Dossier
Lo que nos dejaron las I Jornadas Chaqueñas de Democracia y Desarrollo
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Las Ciencias Sociales buscan entender la realidad para poder transformarla y, para lograr ambos objetivos, se necesita de encuentros. Encuentros que permitan destruir, deconstruir y reconstruir así como intercambiar, discutir y consensuar las ideas que participan del imaginario colectivo de un momento histórico determinado.
Con este desafío en mente, y entendiendo que en la región no abundan espacios para pensar el territorio en clave política, económica y social; la Escuela de Gobierno llevó adelante durante los días 5 y 6 del mes de abril, las Primeras Jornadas Chaqueñas de Democracia y Desarrollo.
Durante las Jornadas, se encontraron académicos, profesionales del sector público y privado, funcionarios y estudiantes, entre otros miembros de la sociedad civil. Con conferencias que favorecieron la participación del público y diferentes mesas de ponencias, se “hicieron surgir” los conflictos, las preguntas, las prácticas y las ideas respecto de determinados ejes temáticos: el Estado y la Sociedad; la Democracia y la Representación; las Formas de Participación y Comunicación Política; el Trabajo y el Empleo; los Modelos de Acumulación y Estructura Productiva; el Ambiente, la Sustentabilidad y el Desarrollo Local, por mencionar sólo algunos de ellos.
En tiempos donde la práctica muchas veces acota el espacio para reflexionar y donde se interpela a los científicos sociales a dar cuenta de la “utilidad” de su pasión convertida en trabajo, más de 300 personas se reunieron en una de las provincias más pobres de nuestra república, para expresarse y participar en la construcción del país que desean y, dado el contexto, este no es un dato menor.
En un intento por recuperar los análisis presentados en torno a la Democracia y el Desarrollo, con sus diversas perspectivas, y de poner a disposición lo acontecido aquellos días, que trascienda e incida en la comprensión del momento político, económico y social que nos atraviesa como argentinos, ponemos a disposición este dossier. El mismo es sólo un breve resumen de los valiosos debates que hicieron de las I Jornadas un espacio de discusión y reflexión, que tendrá lugar, de ahora en más, una vez al año en nuestra provincia.
Deudas de la democracia
Dubet (2015) nos provoca en su libro “¿porqué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario)” a pensar en la construcción discursiva de las sociedades del Siglo XXI, allí el autor entiende que lo que predomina es una crisis de las solidaridades y un debilitamiento de los lazos sociales antes que una búsqueda de igualdad. Esta provocación también puede hacerse alrededor de los conceptos de democracia y desarrollo, por ser conceptos en apariencia deseables, pero de difícil acuerdo por todos y cada una de las personas que componemos la nación argentina.
Sin duda democracia fue uno de los conceptos más usados en las diferentes disertaciones realizadas durante las I Jornadas, aún cuando sus abordajes hayan sido muy dispares.
Por un lado, se presentó el debate en torno a los tipos de democracia, capacidades estatales y procesos de desarrollo inclusivos y sostenibles. Carlos Acuña,[1] sostuvo que el desarrollo argentino no ha sido inclusivo ni sostenible y que éste es un desafío para las condiciones político-institucionales. Tomando como indicadores a la pobreza, la desigualdad, la informalidad y la distribución del ingreso en los períodos 1974-2015 aproximadamente, evidenció que el desarrollo de nuestro país no ha sido inclusivo, sino que ha aumentado las desigualdades sociales, como tampoco sostenible, sino que se ha caracterizado por una volatilidad en la economía. Para el autor, los diferentes tipos de democracia, capacidades estatales y sociedades se configuran, por un lado, en democracias “liberales” -caracterizadas por la centralidad del Mercado para la asignación de recursos, actores sociales debilitados, sociedades más desiguales y Estados “mínimos”, “subsidiarios”-. La paradoja es que estos países no necesariamente podrían ser clasificados como conflictivos socialmente. Por otro lado, están las democracias “neo- corporativas”, con actores sociales organizados, fortalecidos, y Estados con alta capacidad de intervenir en los mercados y administrar las relaciones capital/trabajo, resultando en sociedades más igualitarias e inclusivas. Siguiendo esta interpretación teórica, Acuña entiende que la Argentina es una democracia “Dual”, que lidia con las tensiones propias de la relación capital/trabajo, como las tensiones entre sectores formales/informales-excluidos; es decir se enfrenta a problemas de desarrollo económico simultáneamente con los de desarrollo humano y social, tendientes a la integración y cohesión social. Esto hace que las capacidades estatales a desarrollar sean más complejas.
De acuerdo con Acuña, existen 4 obstáculos principales que complicaron nuestro entendimiento sobre la centralidad del Estado para el desarrollo, ellos son: Insuficiente reconocimiento del valor estratégico de la organización estatal y la gestión pública; “Nominalismo”, en el sentido de que no siempre contamos con integralidad sistémica, “Dogmatismo”, o lecturas sesgadas que imputan contradicción cuando no necesariamente la hay; Desconocimiento de la especificidad y magnitud de los desafíos que enfrenta el accionar estatal: de la coordinación sectorial/horizontal; de la coordinación vertical; de la planificación; de la evaluación; y de la administración de conflictos.
En los comentarios finales de su presentación, Acuña destacó que las condiciones para la construcción de una sociedad más justa y con capacidad de desarrollo inclusivo y sostenible son múltiples, y que debemos reconocer que algunas se encuentran fuera de nuestro control. Entre aquellas condiciones que están bajo nuestro control, el desarrollo de capacidades estatales es sine qua non, y este desarrollo, más allá de sus aspectos técnicos, constituye un proceso centralmente político, que afecta intereses y que demanda la construcción de acuerdos amplios, con mayor humildad y diálogo de los que han caracterizado a la política argentina hasta el presente.
Marisa Duarte[2], por su parte, focalizó su presentación en la inestabilidad de las democracias formales y en las tensiones entre economía y política. La autora entiende que la alianza político-social gobernante -Cambiemos-, al integrarse vía el sector financiero, el agroexportador, la banca internacional, la corporación judicial y los medios de comunicación, expolió a los sectores populares del país de los derechos obtenidos, y lo hizo principalmente a través del endeudamiento de las cuentas fiscales a niveles exponenciales, la transferencia de recursos a sectores muy poderosos, obstaculizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los sectores populares. Desde su perspectiva, esta situación conllevó un debilitamiento de los mecanismos democráticos en el país. La discusión sobre las formas de democracia y desarrollo, entiende, debe ser a partir de un replanteamiento del rol que cumplen los distintos actores, cuyas características han cambiado en el tiempo. De acuerdo con Duarte, es menester indagar si los sectores que forman parte de la burguesía nacional son verdaderamente son funcionales a intereses nacionales. Por otro lado, afirma que aquellos sectores que integran el campo de lo popular son víctimas de un esquema económico que los excluye; sin embargo, ejercen la oposición, disputan poder y discuten los modelos de desarrollo, los discursos y las recetas impuestas por organismos internacionales.
“Las democracias hoy constituyen una ficción” enfatizó Jorge Capitanich[3] en su conferencia. De hecho, afirmó que el poder económico corporativo se ha encargado de destruir los principios esenciales del sistema republicano, democrático, federal y social de gobierno. Para él, las democracias de los países occidentales están subordinadas a los poderes económicos, en las democracias ficcionales el verdadero poder lo tienen las corporaciones y no existe representatividad popular. Es por ello que las sociedades se caracterizan cada vez más por ser injustas y desiguales, especulativas, con mayor desempleo y explotación. De acuerdo con Capitanich, en este contexto en que las corporaciones transnacionales -en algunos casos- cuentan con mayor poder económico que muchos países en desarrollo, resulta imprescindible redefinir el sistema político, institucional, económico y social que garantice una humanidad donde la libertad sea posible.
El estado de las cosas
En estrecha relación con la agenda de la cuestión social, durante las I Jornadas se presentaron, además, reflexiones en torno a la pobreza. Al respecto, Mariana Heredia[4] se preguntó si este interés también se corresponde a la pregunta por la desigualdad y planteó la necesidad de reconocer la evolución del concepto de pobreza. En ese sentido, afirmó, es menester la definición de las dimensiones y los indicadores de la variable que hacen observable y medible al concepto de pobreza, las diferentes formas de medición y el predominio que brindan a los ingresos para la satisfacción de las necesidades. Puso énfasis en la centralidad de los números que hacen que se entienda a la medición como la única verdad y se desproblematice que se trata de construcciones humanas, que suponen ciertos recortes e insuficiencias, que son más o menos sensibles a la coyuntura y que, además, operan sobre las acciones humanas. Las mediciones de la pobreza tienen tanto fortalezas como debilidades; tienen, por ejemplo, una gran capacidad de síntesis y efecto, pero ponen más énfasis en las magnitudes que en la calidad, poseen una gran capacidad performativa y, sobre todo, hacen una delimitación ficticia de grupos con características sociológicas muy diversas y cuyas fronteras son mucho menos estrictas de lo que las categorías “línea de indigencia” y “línea de pobreza” muestran. La autora profundizó su crítica al término “pobreza”, expresando que ese concepto reduce la inscripción social a los ingresos, subestimando la temporalidad de otras dimensiones. Además, el término no diferencia entre supervivencia y bienestar, soslaya las diversas condiciones y oportunidades de vida de quienes superan la pobreza, así como elude la discusión sobre qué es necesario y justo en materia de distribución, al tiempo que relega a los grupos subalternos a la pura negatividad.
En su conferencia, Heredia propuso discutir las gradaciones de la distribución; mostró cómo la escala de ingresos y la medición de la pobreza son sólo la punta del iceberg, mientras se oculta la desigualdad social y, con ella, los problemas de la precarización del empleo y la exclusividad del sistema educativo, sobre todo en los niveles superiores. En lo que respecta a la relación educación-trabajo, Heredia enfatizó sobre la exclusión que realiza el mundo del trabajo de los menos calificados, el riesgo que corren con la automatización cada vez mayor de las actividades de producción primaria y, por ende, la profundización de las desigualdades que esa situación conlleva. En sus conclusiones, señaló que es necesario repensar la democracia y el desarrollo a través del diálogo entre las Ciencias Sociales y la creación de espacios de controversia pluralista especializada, donde, fundamentalmente, los números no reemplacen la interpretación de la realidad social.
Que queremos más y mejor democracia y desarrollo parece el discurso imperante en nuestro país, por lo menos desde hace más de tres décadas. Sin embargo, como se dijo anteriormente por momentos parece un discurso vacío de contenido, porque no dice nada de la forma en que se alcanzarán. Y en estas formas se esconden tensiones, por ejemplo, sobre las ideas de desarrollo bajo la concepción neoliberal, que como dijo Mercedes Marcó del Pont[5], plantea límites a las sociedades.
Para Marcó del Pont, se trata de un panorama difícil para cualquier país subdesarrollado como la Argentina encarar el desafío del desarrollo económico y la equidad en la distribución de la riqueza en el marco de una globalización financiera que afecta al mundo entero, porque implica discutir el desarrollo en un contexto de contradicciones. De acuerdo con la autora, es posible calificar esta etapa del capitalismo de los últimos 40 años como de globalización neoliberal, donde predomina un pensamiento hegemónico que, en definitiva, plantea la pérdida de espacio, de poder, de capacidad de maniobra del Estado sobre lo impuesto por el contexto de globalización. Detrás de este tipo de interpretación subyacen ciertas decisiones políticas, porque no es posible la desregulación, la apertura financiera, el disciplinamiento del trabajo y de las organizaciones sindicales, la desgravación a las empresas y los ricos, y el desguazamiento del Estado de Bienestar sin decisiones políticas de Estados nacionales. Esas decisiones las realizaron, fundamentalmente, los países centrales. De acuerdo con Marcó del Pont, no se debe perder de vista que el discurso neoliberal, ortodoxo, de derecha, en busca de un Estado mínimo, esconde o disfraza la transferencia del Estado al Mercado de las principales decisiones en materia económica, social o política, delegándolas en los intereses del capital; y no sólo del capital en sentido amplio, sino del capital financiero específicamente. La autora definió a esta etapa que tuvo inicio a mediados de los ‘70 como un proceso de hegemonía del capital financiero por sobre el capital productivo, una financiarización de la economía. Esto supone una riqueza ficticia, que llegó a ser 14 veces mayor a la riqueza productiva y que consiste en generar dinero del dinero, no generar dinero a través del excedente del trabajo. “Ese es el mundo en el que estamos metidos”, destacó.
En la historia más reciente de nuestro país, Marcó del Pont reivindicó del gobierno kirchnerista muchas decisiones políticas, pero en especial, una que marcó una línea importante: ir en contra de la lógica de financiarización, que supuso, por ejemplo, no permitir que ingresen capitales a corto plazo especulativos; fortalecer y proteger a los mercados internos considerados fundamentales para el crecimiento a través del trabajo bien pago; la capacidad de consumo; cambiar la idea de que el Banco Central sirva a la bicicleta financiera -el rol de los bancos tenía que ser orientar el crédito, los ahorros de todos los argentinos hacia la producción y sobre todo hacia las medianas y pequeñas empresas. La autora sostuvo que durante ese periodo hubo una serie de decisiones políticas que permitieron recuperar grados de soberanía, entendida como capacidad del Estado, para desplegar políticas públicas a favor del desarrollo, de las mayorías, de la industrialización, o como se quiera al desarrollo económico. En ese sentido, afirmó: “Pensar que podemos hablar de industrialización, de transformación de nuestra base productiva primaria, de los patrones de inserción internacional sin discutir esta lógica de la financiarización, es estar viendo películas diferentes. Porque la contradicción principal para el desarrollo es la financiarización de la economía y no quedan dudas de que el neoliberalismo es funcional a los intereses financieros antes que productivos. Un neoliberalismo que de neo tiene poco, porque en realidad es la vieja política liberal, subordina estructuralmente a países como la Argentina a las economías centrales, achicando las libertades y, por ende, la soberanía”.
En estrecha relación a la idea de subordinación a las economías centrales que planteó Marcó del Pont, bajo el título “La deuda del desarrollo en el modelo económico actual”, Pablo López[6] aportó a la discusión el debate sobre el endeudamiento en los procesos de desarrollo de los países. Retomó las ideas de autores nacionales clásicos como Diamand, Di Tella y Ferrer, entre otros, para responder al interrogante: “¿Cómo puede superarse el limitante crónico al crecimiento económico, que ha sido la falta de divisas, recurriendo al endeudamiento?”. El autor señaló que cuando se observan los procesos de endeudamiento, es difícil sacar como conclusión que el crecimiento del endeudamiento está asociado al crecimiento de la economía. En realidad, en una mirada de largo plazo, durante la etapa ‘60-’75 se evidenció, por ejemplo, un crecimiento pronunciado de la economía, pero no asociado a ningún ciclo de endeudamiento. Entre 1975 hasta el año 2000, en general, los períodos de crecimiento del endeudamiento en la Argentina estuvieron ligados a procesos de estancamiento, por ejemplo, el de los años ‘75-’80, y un poco más difuso en los ‘90. La década del ‘80 suele denominarse como “década perdida” para los países de América Latina, ya que los países no crecieron y estaban altamente endeudados, y se caracterizaron por el refinanciamiento permanente de la deuda en acuerdo con el FMI. Argentina, por ejemplo, entre el ‘83-’92 firmó 10 acuerdos de reestructuración de la deuda con el FMI, Brasil 9, y México 8, respectivamente. Estos acuerdos conllevan llevar adelante una serie de políticas recomendadas por el organismo, a la misma modalidad se suma el Banco Mundial, que en un primer momento otorgaba préstamos para obras de infraestructura, principalmente, pero luego termina adoptando un comportamiento similar al del FMI y, por último, a finales de la década del ‘80, se suma el Banco Interamericano de Desarrollo. La década del ‘80 termina con el establecimiento del Consenso de Washington en el ‘89, y con el famoso Plan Brady, que consistía en cambiar la deuda directa que tenían los países con los bancos por bonos respaldados con bonos del tesoro de EEUU. Este cambio de configuración de la deuda -pasar de deberle a los bancos internacionales a un sin número de acreedores financiadores tenedores de bonos- es lo que permitió el desarrollo del modelo económico de los ‘90, donde el indicador deuda externa/PBI aumentó casi 30 puntos porcentuales, siendo el período de mayor crecimiento de deuda. Ese periodo finaliza con la mayor crisis económica de la historia de la Argentina en el año 2001. La etapa 2003-2015 se caracteriza por una fuerte política de desendeudamiento, donde la Argentina negocia con la mayoría de los acreedores logrando grandes quitas en los bonos a pagar a los llamados “fondos buitres”. En este proceso de desendeudamiento, la deuda llegó a representar el 8,9% del PBI.
Para López, a partir del cambio de gobierno en 2015, es posible afirmar que empezamos a ponernos “a tono” con los demás países de América Latina; se comenzó a emitir deuda, hasta acercarnos al umbral del 60% del PBI -hoy ronda el 56%-, con el agregado de que no sólo el Estado nacional se endeuda, sino también lo hacen las provincias y el sector privado, lo que constituye una novedad de este último ciclo de endeudamiento. Las provincias se endeudaron en dólares, cuando sus ingresos no son en la misma moneda, eso las expone a fluctuaciones en el tipo de cambio, siendo práctica de algunos de los gobiernos provinciales el cambio de esa deuda por pesos y la posterior inversión en Lebacs. En estos años, la Argentina se destaca por ser el país que más deuda emitió en todo el mundo -en sólo dos años, la deuda nominal creció 29%-. Este fenómeno, además, se produce en un contexto en donde la economía argentina no crece, el consumo no repunta, la inversión está estancada si se la mira en relación al producto, y el saldo comercial es fuertemente deficitario. Mientras tanto, la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó muy poco, y la inversión de cartera creció fuertemente. En sus conclusiones, López afirmó que lo que sostiene este modelo es la famosa promesa de “lluvia de inversiones”, que no sólo nunca ocurrió, sino que, de hecho, es de las más bajas de la región y se mantuvo prácticamente estancada, según datos que muestran la inversión en términos del PBI.
A propósito de la legitimación del modelo económico actual y las promesas que podrían haber influido en el éxito electoral, Paula Canelo[7] destacó que estamos frente a la construcción de un cambio cultural, que incluye oposiciones fundamentales y legitimaciones excepcionales; una de ellas es la “mirada aspiracional” versus “la única verdad es la realidad”. En el discurso del gobierno de Cambiemos, la aspiración es una promesa que no sólo no necesita concretarse, sino tampoco ser contrastada con la realidad ni validarse en resultados concretos. “La única verdad es la realidad” no es un criterio válido para contraponer a la mirada aspiracional, porque la política deja de ser un instrumento que busca el bienestar de la mayoría, para convertirse en un instrumento de erradicación de los obstáculos que presentan a la gestión los hiper actores individuales.
Los clivajes que presenta la autora se completan con las oposiciones “meritocracia” versus “prebenda”, y “naturalización y validación de las jerarquías sociales” versus “politización del conflicto social”. Respecto del primero, de acuerdo con Canelo, lo que construye este discurso es un imaginario individualista que permea a sectores sociales heterogéneos, e incluso ancla en una nueva “individualidad popular” de sectores populares urbanos, en los cuales los individuos están en estado puro -también llamados hiper actores-, porque están despojados de todas las protecciones institucionales. El mérito como criterio específico de justica se une al ideal de la competencia, en un marco de debilitamiento de las instituciones e hiper individualización de las estrategias. Los criterios de ascenso social justos y legítimos se anclan en la capacidad individual, como un premio a la posesión y puesta en juego de atributos individuales como el carácter, la temple, el sacrificio, la viveza, por mencionar sólo algunos. Mientras que los criterios ilegítimos/injustos se asocian a beneficios institucionales y estatales -prebenda-, vinculados al “consumo artificial”. Las figuras paradigmáticas del modelo meritocrático son, por un lado, los CEOs y su supuesta portación de valores de eficiencia y transparencia -probados y validados en el sector privado- y, por otro, los emprendedores, cuyo mérito es el resultado -éxito- que obtengan en sus emprendimientos. Respecto de la última de las oposiciones, se trata de una estrategia comunicacional que muestra por prácticas, usos y reglas específicas de una posición social muy diferente al resto de la sociedad, lo que la autora denomina una “señalética de clase” para denominar a estos ricos que se muestran como ricos. Según Canelo, su legitimidad radica en la posesión de ciertas propiedades excepcionales que conllevan la representación por notables; dichas propiedades son: encarnar y escenificar el éxito a través del dinero y la libertad económica; y garantizar el mantenimiento de las distancias sociales antes que bregar por la politización del conflicto social. A lo anterior agrega que se trata de una minoría que defiende la poderosa cohesión interna fruto de su pertenencia de clase, mientras propone para el resto de la sociedad una acentuada individualización. Esto se repite en el discurso meritocrático que se propone como criterio de justicia para la sociedad, mientras se ocupan las más altas posiciones en la jerarquía social por atributos de los cuales no son responsables, como la riqueza familiar.
En su desarrollo, la autora regresa a la idea del cambio cultural previamente mencionada; y contextualiza ese cambio fundamentalmente en la instalación de un nuevo sistema de valores que consolida un proyecto antipopular y regresivo, que propone una alejamiento de las tensiones derivadas de los procesos de integración del modelo kirchnerista. Es decir, la construcción de una frontera con el modelo anterior es central en la construcción de este nuevo sentido común. A modo de cierre, la autora explicó las consecuencias que acarrea este modelo, focalizando en la profundización de las individualidades y en las “crisis de solidaridades”; Canelo asocia estos fenómenos a la búsqueda de “mantenerse a salvo” del otro. En este contexto, afirma que existen vastos obstáculos para construir una oposición política, por las dificultades que implica contrarrestar la promesa aspiracional con una promesa alternativa no centrada exclusivamente en políticas económicas orientadas al crecimiento económico y el empleo.
Cabe resaltar, por último, que al presentar el perfil sociológico del gabinete nacional inicial del gobierno de Cambiemos, según los datos recabados por el Observatorio de las Elites Argentinas, Canelo sostiene que existe un cambio significativo en la articulación entre élites políticas y económicas caracterizada por la alta presencia de CEOs y dirigentes empresarios en la función pública, incluso con un alto porcentaje de funcionarios con experiencia exclusiva en el sector privado, y una marcada participación en las organizaciones de la sociedad civil.
Reglas del juego
Teniendo en cuenta el inédito contexto de articulación entre élites políticas y económicas que caracteriza a la Argentina del presente, Ana Castellani[8] abordó la cuestión del desarrollo desde la articulación público-privada para la producción de servicios públicos como el transporte, la salud y la educación. En su conferencia, sostuvo que la articulación entre el poder estatal, económico y social puede ser virtuosa en un marco de reciprocidad, y que estos modelos híbridos de gestión de servicios públicos permiten advertir las ventajas y limitaciones a tener en cuenta. Desde su perspectiva, existen capacidades estatales que son necesarias para el desarrollo: capacidades institucionales relacionadas a la cohesión y coherencia de la burocracia, y capacidades relacionales vinculadas a la negociación, intercambio, disciplinamiento o autonomía del poder estatal. Para Castellani, el poder económico tiene la capacidad de incidir de manera determinante en el proceso de acumulación del capital, la distribución de la riqueza y la orientación de la acción estatal; para hacerlo, despliega acciones como: lobby, financiamiento a partidos políticos y ONGs, control de grandes medios de comunicación, acuerdos secretos con funcionarios para acceder a diversos privilegios a cambio de sobornos, colonización de reductos claves del entramado estatal colocando directivos de empresas en cargos públicos, etc. La autora señaló que el poder social, por su parte, reside en la movilización y organización voluntaria de la sociedad civil, que opera como contrapeso del poder económico y estatal. Esto permite, por un lado, menguar la tendencia hacia la concentración de la riqueza del poder económico y la concentración en la toma de decisiones, propia del poder estatal. Por otro, permite organizar acciones cooperativas para producir, distribuir y controlar bienes y servicios, para generar nuevas subjetividades y formas de relación social; disputa el sentido hegemónico en el espacio público y fortalece la democracia estableciendo vínculos sólidos con el poder estatal.
De acuerdo con Castellani, deben existir 4 condiciones para que la articulación virtuosa de estos poderes promuevan el desarrollo: Intervenciones económicas estatales de alta calidad; Un empresariado “disciplinado” y comprometido con el desarrollo; Un denso entramado de asociaciones voluntarias de la sociedad civil; Adecuados niveles de reciprocidad entre el sector público y privado.
Según la autora, la hibridación es la marca distintiva de los modelos de gestión en la Argentina, pero esto acarrea una tendencia hacia la configuración de ámbitos privilegiados de acumulación de capital para las empresas privadas, enriquecimiento ilícito de funcionarios e incremento del poder de asociaciones gremiales en algunos servicios públicos específicos.
Las limitaciones principales que se identifican en el modelo actual son: Vaivenes en la orientación de la acción estatal; Predominio de la lógica prebendaria en el sector privado, y de la corporativa en las asociaciones civiles y sindicales; Incremento en los niveles de autonomía estatal en la formulación de las políticas públicas -aunque estos niveles se erosionan en el proceso de implementación; Problemas de coordinación intra e inter burocrática y persistencia de déficits de capacidades técnicas y administrativas, agravados por la existencia de diversas modalidades de trabajo -contratados, planta permanente, transitoria, etc.-;Persistencia de relaciones de colusión público-privada -la gestión del transporte público como caso paradigmático; Ausencia de canales institucionalizados con actores sociales para definir metas comunes y favorecer procesos de reciprocidad público-privada.
En cuanto a las ventajas de este modelo en los servicios seleccionados, la autora identifica: Amplio grado de cobertura de los servicios públicos; Accesibilidad garantizada en todo el territorio para el caso de los servicios educativos y de salud; Tarifas relativamente bajas para el caso del transporte de pasajeros, en especial en la zona metropolitana; Gratuidad garantizada para toda la población en los servicios de salud y en los educativos, incluso hasta el nivel universitario; Recursos humanos formados de alta calidad en los tres servicios; Fuerte activación de la sociedad civil en la defensa de sus derechos; Sólida organización gremial de los trabajadores de los tres servicios, capacidad de coordinación de acciones colectivas exitosas.
“Hablar de educación para el desarrollo, es hablar de un elemento absolutamente esencial de un país”, fueron las palabras iniciales de Abraham Gak[9] para plantear que al respecto existen dos miradas: una que podría catalogarse como neoliberal, que dice que la educación es un producto del comercio, y por lo tanto negociable, donde la confianza está puesta en el desarrollo privado de la educación y el Estado tiene que dedicar sus esfuerzos -los menores posibles- a servir a aquellos sectores que no tienen acceso a esas posibilidades. De acuerdo con esa visión, afirmó, se tiende a pensar en las escuelas públicas como escuelas para pobres, y una escuela privada que prepara para la dirección, el crecimiento, el desarrollo; es, indudablemente, una institución clave para el conocimiento científicamente valorado. El autor aclaró que esa visión no es exclusiva de un país, se encuentra generalizada; a ella se agrega la incorporación de sectores -entre los que se destaca el sistema financiero mundial- que han ido adquiriendo un poder a nivel mundial para imponer sus condiciones. A dichos sectores, sostuvo, no les interesa tener una población capacitada, que tenga espíritu crítico, que pueda enfrentar las crisis y proponer soluciones, buscan más bien un alumnado obediente, conciente y convencido de que su tarea es atender a las necesidades del sector privado. Según Gak, nuestro país hoy forma parte de este modelo educativo mundial, en tanto no hay un interés por parte del gobierno actual de modificar las condiciones de funcionamiento del sistema educativo -si es que, como afirmó el autor, se puede llamar sistema-. Al respecto, aclaró que lo que existe actualmente se parece más a una anarquía generalizada, donde distintos sectores tienen asignadas responsabilidades.
En referencia al contexto descrito, Gak se preguntó: “¿Qué podemos hacer?”. Para él, lo primero y fundamental es definir si nuestra tarea es formar profesionales -trabajadores, en lo posible capacitados para determinadas tareas-, o si, en cambio, buscamos formar ciudadanos con mirada crítica, y que esa meta alcance a la mayor cantidad de personas posibles. A continuación describió como la cantidad de años de escolaridad ha variado con el tiempo por la presión social: de la obligatoriedad impuesta de nivel primario en 1882 -con resultados nacionales muy diversos- a la incorporación de niños de 5 y luego 4 años en la actualidad. Se desprende que hay una población de 0 a 3 años que está exclusivamente -salvo esfuerzos particulares de algunos municipios- en manos privadas. Para Gak, este es un problema sumamente serio, porque se trata de una edad clave en la formación de cada chico y, además, porque consideramos que, de alguna manera, estando en manos privadas la educación de esta población es para una minoría, mientras la mayoría está en servicios sociales de la comunidad, o queda en manos de un vecino o vecina o una persona que no tiene una capacitación específica para atender a las situaciones de este grupo etario. La escuela primaria, secundaria y también inicial ya no es patrimonio de los docentes, no se puede aceptar que una escuela no tenga servicio de atención psicológica, que no haya por lo menos un trabajador social que pueda atender las situaciones particulares que se presentan y, desde luego, se debe contar con el apoyo de sociólogos que le permitan avanzar en la formación de ese futuro ciudadano. Para Gak, ese sueño de que todo ese sector que es la educación maternal debe estar en manos del Estado es fundamental. Además, por la detección temprana de las situaciones que pueda tener cada chico: problemas de familia, problemas de salud, etc., que en la medida que no se atienden generan condiciones de desigualdad de oportunidades. En sus conclusiones, Gak destacó que la igualdad de oportunidades es la condición básica y legítima de la democracia; no se puede cumplir en la medida que no nos hagamos cargo realmente como comunidad de la enseñanza. Y esto supone una enorme inversión, por un lado, para la creación de aulas y, por el otro, para el reconocimiento salarial de los docentes.
Un espacio para el debate nacional, fue la definición que utilizó Jorge Argüello[10] para las jornadas de democracia y desarrollo, destacando los aportes de las actividades de Escuela de Gobierno en la interpretación de la realidad local y nacional. Arguello se adentra en su conferencia en las vicisitudes que plantea una nueva edición del G20, este año presidida por Argentina. El G20 es el grupo de las 20 economías principales del mundo, donde por una suerte de magia o designación tienen a su cargo el comando y las principales definiciones lo aquello que tiene que ver con las grandes “avenidas” en materia comercial. Esto se da en un contexto particular, donde por ejemplo nosotros estamos saliendo de una etapa de certezas, entre comillas al menos, se trata de las certezas que al mundo le fueron dadas a partir de la finalización de la segunda guerra mundial. Porque en ese momento, los ganadores organizaron un sistema de funcionamiento, de toma de decisiones, un sistema de reglas y desde entonces -con sus más y con sus menos- eso funcionó en todo el mundo, lo que no quiere decir que fuera un sistema justo, pero sí que era el sistema imperante. Tenía eficacia, porque iba resolviendo (con sus más y con sus menos) el caos del mundo. Ese sistema hoy se encuentra en crisis, y para Argüello, se trata de una crisis terminal, porque aquello que daba certeza, previsibilidad hoy sólo genera incerteza e imprevisibilidad, y esto se debe a que la realidad ha cambiado. El proceso de globalización ha potenciado todo este cambio y entonces, hay problemas nuevos que requieren respuestas nuevas y nadie las tiene. Por lo dicho, 2008 va a ser recordado como un año de transición, donde vamos a un nuevo sistema, que traerá un nuevo esquema de decisiones y conjunto de normas que todavía no existe. En ese contexto aparece el G20, donde 20 países se reconocen de manera recíproca como representantes de una masa crítica con poder, y se basan en que detentan el 90% del PBI mundial, es decir que la suma de 20 países equivale a casi la totalidad del producto bruto interno mundial, a la vez que la suma de estos 20 países representa el 75% de lo que se comercia en el planeta, mientras que a su vez representa el 65% de la población mundial, mientras que Naciones Unidas se compone de 192 países. Originalmente, el G20 (creado en 1999) era una estructura estrictamente concentrada en lo financiero y se invitaba a Presidentes de los Bancos Centrales y los Ministros de Finanzas, no tenía el nivel de Jefes de Estado, a quienes se convoca recién cuando se dan cuenta (con la crisis de 2008) que las estrategias de los ministros está agotada y se realiza la primera cumbre de Jefes de Estado y Gobierno. El G 20 no es una organización, no es una instancia consensuada globalmente, sino que es un dato de la realidad, una foto de la transición de la que se habló. Para Argüello, en realidad hay un G cero, porque no existe una nación que pueda controlarlo todo, porque la globalización viene acompañada de una crisis de liderazgo.
A modo de cierre de las I Jornadas de Democracia y Desarrollo, la Directora de la Escuela de Gobierno planteó la importancia de estos espacios, de la participación de todos -expositores y asistentes- para pensar y prepararnos para la acción transformadora. Estar cerca, intercambiar, aportar, proponer son los objetivos de estos espacios de encuentro, a diferencia de las demás actividades realizadas en la Escuela de Gobierno tendientes a la formación en temáticas relacionadas al Gobierno y la Economía Política. Con la intención de que las Jornadas se fortalezcan con el paso de los años, se invita a todos los que hicieron posible estas jornadas a continuar participando y comprometerse en la construcción de la democracia como actores fundamentales que son, y venir en Abril de 2019 con aquello que hayamos construido juntos durante estos años y que al hacer el cierre de esas II Jornadas, veamos juntos de qué hemos sido capaces cuando abandonamos el individualismo y nos abocamos a la acción colectiva.
[1] IIEP Baires – FCE UBA/CONICET y Escuela de Política y Gobierno/UNSAM
[2] Doctora en Ciencias Sociales (U. de Barcelona). Magíster en Sociología Económica (UNSAM). Docente (UBA, Universidad de La Matanza, UNSAM). Investigador (U. Barcelona, UNSAM, UBA)
[3] Contador. Intendente de la Ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco.
[4] Licenciada en sociología (UBA), Magíster y Doctora en sociología (École des Hautes Études de París.) Investigadora adjunta del CONICET, docente-investigadora del IDAES-UNSAM y profesora en la UBA y UDESA.
[5] Magister en Desarrollo Económico de la Universidad de Yale (EE.UU.) Directora de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Ex diputada nacional (2005–2008), y ex presidenta del Banco Central de la República Argentina (2010)
[6] Licenciado en Economía (UBA), Magíster en Historia Económica (UBA). Especiado en Mercado de Capitales. Ex Secretario de Finanzas, y Director Nacional de Política Macroeconómica del Ministro de Economía. Director del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de UNPAZ.
[7] Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Magíster en Ciencia Política (IDAES – UNSAM) y
Licenciada en Sociología (FCS – UBA). Investigadora del CONICET. Docente de grado y
posgrado de la UBA.
[8] Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Licenciada y Profesora en Sociología (UBA); Magíster en Sociología Económica (IDAES-UNSAM); Docente UBA, Investigadora CONICET.
[9] Contador Público (UBA). Ex Rector del Carlos Pellegrini e integrante del Grupo Fénix. Actualmente Director de la Revista Voces en el Fénix, perteneciente a ese grupo y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires.
[10] Abogado (UBA), Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés). Ex- Diplomático de la embajada argentina en Estados Unidos, Portugal y Cabo Verde. Docente en la Carrera de Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Belgrano). Actual Presidente de la Fundación Embajada Abierta