el desprestigio y, además culpabilizados por la crisis. De resultas de ese proceso, las organizaciones que luchan por las nuevas dimensiones de la soberanía se guardan de defender el papel de las empresas estatales. Sin embargo, es un debate que deberá volver a darse para generar formas de administración de los bienes públicos bajo nuevas modalidades.

En efecto, el auge del neoliberalismo vino acompañado de la expansión de la libertad de empresa; de la extrema financiarización de la economía que oculta los procesos de explotación y expropiación, a la vez que los medios masivos de comunicación recubren de buenas intenciones esas dinámicas económicas y enmascaran los mecanismos de obtención de la ganancia.

 

Las empresas públicas y la soberanía

El papel de las empresas públicas es central para garantizar la soberanía en vistas del carácter que asume el capital privado respecto del trabajo y la producción. Si en el proceso de construcción del Estado Nación la soberanía era territorial, marítima y aérea y la forma de hacerla efectiva fue crear grandes empresas estatales que hicieran posible el principio; en la actualidad, la noción de soberanía se juega, además de en esos espacios, en la soberanía alimentaria, energética, ambiental y financiera; es decir, en el acceso a los bienes comunes.

 

Soberanía alimentaria

A fines de los años noventa la segunda ola neoliberal estaba en pleno auge. Ello implicó el retroceso del Estado, de sus regulaciones (que fueron ejercidas por el mercado en perjuicio de los ciudadanos), el avance de la privatización de las actividades y el ensanchamiento de los alcances de la lógica de mercado. En ese contexto, la FAO definió que el acceso a la alimentación debe ser regulado por el mercado; definición que es contrastada por la organización Vía Campesina –que es una federación mundial de campesinos- al declarar que el derecho a la alimentación no puede ser regulado por el mercado y plantea el concepto de Soberanía Alimentaria según el cual los pueblos tienen derechos soberanos para definir cómo producen, cómo intercambian y cómo consumen sus alimentos. La FAO dice que el mercado debe regular la producción de alimentos y las organizaciones responden que el mercado genera el hambre, es el que dificulta el acceso a los alimentos.

Esta noción fue tomada por numerosas organizaciones que la fueron desarrollando, profundizando y adaptando a sus condiciones.

La Vía Campesina planteó ante la “Cumbre de los Pueblos” la Soberanía Alimentaria como “… el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población” (Carballo González, 2018, pág. 19). El debate acerca de la soberanía alimentaria condensa el accionar y la lucha de numerosos núcleos de productores, consumidores, organizaciones sociales, comunidades originarias, colectivos feministas; en relación con técnicos, profesionales y académicos que han logrado sintetizar sus demandas a partir de una crítica a la actual política agroalimentaria.

Tal como indica Fernández Such (2020, pág. 3) “Hoy la soberanía alimentaria es una propuesta política integral y coherente para salir de la crisis que atraviesa el mundo campesino y el mundo rural, y que aporta elementos a la solución de la crisis ecológica, social y de valores por la que atraviesa nuestro mundo”.

 

Soberanía energética

La soberanía energética (ODG, 2014) es el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros.

El debate actual sobre la soberanía energética se aleja de la defensa de las fronteras y de intereses alineados con las élites, denuncia la cultura que promueve la delegación de las decisiones en una supuesta neutralidad de los expertos, su planificación tecnócrata y la toma de decisiones desde arriba. Se opone a la exclusión de los saberes tradicionales, la participación de la ciudadanía activa y la corresponsabilidad. Hace eje en la participación social para garantizar el derecho a la energía y la preservación del medio ambiente.

 

Soberanía financiera

Los instrumentos de política monetaria de los bancos centrales han perdido buena parte de su eficacia mientras se ha creado un conglomerado de medidas y técnicas financieras innovadoras que han servido para que el capital financiero se deshiciera de muchos de los límites que le imponía el Estado nación. Al mismo tiempo, gracias a los llamados acuerdos público-privados, se han generado tácitamente gobiernos en la sombra y se ha sustituido el gobierno global que encarnaban las instituciones de Bretton Woods por la gobernanza global en poderosas manos privadas.

Rodolfo Treber (2020) declara que “para salir de la actual crisis de empleo-producción-deuda en que se encuentra el país necesitamos recuperar la soberanía financiera. Debemos rescatar los recursos económicos del pueblo argentino de manos de extranjeros que no persiguen el interés nacional ni tienen vocación de hacerlo. Dentro de cada una de esas esferas, la concreción de la soberanía está en cómo se despliegan los intereses nacionales con participación de los actores como centro de la política pública”.

El autor pone en cuestión que el sistema financiero pueda facilitar la especulación y la fuga de capitales, cuando debería –a través del Banco Central de la República Argentina- regular el mercado y contribuir a la independencia económica del país derivando ingresos hacia la inversión productiva. En efecto “La falsa independencia o autarquía [del Banco Central] promocionada por el capitalismo en cualquiera de sus vertientes teóricas, enmascara […] que esa independencia es, únicamente, a las necesidades del pueblo, mientras sirven a los organismos internacionales de crédito, embajadas extranjeras y oligarquía cipaya. Hay que reformar la carta orgánica del BCRA para aumentar su poder regulador y vincularlo directamente con los objetivos de independencia económica y justicia social de la Nación” (Treber, 2020).

Es evidente que, debilitada la vieja noción de soberanía, los pueblos recrean el principio a partir de la defensa de los bienes comunes que permitirá abordar la cuestión de fondo. En efecto, se trata de garantizar la soberanía alimentaria, energética y financiera para alcanzar la felicidad individual como producto de una realización colectiva que, en consecuencia, lleva a la autonomía de la nación. En términos de Treber (2020) “mientras lo económico sea lo mandante la vida será consecuencia de nuestras tareas productivas; pero si revertimos la prioridad e imponemos la comunidad como objetivo, la economía será la consecuencia de nuestra organización social. La libertad que sea humana, y no del capital”.

 

Conclusión

En la etapa actual del sistema capitalista las élites esperan que el Estado cobre relevancia sólo para resolver “fallas de mercado” o para acudir en su auxilio. Lo que las sociedades y sus trabajadores necesitan es que el Estado constituya la base sobre la cual se estructure un modelo de desarrollo capaz de garantizar los derechos (a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo) de todos los/as ciudadanos/as.

La herramienta a partir de la cual es posible pensar el desarrollo con inclusión social son las empresas estatales y la regulación pública. En el texto hemos podido ver que varios autores contribuyen a derribar varios de los mitos edificados en torno al accionar del Estado para concluir que el papel del mismo es enorme no sólo en la demanda sino también en la oferta de bienes, en particular de tecnología; que la participación del Estado no sólo no excluye o asusta a los inversores sino que constituye un factor importante de impulso a la innovación, y también que puede funcionar como agente de liderazgo en la economía de un país.

Más allá de la rentabilidad, la inversión pública puede estar corriendo la frontera de posibilidades o produciendo efectos secundarios de las inversiones.

Asimismo, es necesario salir de la contabilidad macroeconómica neoclásica para analizar el rendimiento de las inversiones. Más allá de la rentabilidad, la inversión pública puede estar corriendo la frontera de posibilidades o produciendo efectos secundarios de las inversiones. Puede estar generando tecnologías, mercados y sectores económicos, además del aporte al ingreso nacional.

Las nuevas empresas públicas, para persistir en el tiempo y ser eficaces, deberán contar con presencia estatal pero también con la participación de los sujetos sociales vinculados a los bienes que administran (productores, consumidores, organizaciones, cooperativas, comunidades, empresas). De esta manera, responderán a sus objetivos sociales y estarán a salvo de las coaliciones conservadoras que arrasan con los logros de los gobiernos de raíz popular.

 

Está claro que cuando se trata de problemas sociales y económicos es el Estado y no la empresa privada quien está en condiciones de responder.

 

Bibliografía

Carballo González, Carlos (2018): Soberanía alimentaria y desarrollo: caminos y horizontes en Argentina Cuadernos para la Soberanía Alimentaria, Nº 2 – 1a ed. Revisada, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Escuela de Nutrición – UBA, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria FAUBA- UBA, Ed. Mónadanomada.

Dvorkin, Eduardo (2017): ¿Qué Ciencia Quiere el País? Los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales, Buenos Aires, Colihue.

Dvorkin, Eduardo (2019): “Ciencia, tecnología e inclusión: planificar el desarrollo”, IADE.

Fernández Such, Fernando (2020): “Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria Análisis internacional”, Ecuador.

Mazzucato, Mariana (2014): “El Estado emprendedor: Mitos del sector público frente al privado”, RBA, Barcelona.

ODG (2014): “Definiendo la soberanía energética”, Obsevatori del Deute en la Globalització, consultado en https://odg.cat/.

Sábato, Jorge; Botana, Natalio (1967) “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América latina”, en http://docs.politicascti.net/documents/Teoricos/Sabato_Botana.pdf.

Sampay, Arturo E. (1981): “La filosofía de las empresas estatales”, Realidad Económica Nº 75.

Treber, Rodolfo (2020): “Soberanía financiera: cómo se entretejen independencia económica y justicia social”, Fundación Pueblos del Sur, especial para El ciudadano, consultado en elciudadanoweb.com.

Ugalde, Alberto (1983): “Las empresas públicas en Argentina”, Documento preparado para el seminario Planeamiento y Control del Sector de Empresas del Estado organizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto de Planeamiento Económico y Social (IPEA) del Brasil a través del Convenio IPEA/CEPAL, Cepal, 15 al 17 de junio, Brasilia.

Vilas, Carlos (2009): “Arturo Enrique Sampay y la Constitución Nacional de 1949” en http://cmvilas.com.ar/index.php/articulos/14-estado-y-democracia/, consultado el 4/7/2020.

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