El desarrollo en disputa. La Argentina reciente

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Por: Francisco CantamuttoFrancisco Cantamutto

Licenciado en Economía (Universidad Nacional del Sur Argentina). Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO México). Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (FLACSO México). IDAES-CONICET/SEC.

Resumen

Por fuera de una referencia vaga, el significado del “desarrollo” es siempre polisémico, y esto repercute sobre su carácter dual: en tanto teoría propone un ordenamiento de lo real, y en tanto propuesta, supone un programa de acción. Por ello, el desarrollo está siempre inserto en disputas por su interpretación, una pugna eminentemente política. Estas construcciones políticas del desarrollo se realizan a partir de un grupo social, y por tanto, siempre sostienen una determinada economía política de ganadores y perdedores. Este artículo propone contornos de esta comprensión del desarrollo, para pensarlo en relación a la historia reciente de Argentina. El texto no profundiza en resultados de los procesos recientes, sino en sus caracterizaciones generales.

Palabras clave: Desarrollo, Programas políticos, Disputa política, Kirchnerismo, Cambiemos

 

El llamado a cooperar en aras del desarrollo parece una apelación en la que el acuerdo pareciera total y autoevidente. Sin embargo, fuera de una vaga referencia general, las discrepancias parecen ser la norma. ¿Qué significa ser “desarrollado”?

Como señalábamos en Costantino y Cantamutto (2017), los sentidos en que se comprende el desarrollo han variado a lo largo de la historia, y de lo que se entienda por éste se derivan políticas específicas para lograrlo, alterando nuestra situación cotidiana de vida. El progreso se consagró como ideal social durante la expansión del capitalismo industrial en el siglo XIX, asociando la producción a las revoluciones tecnológicas, que parecían liberar a la humanidad de los límites de la naturaleza por primera vez en la historia. Se generalizó así la imagen de que se podía controlar el destino de la sociedad, rompiendo ataduras previas.

Ésta es la antesala del desarrollo económico, aparecido como categoría en la segunda postguerra en el marco de una disputa ideológica y geopolítica global, como parte de los debates sobre la modernización de las sociedades[1]. Aunque hay referencias previas en la Sociedad de Naciones, es concretamente en el discurso de asunción como presidente de Estados Unidos en 1949, cuando Harry Truman lo introdujo para caracterizar a ciertos países como desarrollados y a otros –por su diferencia con el primer grupo- como no desarrollados. Así, emerge una teleología por la cual unos países buscarían emular los procesos de otros. De aquí surgían diversas iniciativas para incidir en la política de los primeros, creando instrumentos afines para tal intervención; centralmente, los organismos multilaterales y la cooperación internacional.

El carácter a-histórico de esta lectura fue discutido con ahínco desde América Latina. En tal sentido se orientó la interpretación del esquema de centro y periferia del estructuralismo (Ferrer, 1998; Furtado, 1964; Prebisch, 1981; Sunkel y Paz, 2005), que centraba sus expectativas de cambio en el proceso de industrialización. En polémica con la anterior visión, pero compartiendo su visión de una estructuración jerárquica de las relaciones entre países[2], surge la teoría marxista de la dependencia (Bambirra, 1978; dos Santos, 2011; Marini, 1973). En este caso, se entiende que las ataduras que ligan a los países entre sí de manera desigual no se resuelven mediante la industrialización[3].

A partir de los años ’70 el desarrollo incorporó múltiples variaciones a su acervo, al buscar incorporar dimensiones no económicas como la salud, la educación, el acceso a bienes básicos. Nuevas aproximaciones pusieron énfasis en dimensiones territoriales (realzando la importancia de lo local) y en las capacidades (con centro en las libertades políticas) (Valcárcel, 2007). Recientemente, América Latina ha sido espacio privilegiado para renovar y cuestionar las ideas de desarrollo.

Este texto propone algunas nociones generales sobre la noción de desarrollo, para luego pensarlas sucintamente para la Argentina reciente.

 

Conceptos, programas

Como acertadamente señalaba Roig (2008), en pocos conceptos la polisemia tiene implicancias políticas tan directas como en el caso del desarrollo. Es regla de cualquier trabajo sobre el tema aceptar que la noción no es unívoca, pues remite a múltiples tradiciones y representaciones. c. Teórico pues busca ordenar la realidad en categorías comprensibles, de  modo de comprenderla y analizarla. Es una interpretación del cambiante magma de lo real. Normativo, porque al mismo tiempo propone una idea –más o menos específica- de hacia dónde se debería orientar las fuerzas sociales. Es una propuesta de orden, que supone un conjunto de tareas y de agentes que se privilegian. Por lo mismo, en ambos sentidos, se trata de una disputa por el sentido, una operación netamente política, donde intervienen de manera indefectible los valores e ideas de quienes proponen qué es el desarrollo.

En tal pugna, claro está, siempre hay quienes ganan, y quienes pierden. No existe nunca una mejoría equivalente para cada integrante de la sociedad: en el escenario más benévolo, existen avances de diversa intensidad; en el escenario más común, algún grupo social ve afectados sus intereses. El desarrollo implica una distribución de beneficios y costos, que se reparten siempre de forma asimétrica, y en diferentes intensidades. Por eso es necesaria una perspectiva de economía política para comprender el fenómeno, lejos de la imputación moral.

En última instancia, es un concepto en permanente disputa (Madoery, 2012). No hay, no puede haber, una única noción fija y permanente de qué se entiende por desarrollo que cubra las expectativas de toda una sociedad como las contemporáneas, de gran complejidad y diversidad. El corolario de la anterior afirmación es que aquella interpretación del desarrollo que se imponga sobre el resto, en un momento histórico dado, es un resultado contingente de una disputa simbólica y de poder. ¿Qué significa esto? Que lo que se entienda por desarrollo en un momento dado no expresa lo que toda persona que integra esa sociedad esté de acuerdo (menos aún que tenga que cuestionárselo).

Por supuesto, la idea de desarrollo que se sobrepone encima del resto, por ser una interpretación y una propuesta, se traduce en programas de acción. En el despliegue de tal programa, las políticas públicas cobran un rol central. A través de éstas, se impulsan algunas actividades, se cohíben otras. En ciertos casos, esto se realiza con capacidad coercitiva, en otros, como estímulo. Por su capacidad de definir orientaciones (incluso para perder capacidad de intervención), el Estado es una pieza clave del desarrollo –en cualquier interpretación que se haga de éste.

Esto no significa que el Estado sea plenipotenciario. Tanto la crítica neoliberal –que ve en el accionar estatal el origen de todos los males- como la reivindicación progresista –que lo ve como fuente de todas las conquistas sociales- recaen en esta pretensión (Bonnet, 2011). El Estado condensa un conjunto de relaciones sociales que lo exceden; es, podríamos decir, la forma política de lo social.

De aquí que una forma de ver las disputas por el desarrollo sea atender a las interpretaciones y recomendaciones que hacen los diferentes agentes sociales, según sus ideas, valores e intereses. Así, aparecen como partícipes de la pugna las asociaciones corporativas (empresariales), los sindicatos y los movimientos sociales, pero también las ONG, los organismos internacionales, medios de comunicación, las instituciones educativas y de investigación[4], por referir algunas de las más relevantes. Cada agente interpreta cuáles son los problemas, promueve alternativas, elije posibles aliados en la tarea… y también antagonistas.

Pero no debe pensarse que el Estado presenta un mero reflejo de las fuerzas sociales, pues introduce una mediación estrictamente política. Una dimensión de representación, que no es solo acarrear demandas pre-existentes, sino en mayor medida aún, crearlas, proponer, darles forma. La mediación más relevante en la política es la aquella que busca presentar las interpretaciones y objetivos propios como si fueran de toda la sociedad. Para adquirir poder en el Estado, es necesario traducir como interés general de la sociedad la voluntad propia, particular[5]. Por esta tarea es que, en la pugna por promover intereses propios, los agentes señalan sus ideas como las de toda la sociedad.

En este respecto, el Poder Ejecutivo condensa con mayor claridad la preeminencia de un grupo social que logra promover con mayor éxito sus propuestas. Debe ganar una orientación mejor definida. El Poder Legislativo, en cambio, alberga mayores diferencias en su seno, expresando más alternativas (Poulantzas, 1980).

Puede añadirse sobre este respecto la existencia de diversos niveles de Estado, según la comunidad que buscan representar, y que poseen diferentes instrumentos a su alcance. Así, el Estado nacional, que busca representar al país, posee la mayor cantidad de instrumentos, por variedad y alcance. Son de su incumbencia primaria la política fiscal, la comercial, la monetaria, la cambiaria, las relaciones diplomáticas, como principales herramientas. Los Estados provinciales tienen derecho para el cobro de ciertas tasas, y aunque desarrollan vínculos comerciales y relaciones exteriores, lo hacen supeditados al Estado nacional, y no tienen mayor capacidad de incidencia en las políticas cambiaria o monetaria. Los Estados municipales, por último, tienen una relación de mayor cercanía con la comunidad que representan, pero presentan la mayor carencia de instrumentos de política.

En relación a esto último, vale señalar que diferentes aproximaciones al desarrollo han enfatizado el valor de lo local en tanto territorio. La importancia de este punto es resaltar que estos niveles se cuentan con instrumentos para tomar la iniciativa y buscar alternativas para mejorar las condiciones de vida: no todo depende de soluciones definidas por fuera de esos espacios[6]. Sin embargo, no debe sobreestimarse la capacidad en este punto. Niveles locales no controlan definiciones básicas como el derecho laboral, la regulación ambiental o el trato a la inversión extranjera, que llevan muchas veces a competencias entre localidades o regiones subnacionales por atraer proyectos. Las grandes empresas, en especial, las trasnacionales, son las grandes ganadoras de esta carrera hacia abajo, pues les permite eludir controles y contribuir menos a las arcas fiscales[7]. Las posibilidades de redistribuir territorialmente requieren de acuerdos a mayores niveles de generalidad (incluso más allá de la nación).

En todos los niveles, debe enfatizarse, el Estado se ve constreñido por decisiones clave que no toma. La mayor parte del empleo, la producción, la inversión son decisiones privadas tomadas por empresas en función de sus intereses y necesidades, pero que tienen relevantes efectos sociales. En tal sentido, el empresariado tiene una gran capacidad de restringir el rango de opciones de las políticas públicas, mediante su propio accionar[8]. En sociedades como las latinoamericanas, donde además son muy pocas las empresas que controlan la mayor parte de los mercados, y en particular, el acceso a divisas por la vía de exportaciones, este poder se ve incrementado. De esta forma, el accionar estatal se ve limitado a no contrariar los intereses de este grupo social, conformado por pocas personas, pero de gran influencia[9]. O incluso más, a actuar de acuerdo con sus demandas, tentando su bienestar como locomotora para el resto de la sociedad (Jessop, 2008). Buscar modificar esta base de poder estructural implica, necesariamente, conflictos; aceptarla sin más significa aceptar que siempre habrá una minoría que se beneficie de manera prioritaria, debiendo el resto de la sociedad esperar que esta minoría le extienda sus oportunidades.

 

El desarrollo argentino en disputa

En los albores del siglo XXI, América Latina produjo importantes novedades en el debate sobre el desarrollo. Tras un proceso de creciente movilización social contra el neoliberalismo, diversos gobiernos interpretaron las demandas sociales como parte de sus programas políticos. Produjeron así un contraste con los años previos, en especial con una fuerte expansión en la política social, y diferentes alcances en sus políticas de empleo, de promoción industrial, de integración, de regulación e incluso de producción, entre los cambios más destacados[10]. En aquellos procesos donde se visualizó un cambio de estrategia, así como en los que siguieron los lineamientos neoliberales, existieron algunos puntos de convergencia, entre los que resalta el sesgo extractivista (sobreexplotación de los bienes comunes) y el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor (superexplotación)[11].

Argentina participó de esta renovación de la mano del kirchnerismo. Sin intención de hacer aquí una caracterización completa de esta fuerza política, ni un análisis detallado de la historia reciente del país, queremos anotar algunas ideas sobre la disputa por el desarrollo en los últimos años[12].

Es imposible comprender el escenario político argentino del siglo XXI sin referir al largo proceso de desgaste de la Convertibilidad (Cantamutto y Wainer, 2013). Aquel conjunto de políticas se presentó como un auténtico régimen, donde las reformas estructurales neoliberales orientaban la forma concreta de insertarse en el mundo. Las críticas desde las organizaciones populares se acumularon en el correr de los años, sumando a los sindicatos y parte del empresariado PyME, la novedad del movimiento piquetero. La Convertibilidad no cayó por una implosión súbita: la crítica al “modelo” se construyó lentamente a través de protestas, manifestaciones, documentos, consultas populares.

Pero fue también al interior del empresariado más concentrado que comenzaron a expresarse desacuerdos cada vez mayores. De hecho, entendemos que fue el sector que se dio en conocer como Grupo Productivo, comandado por la Unión Industrial, el que logró desplegar con mayor éxito su interpretación de la crisis y sus soluciones (Gaggero y Wainer, 2006; Schorr, 2001). Sus propuestas –conocidas públicamente- fueron el libreto ensayado por los interinatos de Rodríguez Saá y Duhalde, y que configuraron el marco macroeconómico de los años por venir (Cantamutto, 2015b). No referimos solo la modificación del tipo de cambio, la pesificación de la economía, la renegociación de deuda y la masificación de la política social, sino especialmente el encomio al capital productivo como fuente de bienestar para el país. El contraste se presentaba en relación a la preeminencia de las formas especulativas de actividad económica: frente a ellas, se valoraba la producción, en especial la industrial, como fuente de riqueza y de empleo. Por esas vías llegaría, pues, el bienestar del pueblo argentino.

Desde la campaña electoral y en el discurso de asunción, Kirchner resaltó como Norte de su proyecto político la búsqueda por la reconstrucción de una burguesía nacional, en el marco de un “capitalismo normal, serio”. Se entendía por tal a aquel que, a través de la producción, creaba empleo, y, por él, inclusión social. La política social era valorada como una medida transitoria, que permitiera la readaptación al mercado laboral de aquellas personas relegadas en años previos, y, a la vez, una forma de contención de la protesta (Féliz y Pérez, 2007).

Según lo presentado en la sección previa, podríamos afirmar que se constituyó así una interpretación de qué era el desarrollo, y con ello, un programa de políticas para alcanzarlo. Y en ello, la contraposición al neoliberalismo de los años previos jugaba un rol central, entendiendo sus características como fruto de malas políticas, y no rasgos constitutivos del capitalismo contemporáneo. En consecuencia, se entendía que se requería de la acción del Estado en un nuevo sentido como forma de alterar el curso de la realidad socio-económica (Muñoz, 2010). Esta nueva orientación rescataba las propuestas y discurso de un agente social específico, la industria concentrada, subordinando a su fortuna el bienestar del resto del pueblo argentino. De hecho, ganó cada vez mayor presencia en el discurso gubernamental la propuesta de re-industrialización, que apelaba al imaginario ligado a los procesos de mitad del siglo XX. Volver a la senda de la expansión industrial, de la que la nación fuera desplazada, he allí el núcleo de la visión del desarrollo que exitosamente conquistó el gobierno nacional.

Sin embargo, la puesta en marcha de este programa mostraba tempranas tensiones (Féliz y López, 2012), entre las que destacan la restricción externa, la crisis energética, las transferencias económicas y el atraso del salario para garantizar altas tasas de ganancia para la industria. Los agentes sociales encumbrados como dirigentes del mismo, que habían participado de la valorización del capital en años previos, carecían de voluntad o capacidad de dirimir por la vía del enfrentamiento la apropiación de excedentes con otros sectores de poder. Por su parte, aquellos agentes desplazados no lograban aún construir un discurso que abroquelara a otros sectores sociales consigo, de modo que sus reclamos aparecían como disputas corporativas. El parteaguas que revela esta pugna es el conflicto de 2008, entre el gobierno y las asociaciones empresariales del agro.

Confluyendo con una nueva configuración del mercado mundial, posterior al estallido de la crisis, se abre una nueva etapa. Por un lado, las limitaciones de la propuesta de industrialización –tal como fue estructurada- comenzaban a mostrarse con mayor claridad (Castells y Schorr, 2015). En aras de sostener el proceso en curso, se impulsaron iniciativas de conflictiva convivencia. Al tiempo que se expandieron las políticas sociales –en alcance y escala- y los derechos personales, se dio curso a una estrategia de acercamiento con el capital financiero a la coalición gobernante[13]. La política de pagos de deudas marcaba este rumbo, concitando los diversos apoyos[14]. No obstante, las principales contradicciones se sostenían, obligando a buscar soluciones puntuales, en lo que se llamó “sintonía fina”: la revisión de la política energética, la aplicación de diversas regulaciones sobre la balanza de pagos, las alternativas a los aumentos salariales.

Por otro lado, no existía aún una interpretación alternativa del camino a seguir. Los reclamos corporativos del empresariado agropecuario lograrían insertarse en un discurso neoliberal (que entendía la intervención del Estado como una pérdida de libertad, una intromisión) y cierta forma de republicanismo (que criticaba la vulneración a la división de poderes y la ética pública)[15]. En ese marco, concluirían las demandas de otros sectores del empresariado concentrado[16]. Esta interacción daría una forma –a través de los años y corporeizado en diversas coaliciones políticas- al discurso de la fuerza que ganaría las elecciones de 2015. En gran parte, éste no era traducido en políticas concretas durante la campaña, manteniendo un halo de generalidad que contuviera diversas expectativas de la ciudadanía. Se erigía así como alternativa ante el desgaste del proyecto previo.

Es posible que el núcleo de la interpretación de la alianza Cambiemos sobre el período previo sea la idea de engaño: una suerte de grupúsculo ocupó el gobierno, usándolo en su propio provecho, eludiendo las imbricaciones sociales del proceso político. Frente a ello, Cambiemos promovió una suerte de saneamiento, por el cual “equipos” y ciudadanos capaces que –desde alguna exterioridad- “entraban a la política” pasarían a cumplir las tareas básicas que atribuían al Estado. Esto esconde el hecho de que las dos principales fuentes de conformación de sus gabinetes son el empresariado más concentrado y los partidos, ambos con evidentes vínculos políticos (CIFRA-FLACSO, 2016).

Más allá, la metáfora se extiende a las políticas públicas, orientadas a “volver al mundo” en lo que refiere a las relaciones exteriores, y al “sinceramiento” en el orden interno (Arelovich et al., 2017)[17]. La apertura comercial y liberalización de la cuenta capital y financiera se acompañaron por una intensa apelación –hasta ahora sin resultados- a la inversión extranjera, con énfasis en sectores primarios de actividad (agroindustria, energía, minería e hidrocarburos). Se produjo un cambio en la concepción de la inflación y el manejo de la balanza de pagos, enfatizando el sesgo monetarista en ambos elementos: las subas de precios no obedecerían sino a la cantidad de dinero, y controlando ésta mediante las tasas de interés es posible lograr un equilibro externo, así sea que este se base exclusivamente en la toma de crédito. De hecho, el país ha iniciado un severo proceso de endeudamiento, que lo pone entre los de mayor intensidad a nivel global (Olmos Gaona, Kaiser, Keene, Lozano y Bordón, 2017).

Desde el ángulo del desarrollo, se trataría de volver a colocar al país en sus goznes naturales, y dejar que el curso de la sociedad procesa sin interferencias. Esta lectura, por supuesto, no es nueva: se trata de una operación ideológica de fuerte acervo liberal, que valora como única vía de progreso aceptar el orden existente[18]. Esta imagen no deja de tener ribetes contradictorios, pues se postula como vía de desarrollo –que implica mejora y cambio- aceptar un lugar ya definido en un orden dado, estable. Se proyecta así como forma de insertarse en un mundo nuevo, la proyección de un pasado idealizado -el de la Argentina agroexportadora. 

Al momento de escribir este texto, este nuevo programa se encontraba cercado por una contradicción básica: como programa basado en el ajuste social, pone en tensión los tiempos políticos –avanzar en las políticas sosteniéndose en el gobierno- con los tiempos económicos –lograr que el empresariado vea la viabilidad del proyecto y movilice sus recursos. Para consolidarse como fuerza política, solo pudo aplicar parcialmente su programa (arreglo con “fondos buitres”, aumento de tarifas, liberalización comercial y financiera, entre los más destacados), resultando insuficiente para movilizar la inversión. Aunque con sesgos claros y muy magros logros en materia económica, el proceso está aún en curso como para cerrar un diagnóstico de su alcance final.

 

Comentario de cierre

Este ensayo propuso una serie de reflexiones abstractas sobre la idea de desarrollo, con base en su derrotero histórico. Surgido en el marco de una disputa geopolítica e ideológica, el desarrollo fue, desde siempre, y a una misma vez interpretación y propuesta. No se puede escindir su bifronte tesitura: al analizar, se propone. Considerado así, el desarrollo es siempre una disputa, y la economía política se erige como una herramienta apropiada para comprenderlo.

El debate sobre el desarrollo se ha renovado en los últimos años en Argentina, merced de los diferentes proyectos políticos que han llegado al gobierno. Es posible identificar diferencias en cómo se ordenan a partir de diagnósticos y programas diferentes, que proponen distintas tareas para los agentes sociales. Simplificando, en el caso del kirchnerismo se pretendió que el empresariado industrial era portador de un proyecto de independencia nacional, que traería aparejada la inclusión de la población por la vía del empleo; mientras que con la llegada de Cambiemos se propuso apuntalar solo los sectores más eficientes como salida natural para el progreso, incluso si esto supone consolidar desigualdades.

Con las diferencias marcadas, existen también puntos en común. En primer lugar, como verdad de Perogrullo, ambas interpretaciones del desarrollo se enmarcaron dentro de una lectura del capitalismo contemporáneo. Además de desestimar acusaciones de que el kirchnerismo buscó superar este horizonte, esto permite vincular dos aspectos: por un lado, el respeto de las reformas estructurales de décadas recientes (revisándolas en un caso, profundizándolas en el otro); y por el otro, el privilegio del empresariado realmente existente como actor dirigente del desarrollo. Es relevante de enfatizar, pues se trata de una minoría social, y no son el único agente posible para construir mayor bienestar social. Aunque ambos procesos tienen diferencias en cuanto a las fracciones empresariales más beneficiadas y los impactos sobre el resto, coinciden en estos puntos.

En segundo lugar, en ambos casos la intervención estatal es clave para ordenar mediante sus políticas qué sectores ganan, y cuáles pierden. No se trata de Estados “grandes” o “pequeños”, sino en función de quiénes interviene. En tercer lugar, en ambos se propone una recuperación de algún momento histórico como puntal desde el cual relanzar el desarrollo: la etapa de la industrialización en un caso, la agroexportadora en el otro. Sobre este marco básico, sería relevante avanzar en el análisis de los resultados en cada caso.

 

 

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[1] En este punto vale resaltar que el desarrollo nunca fue comprendido como mero crecimiento económico, aunque la correlación es elevada con otros cambios esperados en la sociedad (modernización). El desarrollo guarda una relación estrecha con la expansión de la actividad económica (y con ella, del consumo y la presión sobre los bienes comunes y la Naturaleza), cuya lógica inmanente es el proceso de valorización del capital. En contraposición, han surgido en años recientes perspectivas críticas que promueven el decrecimiento en ciertas actividades, y la promoción de lógicas sociales de pos-desarrollo (Gudynas, 2011; Svampa y Viale, 2014).

[2] Esta escuela reivindica las tesis marxistas sobre el imperialismo, a diferencia del estructuralismo.

[3] Para profundizar en esta polémica sugerimos ver Beigel (2006), dos Santos (1998), Nahon, Rodríguez Enríquez y Schorr (2006), Osorio (2016) y Svampa (2016).

[4] De aquí la importancia de las ideas discutidas en universidades y escuelas, que contribuyen al debate público, sea interviniendo de manera directa, o a través de la formación de funcionarios/as, asesores/as, políticos/as, profesionales. La corriente neoliberal ha asignado fuerte importancia a este aspecto de la disputa de interpretaciones (ver Aronskind, 2008), logrando gran éxito en influir en la opinión pública. En particular, se puede remarcar su éxito en el sesgo adquirido por los planes de estudio de las carreras de Economía del país (Buraschi et al., 2015).

[5] Esto es, ni más ni menos, construir hegemonía (Cantamutto, 2015a). Ésta es siempre parcial y contingente, y no equivale a mera preeminencia ni mayoría (Kohn, 1991; Thwaites Rey, 1994).

[6] El riesgo es grande. Durante el apogeo del neoliberalismo en Argentina, desde el gobierno nacional se hablaba de provincias que no eran viables, lo que implica toda una definición en términos demográficos y políticos.

[7] En Argentina, las inversiones en minería muestran con claridad este problema, pues con la promesa de empleo para las localidades y recursos para el fisco, se vulneran diversas regulaciones o incluso se logra que éstas sean modificadas en favor de las empresas (Svampa y Sola Álvarez, 2010).

[8] A esta capacidad se la conoce como poder estructural del capital (Gough y Farnsworth, 2000; Przeworski y Wallerstein, 1988).

[9] En términos más precisos, deberíamos hablar de una clase social, la capitalista. Cualquier estimación empírica sobre la proporción de población que controla los medios de producción y los procesos productivos da cuenta que se trata de una minoría (Portes y Hoffman, 2003).

[10] Mucha tinta ha corrido por caracterizar estos procesos. Las más de las veces, son reunidos con demasiada liviandad como “populistas” o “de izquierda”, eludiendo las complejidades y desajustes con tal categorización.

[11] Por un debate en estos términos, ver Gudynas (2011), Katz (2006) y Svampa (2016).

[12] Para más detalles, sugerimos revisar Cantamutto (2017), López (2015) y Vilas (2017).

[13] Es probable que políticas como “Ahora12” sintetizaran esta nueva confluencia. En los spots oficiales, se podía reconstruir la siguiente secuencia: el crédito permitiría que ciertos sectores sociales mantuvieran (o incrementaran) su consumo, impulsando así la demanda, que promovía la producción (específicamente, industrial), lo que generaba empleo, y por esta vía, inclusión. Se integran así elementos típicos del neoliberalismo (financierización y consumo) con la propuesta de reindustrialización y “crecimiento con inclusión”.

[14] Solo algunas de las expresiones más predatorias del capital financiero se mantuvieron como exterior constitutivo, encumbrado como adversario máximo. El conflicto con los “fondos buitres” expresó esta estrategia, que no impedía ponderar los pagos de deuda como de “interés público”.

[15] Una vez en el gobierno, se haría patente que los elementos republicanos no tenían un peso real en el nuevo programa político, tratándose más bien de un uso instrumental (Adamovsky, 2016).

[16] Los coloquios de IDEA, los documentos de AEA y los debates en el Foro de Convergencia Empresarial fueron los dispositivos concretos donde puede analizarse esta confluencia.

[17] Habría que añadir el “emprendedorismo”, que pondera la iniciativa particular como fuente de desarrollo por encima del “dirigismo estatal”.

[18] El desvío de ese orden se habría producido por la interferencia estatal hace 13 años en la interpretación más cauta, mientras que otras sitúan el cisma hace 70 u 85 años.

 

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