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Vaivenes en la cuestión laboral y educativa de los jóvenes en Argentina. Tres movimientos políticos-económicos. Tres décadas.
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Introducción
El trabajo persigue dar cuenta del impacto de las transformaciones contextuales político-económicas, acontecidas desde los 90 a la actualidad en Argentina, en el mercado laboral y en los balances económico-ocupacionales de los hogares e integrantes que los conforman. Centrándose en las condiciones laborales y educativas de los jóvenes[1] residentes en hogares urbanos, a partir de las estructuras de oportunidades[2] que les habilita o inhabilita el contexto y del comportamiento estratégico juvenil que desarrollan en el marco de sus familias de origen[3]. Así, el interrogante crucial que guía estas reflexiones hace referencia a: ¿Cómo juegan las estructuras de oportunidades en las condiciones laborales y educativas de los jóvenes residentes en hogares urbanos argentinos? Partiendo del supuesto que las oportunidades de acceso e inserción en el mercado laboral como en el sistema educativo que logran los jóvenes están asociados significativamente a la localización de clase de la familia de origen.
El abordaje metodológico es centralmente estadístico y documental. Se trabajó a partir de datos estructurados, tanto de elaboración propia, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC-Total Aglomerados Urbanos), para el actual trabajo e investigaciones anteriores, como de fuentes secundarias de información (datos oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, papers y artículos periodísticos que dan cuenta de resultados de investigaciones, entre otros). En forma complementaria se analizan sucintamente normativas (como leyes-decretos) y extractos de entrevistas informales a estudiantes de universidades del conurbano bonaerense.
¿Cómo juegan las estructuras de oportunidades en las condiciones laborales y educativas de los jóvenes residentes en hogares urbanos argentinos?
Se resaltan, en perspectiva comparada, los vaivenes laborales y educativos de los jóvenes de 15 a 24 años que residen en hogares urbanos en Argentina. Específicamente, se ponen de manifiesto los avances y retrocesos en la materia en el marco de las tres últimas décadas que implican tres movimientos políticos-económicos, haciendo foco en los cambios de políticas laborales y educativas –principalmente- inherentes al modelo de regulación estatal que se inicia prácticamente en 2016[4]. Y se concluye con una reseña de los puntos analíticos destacados del trabajo, acompañada de lineamientos generales de políticas para abordar el problema de la integración social juvenil.
El contexto: La estructura de oportunidades
Por cierto, la economía es el terreno ineludible de la cuestión social y la política la encauza, distribuye los beneficios y sacrificios. Los economistas y los funcionarios de las áreas económicas de los gobiernos, en lo esencial, hacen y toman decisiones políticas que, consecuentemente, atienden o desatienden intereses y necesidades sociales.
(Grassi, 2018)
El patrón de crecimiento, el contexto macroeconómico y su impacto en el mercado de trabajo así como el contexto político, institucional y cultural que caracteriza a un país condicionan las posibilidades de inserción -económicas, socio-laborales y educativas- de los hogares y personas que lo conforman.
A mediados de los 70, Argentina inicia un proceso de transformación estructural y de redefinición del rol regulatorio del Estado que se consolida con las reformas de los 90, década en la cual el mercado resulta central habiendo un debilitamiento y / o achicamiento de las estructuras de oportunidades existentes.
Ambos procesos, han repercutido de manera negativa sobre los balances económicos y ocupacionales de una gran mayoría de hogares de sectores populares y medios. Los jóvenes no han estado ajenos a estas reconfiguraciones de las relaciones sociales y económicas dominantes como de los tradicionales caminos de integración e inclusión social de los distintos sectores. Es más, han sido uno de los grupos sociales más perjudicados, pasando a ser el grupo etario con la tasa de desempleo más alta, de menores ingresos, menor permanencia y estabilidad en el mercado laboral y condiciones de contratación más precarias (Salvia y Saavedra, 1997; Miranda, 2007; Pérez, 2008; Molina Derteano y Robert, 2012).
A ello se suma la heterogeneidad social que los habita. Al respecto, existen al menos dos lógicas desde las cuales puede pensarse dicha heterogeneidad, la lógica de la diferencia (comúnmente de género, edad, etc.) y la lógica de la desigualdad (situación económico-social). Las cuales se superponen y plantean universos verdaderamente dispares en las distintas formas de “ser joven” (Escobar Cajamarca y Mendoza, 2005).
han sido uno de los grupos sociales más perjudicados, pasando a ser el grupo etario con la tasa de desempleo más alta, de menores ingresos, menor permanencia y estabilidad en el mercado laboral y condiciones de contratación más precarias
Durante el período 2002-2015, el Estado recupera su centralidad, al aumentar su capacidad regulatoria y protectora, acompañando a las instituciones de la sociedad y el mercado en la definición de oportunidades. Ello impacta positivamente en los activos o recursos de una proporción considerable de hogares (Saavedra, 2018).
Por ejemplo, se recuerda que durante la primera parte de la década del 2000, la combinación de alto crecimiento y mejoras en la distribución del ingreso dio lugar a una fuerte reducción de la pobreza en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (Cruces y Gasparini, 2013). Argentina formó parte de este fenómeno. Tras la crisis macroeconómica sufrida en 2001/2002, la economía creció entre 2004 y 2007 a una tasa anualizada de 8,7% y la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, cayó de 48,1 en 2004 a 46,1 en 2007. Sin embargo, estas tendencias positivas fueron menores a partir de 2011. Entre 2011 y 2014, la economía creció 1,2% anual y la desigualdad del ingreso se redujo en solo 0,9 puntos de Gini. El menor crecimiento de la economía y la menor reducción de la desigualdad del ingreso han estado asociados a una menor caída en los niveles de pobreza (Bracco el al., 2019)
Este proceso hizo posible la reapertura de algunos caminos de inserción laboral y educativa para muchos jóvenes, ya que las condiciones laborales y educativas de los jóvenes están asociadas significativamente a los recursos socio-ocupacionales y económicas de la familia de origen, si bien las desigualdades juveniles persisten (Saavedra, 2018).
En este sentido, es importante resaltar que el empleo continúa siendo la base material principal de la inclusión social y, por lo tanto, la disponibilidad de empleos de calidad juega un papel clave para la cohesión social. Esto vale especialmente para los jóvenes, pues la inserción laboral productiva les permite integrarse de manera crecientemente autónoma a la sociedad (Weller, 2009). Hoy día los discursos apuntan a la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a una ciudadanía plena, en la que trayectorias de inserción educativa y laboral exitosas aseguren la cohesión social y contribuyan al desarrollo social y económico (CEPAL, 2008; OIT, 2007).
A partir de 2016 comienza un modelo estatal que acorta el marco regulatorio en relación a las esferas productiva, laboral y de protección social, redefiniéndose las estructuras de oportunidades. La combinación de apertura comercial y cambiaria, altas tasas de interés, devaluación, eliminación de subsidios a los servicios públicos y exorbitante endeudamiento externo, trajo consigo un quebranto profundo de la estructura productiva y social. La política laboral ha girado en recortar poder al sector del trabajo, ya desde el Boletín Oficial, del 20 de diciembre de 2015 se ordena al Ministro de Modernización a terminar con el sobredimensionamiento del empleo público. A la merma del empleo público se suma la merma del empleo privado.
A su vez, en un contexto de aumento de la inflación (40% en 2016; 25% en 2017; 47,6% en 2018[5]) que tiene un efecto muy nocivo sobre los ingresos de la población asalariada y no asalariada (trabajadores informales, cuentapropistas, profesionales), en tanto cuanto más aumenta la inflación más se reduce la capacidad de compra del salario y los ingresos en general. El gobierno ha promovido que los acuerdos paritarios de 2016 a la fecha hayan estado muy por debajo de la tasa de inflación, por lo que un enorme conjunto de la población se ha empobrecido, al percibir salarios mucho más bajos que el aumento agregado de los costos de los bienes y servicios que necesitan para vivir (Guimenez, 2019).
La ley 27260/16 que permitió la rebaja de las deudas tributarias, viabilizó la posibilidad de la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social, para el pago de las deudas previsionales por haberes mal liquidados. Y la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), sustituye a la moratoria previsional. Se trata de una prestación no contributiva equivalente al 80% de la jubilación mínima y que no genera derecho a pensión derivada para deudos dependientes, destinada a las y los mayores de 65 años que no cuentan con aportes para poder jubilarse, ni con cualquier otro beneficio o plan social. Además, es incompatible con cualquier otro beneficio de la seguridad social y permite seguir trabajando hasta completar los años de aporte y acceder, de ese modo, a una jubilación normal. Así quienes trabajaron bajo condiciones informales podrán jubilarse al límite de sus fuerzas (Grassi, 2018).
En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se establece en junio de 2009, retomando los debates instalados por el Frente Nacional contra la pobreza, por decreto 1602/09, sus beneficios se fueron ampliando y expandiendo por sucesivas normas –decretos 1388/10, 446/11 entre otros. La AUH constituye una política de ampliación de las asignaciones familiares contributivas, hacia los menores que se encontraban desprotegidos porque sus padres o tutores se encontraban excluidos del mercado de trabajo formal. Es una política para la promoción de la inserción de niños y jóvenes por fuera del sistema educativo y/o apoyar el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes provenientes de hogares de sectores bajos. A diferencia de los planes y programas asistenciales de las décadas anteriores, la AUH se integra dentro del conjunto de las políticas de seguridad social. En la actualidad el valor real de la misma viene cayendo ante la pérdida de poder de compra, aun con la nueva fórmula de movilidad sancionada en diciembre de 2017[6].
A su vez, al analizar los datos oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, la inversión en Ciencia y Técnica (incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de postgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas) bajó en la gestión gubernamental actual al menor porcentaje del gasto total desde, por lo menos, 2004. Mientras en 2015 llegaba al 1,46%, en 2016 bajó fuertemente al 1,27% (el menor dato desde, por lo menos, 2004) y en 2017 subió levemente a 1,31% (el segundo menor dato desde 2004)[7].
En el mismo sentido, es importante resaltar que la aprobación de la Ley Federal de Educación (LFE) marcó un punto de inflexión en la inversión del sector, al establecer nuevos pisos para el gasto público en Educación y Ciencia y Técnica. El Gasto Público Consolidado (GPC) en estos sectores incrementó en más de 50% su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 4,2% del PIB en 2005 a 6,6% del PIB en 2015. Los años 2006, 2007, 2011 y 2015 —estos últimos tres, años de elecciones presidenciales— aparecen como los de mayor incremento real del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Desde 2016 hasta la actualidad, la inversión tendió a reducirse con distintos impactos. Hay programas que tendieron a desaparecer y otros que, si bien se achicaron, aún persisten como instrumentos de políticas educativas”, sostuvo (Agustín Claus, FLACSO, 2019)[8].
Entre 2010 y 2015 el programa Conectar Igualdad depositó más de 5.300.000 de netbooks en manos de docentes y jóvenes de las escuelas secundarias, escuelas especiales e institutos de formación docente de nuestro país. De acuerdo al Instituto de Estadísticas de la UNESCO, en 2009, existía una relación de 12 alumnos por cada computadora en las escuelas secundarias de gestión estatal de la Argentina. A fines de 2014, todos los alumnos de las escuelas secundarias de gestión estatal contaban con una computadora, por lo que esta relación quedó en 1 computadora por alumno, contribuyéndose al achicamiento de la brecha digital. Actualmente, si bien hay una iniciativa de conectividad actual de bajo alcance, el Programa Conectar Igualdad se discontinuó, por lo que la entrega de computadoras no sucede en las dimensiones de antaño[9].
Las políticas públicas más importantes destinadas a la capacitación de los jóvenes sufrieron tremendos recortes a partir de 2016. En este sentido, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo[10], creado en 2008, “redujo sus partidas en un 14 por ciento durante 2017”, mientras que el Progresar[11], creado en 2014, fue achicado en un 47 por ciento, pero además su cobertura cayó a la mitad, ya que de casi un millón de jóvenes destinatarios en 2016 descendió a 500 mil”. Se cambiaron los objetivos de programas como el Progresar para darles más importancia a convenios de primer empleo con empresas como Mc Donald’s. Fue lanzado el Programa de Inserción Laboral, que busca “empalmar” los planes sociales existentes con un empleo; consiste en una suma mensual a sus destinatarios, que en el caso de ser empleados pasa a tener un carácter de subsidio al empleo[12]. Este tipo de programas, son ejemplos de políticas laborales que ponen el foco sobre la flexibilización de la mano de obra para aumentar la demanda de empleo y no en proteger los derechos de uno de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo, los jóvenes.
En el caso del Programa Progresar además hubo un cambio en los objetivos de política, en primer lugar hubo una segmentación de perfiles que diferencia entre niveles educativos y objetivos académicos, con una consecuente diferenciación en los montos percibidos por los destinatarios. Esta fragmentación en los perfiles y en los montos, y nuevos requisitos que vinculan directamente el rendimiento académico con el monto percibido, impone una lógica restrictiva en el acceso a la educación, jerarquizadora en sus resultados y en consecuencia, excluyente de los sectores de mayor vulnerabilidad. Cuando el objetivo del programa era garantizar el ejercicio del derecho a la educación y el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas que así lo deseen, intentando alcanzar una cobertura universal de este derecho. De este modo, se pasa de la lógica de la democratización a la lógica de la meritocracia (Toninello, 2018).
A su vez, en una evaluación del Plan FinES 2 (2018)[13], se señala como innovación de este programa el inicio en el segundo semestre de 2017 del incremento de las horas y días de clase, con el objetivo de reforzar la carga horaria de las materias, según Resolución N° 713/17. En la misma se destaca en todos los distritos el ingreso de jóvenes egresados con dicha credencial a la educación superior en las universidades del conurbano bonaerense.
En relación a la educación superior, cabe decir que la cantidad de instituciones universitarias fue creciendo en sucesivas oleadas; a las siete universidades públicas (hasta 1956), se agregaron una veintena de establecimientos. A partir de entonces y hasta 1990, se crearon 19 universidades nacionales más y 12 universidades privadas. Luego, comenzó una oleada con un claro sesgo privatista[14]. Recientemente, a fines de 2000 se verifica un nuevo impulso del Estado con la creación de nuevas universidades e institutos universitarios, que marca un viraje respecto a la política de los años noventa. Será el Estado quien asuma un papel más importante en la estrategia de expansión que reconfigura el mapa de distribución de acceso, instalando una nueva posibilidad de incrementar la cobertura. Y, en términos de los potenciales estudiantes, establece un nuevo camino de entrada impensable hace apenas dos o tres décadas atrás (Otero y Corica, 2017). Concretamente, ha implicado también una diversificación del sistema, una redistribución de la oferta y una inserción capilar de las universidades públicas en territorios que se encontraban distantes, geográfica y socialmente, del acceso a la universidad, alcanzando la cobertura de nuevos grupos sociales -los sectores populares, las comunidades originarias, la población residente en áreas rurales- (Botitinelli, 2017). Desde 2016, según el Informe del IEC-CONADU (2018), el presupuesto del sistema universitario público viene mermando. Además, son insuficientes las partidas para mantenimiento e infraestructura no solo para las universidades públicas, se observa en todos los niveles[15].
La dinámica de los recursos laborales y educativos de los jóvenes: su vinculación con el contexto, familia de origen y características propias.
Desde una mirada comparativa con los 90, durante el período 2002-2015 donde el Estado recupera su centralidad, habiendo un aumento en la capacidad regulatoria y protectora del Estado, como saldo positivo en torno a las características de los hogares en que habitan los jóvenes urbanos argentinos, se puede mencionar el aumento de hogares con máxima calificación laboral -técnica u operativa-, el incremento leve de hogares con máxima calificación profesional -en relación a 2003- y la disminución de hogares no calificados (Saavedra, 2018)[16]. Esta evolución de los hogares en los que residen los jóvenes se condice con la nueva tendencia existente en materia de recuperación del empleo “la extensión del mismo en los diferentes niveles de calificación”, ya que en anteriores periodos de recuperación la generación de empleo estuvo sesgada hacia los más calificados (Maurizio et al., 2010). Al respecto, aproximadamente el 70% de los nuevos puestos de trabajo fue explicado por la industria, construcción, comercio y servicios financieros (Maurizio, 2009a).
Otros rasgos positivos han sido el incremento de hogares con nivel educativo secundaria completa y universitaria incompleta-universitaria completa, entre 1998 y 2011, como una leve merma de hogares de ingresos más bajos (quintiles 1 y 2) y un aumento de 2.7 p.p. de hogares de ingresos medios (quintiles 3 y 4) en relación al año 2003 –no con respecto a 1998- . Estos procesos son importantes dado que el incremento de activos de los hogares en que habitan los jóvenes les permitió a ellos moverse con mayores márgenes de libertad y con mayores oportunidades en lo que atañe a sus caminos laborales y educativos (Saavedra, 2018).
Del total de jóvenes residentes en hogares urbanos[17], mejora la proporción de jóvenes empleados en relación a 2003, aunque no se llega a recuperar la proporción de estos jóvenes que había en 1998. Los empleados pasan de 32,8% en 1998 a un 30,6% en 2011, cuando en la etapa de salida de la crisis socio-económica e institucional que vivió Argentina, en 2003, los jóvenes empleados representaban un 29%. A la vez, los jóvenes no jefes ni cónyuges desempleados representaban un 11,3% en 1998 y merman a menos de un dígito en 2011, representando el 8,1%. Así, las políticas macroeconómicas y las políticas tendientes a revitalizar las instituciones del mercado de trabajo –sindicatos, negociación colectiva, salario mínimo, formación- adquirieron cierto dinamismo durante el periodo 2002-2015 produciendo condiciones para la generación del empleo (Trujillo y Retamozo, 2017), e impactando, por ende, en el incremento de oportunidades de los jóvenes para conseguir un trabajo.
Estos procesos son importantes dado que el incremento de activos de los hogares en que habitan los jóvenes les permitió moverse con mayores márgenes de libertad y con mayores oportunidades en lo que atañe a sus caminos laborales y educativos
El nivel de ingresos, el nivel educativo y la máxima calificación ocupacional hogar en que residen los jóvenes determinan menos que en los 90 la posibilidad de conseguir una ocupación por parte de los jóvenes. También se achicaron las brechas por sexo y por nivel de instrucción al momento de conseguir una ocupación En cambio, en 2011 la edad incide más que en 1990 a la hora de conseguir una ocupación, siendo los jóvenes de 20 a 24 años quienes más consiguen una ocupación a la hora de buscarla (Saavedra, 2018) .
De todos modos, en Argentina, cabe resaltar que después de años de sostenido crecimiento económico y mejoras en materia laboral, el desempleo entre los jóvenes ha continuado siendo una problemática crucial, ya que en el segundo trimestre de 2011, la tasa de desocupación de los jóvenes argentinos era del 17,9%. Es decir, que si bien a partir de la reactivación económica dada luego de la crisis de 2001 mejoraron las perspectivas de inserción en el mercado laboral de los jóvenes, la condición deteriorada de los mismos perdura (Jacinto, 2009), dado que existen condiciones de contexto a nivel global en las últimas décadas, como los nuevos usos tecnológicos y las restricciones de calificación que presenta el mercado de trabajo, que afectan de manera especial a los jóvenes en todo el mundo (OIT, 2007, Weller, 2009).
En el período en el que el Estado recupera su centralidad, asistían el 76,8% de jóvenes –de 15 a 19 años- no jefes ni cónyuges adolescentes (2011) cuando en 1998 asistían el 69,8%, mientras que los jóvenes no jefes ni cónyuges de 20 a 24 años pasan del 40,3% al 41,1%. Y cada vez hay más jóvenes mujeres que asisten en comparación con los jóvenes varones (Saavedra, 2018). Esta tendencia es, en gran medida, el resultado de la combinación de la sanción de la Ley de Educación Nacional que estipula la obligatoriedad de la secundaria a partir del año 2006, la aplicación de controles sobre el trabajo infantil y la implementación de la Asignación Universal por Hijo sobre finales de 2009 (Kaplan, 2010) como de la mejora en los balances socio-económico-ocupacionales de los hogares en que habitan los jóvenes. Al respecto, también cabe recordar que el acceso, permanencia y culminación de la secundaria es considerada hace ya varios años por los jóvenes y sus familias como necesaria (Jacinto, 2006, Miranda, 2009, entre otros autores).
después de años de sostenido crecimiento económico y mejoras en materia laboral, el desempleo entre los jóvenes ha continuado siendo una problemática crucial
A su vez, ha mermado, en comparación con los 90, la brecha de los jóvenes por asistencia educativa en función de las variables de hogar que reflejan los recursos socio-económicos de los hogares en los que residen. Ello se debe al aumento de la asistencia educativa de jóvenes residentes en hogares con bajo nivel de instrucción (PI/PC-SI), con ingresos más bajos (quintiles 1 y 2) y que cuentan con empleos no calificados o con otra calificación no profesional (Saavedra, 2018).
En cambio, en el marco del modelo de regulación estatal que se inicia a partir de la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2015, actualmente se asiste a una crisis económico-social que tiene un gran impacto y extensión, caracterizándose por un empobrecimiento de las clases medias y medias bajas, sobre todo en el conurbano bonaerense. Específicamente, el resultado es un aumento de la desigualdad, una mayor polarización entre la clase media alta, con capacidad de acumular riqueza, y los sectores populares, que tienen un piso de protección cubierto por el Estado a fin de evitar el estallido social. A estos últimos se siguen sumando sectores de las clases medias bajas, que no son beneficiarios de mecanismos de protección como pueden ser los comedores escolares o los subsidios[18].
Al respecto, cabe mencionar que en el tercer trimestre de 2018 la desocupación aumentó del 8,3% al 9% (en la comparación interanual) y la precariedad laboral no ha dejado de crecer durante los últimos tres años, volviéndose una característica cada vez más gravitante en la estructura ocupacional argentina. Entre 2016 y 2018, cerca de la mitad del total de los puestos creados fueron no asalariados y alrededor de un tercio fueron asalariados no registrados. Es decir, casi el 80% de los “puestos generados” fueron trabajos con menos derechos. Por su parte, el trabajo en relación de dependencia registrado solo llegó a representar como máximo un cuarto de la expansión neta de la cantidad de puestos[19].
se asiste a una crisis económico-social que tiene un gran impacto y extensión, caracterizándose por un empobrecimiento de las clases medias y medias bajas
Así, el contexto actual ha repercutido de manera negativa sobre los balances económicos y ocupacionales de una gran mayoría de hogares de sectores populares y medios, al reducirse los ingresos familiares producto de la falta de trabajo o su precarización, habiendo un debilitamiento y / o achicamiento de las estructuras de oportunidades existentes para muchos hogares y, más aun, para una mayoría de los jóvenes que residen en ellos.
La tasa de desocupación juvenil –de 15 a 24 años – actualmente es del 22, 6 %[20]. Los jóvenes en la Argentina tienen hoy una tasa de desocupación que casi triplica a la de los adultos. Y la desocupación afecta más a las mujeres, a los de menor nivel de instrucción y a los que transitan la primera juventud (SES- Atenea, 2018).
A su vez, en lo que refiere a una aproximación a la calidad de la inserción laboral, en el período 2002-2015, aunque la precariedad juvenil continuaba siendo una problemática pendiente de resolución, la proporción de jóvenes trabajadores precarios era algo menor en comparación con los 90, pasando del 63,3% -en 1998- al 57.8% de los jóvenes ocupados en el año 2011, cuando en 2018 representan el 64, 2% de los jóvenes ocupados. Hoy hay más jóvenes ocupados en trabajos precarios que en los 90. Y esta situación ocupacional se agrava notablemente según el sector de ingresos del que provengan los jóvenes. Entre quienes provienen de hogares con ingresos bajos, la tasa de trabajo en negro es más del doble que para quienes provienen de hogares de ingresos altos (SES- Atenea, 2018).
Mientras que en lo que hace a la asistencia educativa, como se ha mencionado, con el transcurso de los años aumentó la participación educativa de los jóvenes, expandiéndose el período que los jóvenes destinan a la formación, siendo considerada hace ya varios años por los jóvenes y sus familias como necesaria. De los jóvenes adolescentes – no jefes ni cónyuges de 15 a 19 años- en 1998 asistían el 69,8%, en el período en el que el Estado recupera su centralidad asistían el 76,8% y actualmente asisten el 82,2%. En cuanto a los jóvenes de 20 a 24 años –no jefes ni cónyuges- asistían respectivamente el 40,3%, el 41,1% y actualmente el 44, 6%.
el contexto actual ha repercutido de manera negativa sobre los balances económicos y ocupacionales de una gran mayoría de hogares de sectores populares y medios, al reducirse los ingresos familiares producto de la falta de trabajo o su precarización
En lo que respecta a una aproximación a la calidad educativa, en Argentina, hubo un aumento de jóvenes de 19 a 24 años que finalizaron el secundario con el transcurso de los años, pasando del 50,8% en 1998 al 61,7% en 2011 y al 75,6% en 2018. En lo que hace a la evolución de la población de 25 a 29 años que ha finalizado el nivel superior /universitario completo, no son tantos los jóvenes que acceden a un diploma superior pero es destacable el incremento de jóvenes que lo finalizan, pasando de 13,6% en 1998 al 20,4% en 2011 y al 24,5% en 2018. Habiendo más jóvenes mujeres que jóvenes varones que acceden a la terminalidad del secundario como al nivel superior/ universitario completo (Saavedra, 2018).
Más allá de los logros de los jóvenes en la apropiación del derecho a la asistencia educativa y a la finalización de los diplomas, actualmente cada vez hay más jóvenes de sectores populares que concurren al sistema educativo realizando un enorme esfuerzo para continuar sus estudios porque, por ejemplo, “en casa se nos rompió la computadora, no podemos arreglarla y hago los trabajos con el celular”, “pido a los profesores que nos envíen la bibliografía al celular, no nos funciona la computadora a alguno de nosotros” “…disculpe profe, estoy atrasada con la entrega porque no tengo computadora, escribo el trabajo integrador final en un cuaderno y luego lo voy pasando al Word por celular o en una compu de universidad o que me presten..” . Son algunas de las frases habituales que se expresan por los estudiantes de hoy en las aulas de las universidades del conurbano bonaerense[21]. De este modo, las condiciones sociales e institucionales dificultan la posibilidad de garantizar el derecho a la educación, en especial, para adolescentes y jóvenes de las capas más postergadas de los sectores populares.
Reflexiones finales
El período 2002-2015 en la Argentina, comparativamente con los 90, se caracteriza por un proceso de mejoras sociales que se verificó en el marco de una expansión económica intensa y que se extendió por varios años, apuntalado por políticas redistributivas. Muchas de ellas, incluso, se han cristalizado en instituciones que significan avances en términos de derechos y cuya continuidad resulta difícil de cuestionar.
En ese contexto donde el Estado recupera su centralidad, acompañando a las instituciones de la sociedad y el mercado en la definición de oportunidades, se han incrementado los activos socio-laborales y económicos de los hogares de sectores populares y medios. Y estos procesos han incidido en una mejora de la situación laboral y educativa de los jóvenes de hogares urbanos de Argentina, si bien hay desigualdades y aspectos pendientes de resolución en dichas condiciones, dada la gran heterogeneidad de los jóvenes por sus diferentes trayectorias y activos acumulados, que ameritan continuar planteando desafíos en la temática. También, cabe resaltar, que más allá del rumbo positivo que ha tenido el mercado de trabajo en algunas de sus variables claves, como ser la desocupación, el trabajo precario, entre otras, existen condiciones de contexto a nivel global en las últimas décadas, como los nuevos usos tecnológicos y las restricciones de calificación que presenta el mercado de trabajo, que afectan de manera especial a los jóvenes a nivel mundial.
En cambio, en el marco del modelo de regulación estatal que se inicia a partir de diciembre de 2015, actualmente se asiste a una crisis económico-social que tiene un gran impacto y extensión, caracterizándose por un empobrecimiento de las clases medias y medias bajas y un aumento de la desigualdad. Así, el contexto actual ha repercutido de manera negativa sobre los balances económicos y ocupacionales de una gran mayoría de hogares de sectores populares y medios, al reducirse los ingresos familiares producto de la falta de trabajo o su precarización, habiendo un debilitamiento y / o achicamiento de las estructuras de oportunidades existentes para muchos hogares y, más aún, para una mayoría de los jóvenes que residen en ellos. Los jóvenes de hoy en la Argentina tienen una tasa de desocupación que casi triplica a la de los adultos y hay más jóvenes ocupados en trabajos precarios que en los 90.
En lo que hace a la asistencia a la educación formal, con el transcurso de los años aumentó la participación educativa de los jóvenes, expandiéndose el período que los jóvenes destinan a la formación, siendo considerada hace ya varios años por los jóvenes y sus familias como necesaria. En las tres últimas décadas hay más jóvenes que finalizan los diplomas de nivel secundario como de nivel superior/universitario. Aunque cada vez hay más jóvenes de sectores populares que concurren al sistema educativo, actualmente realizan un enorme esfuerzo para continuar sus estudios ante el empobrecimiento de muchos hogares.
Los jóvenes de hoy en la Argentina tienen una tasa de desocupación que casi triplica a la de los adultos y hay más jóvenes ocupados en trabajos precarios que en los 90
Asimismo, en Argentina, al igual que en América Latina, todavía no se ha logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades, en parte porque un importante factor determinante de los logros y retornos educativos se encuentra en el clima y los ingresos disponibles en los hogares de origen. Además, muchas veces esta desigualdad se ve reflejada en una marcada segmentación y estratificación de la calidad y eficiencia del propio sistema de oferta educativa.
De esta manera, en las últimas tres décadas, la situación microsocial -los activos con los que cuentan los hogares y jóvenes que los integran-, vinculada con la situación macrosocial – la estructura de oportunidades disponible-, han moldeado los vaivenes laborales y educativos de los jóvenes de 15 a 24 años que residen en hogares urbanos en Argentina.
Ante ello, se considera que mejorar la desigualdad social es una cuestión clave para mejorar las posibilidades de inserción escolar y laboral de los jóvenes. El problema de la integración social juvenil requiere de un contexto general de crecimiento económico con mayor equidad distributiva. Y resulta fundamental que el Estado invierta en políticas de formación y a su vez reactive un proceso de generación de empleo, para impulsar la inclusión de las nuevas generaciones en el mundo del trabajo. En síntesis, el crecimiento, la demanda de empleo y una mejor distribución del ingreso en favor de los grupos más postergados, como políticas de formación y de disminución de la segmentación de la oferta educativa, son indispensables para la inclusión social de una gran mayoría de jóvenes.
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[1] En pos de permitir una lectura más fluida, se utilizará el genérico masculino a lo largo del trabajo. Cada vez que se menciona los jóvenes, etc. se estará incluyendo a las/es jóvenes, etc.
[2] El concepto de “estructura” hace referencia a los múltiples canales de acceso a las oportunidades, que se relacionan entre sí, por lo que el acceso a determinados bienes, servicios y actividades posibilita la adquisición de recursos que facilitan el acceso a otras oportunidades. Así, esta construcción conceptual busca vincular la situación microsocial, que desde esta perspectiva son los activos con los que cuentan los hogares / personas /grupos sociales para mejorar sus condiciones de vida, con la situación macrosocial, que es la estructura de oportunidades disponible (Filgueira, 2001).
[3] El comportamiento “estratégico” de los jóvenes es considerado como una decisión tomada en el marco más amplio de las estrategias de vida y reproducción social que desarrollan los agentes individuales y sus hogares (Cortés-Cuellar, 1991)
[4] Para un mayor detalle de los modelos de regulación estatal de los 90 y el período 2002-2015 remitirse a Saavedra (2014).
[5] Según datos oficiales de INDEC.
[6] Fuente: https://www.pagina12.com.ar/177315-la-auh-cada-vez-mas-devaluada
[7] Además, cabe mencionar que en diciembre de 2007 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. A su vez, el 3 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció que el ministerio sería degradado al rango de secretaría, pasando a depender del Ministerio de Educación.
[8] Entrevista realizada por Federico Poore -27 de febrero de 2019-.
[9] Fuente: www.pagina12.com.ar/195532-macri-desconecto-la-igualdad 23/05/2019
[10] El Programa Jóvenes con más y mejor trabajo está orientado a jóvenes de 18 a 24 años y consiste en un apoyo en capacitación y finalización de estudios para insertarse en el mercado laboral. Para una mayor especificidad remitirse a Mazorra, X. et al., 2014).
[11] Originalmente, la iniciativa genera oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes –que no tienen empleo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentre en iguales condiciones- que deseen iniciar o finalizar sus estudios, continuar una educación superior y/o realizar experiencias de formación y capacitación laboral.
[12] Fuente: https://www.pagina12.com.ar/42221-los-excluidos-del-mercado-de-trabajo 05/05/2017
[13] El plan FinEs es una política nacional creada en 2008, dirigida a jóvenes y adultos1, que tuvo por objetivo generar alternativas de completamiento de la escuela media para ese grupo etario que adeudaba materias para obtener su título, tanto de primaria como de nivel medio o que había abandonado la oferta regular. Posteriormente, se extendió hacia los que no habían concurrido a establecimientos secundarios o habían abandonado, bien durante la fase del ciclo de vida en que se cursa ese nivel o en etapas posteriores ya iniciada la edad adulta.
[14] En relación a la oferta institucional, entre 1990 y 2000, presenciamos la creación de 26 universidades de gestión privada.
[15] Fuente: https://www.pagina12.com.ar/184317-la-educacion-victima-del-ajuste 31/03/209
[16] En la investigación realizada cuyos resultados se plasman en Saavedra (2018) se han analizado los hogares en los cuales habitan jóvenes hijos de 15 a 24 años de edad. La investigación evalúa las transformaciones y continuidades en el mundo laboral y educativo de los jóvenes de 15 a 24 años residentes en hogares urbanos argentinos (no fejes , ni cónyuges, ni servicio doméstico) durante los períodos 1991-2001/2002-2015, haciendo especial hincapié en las distintas posibilidades que cuentan de acuerdo a los recursos socio-ocupacionales y económicos de la familia de origen como en las estructuras de oportunidades brindadas en dos modelos de regulación estatal diferentes reflejados en los períodos analizados. El año 1998 es utilizado como parámetro de comparación para evaluar el impacto sobre las condiciones de laborales y educativas de los jóvenes del proceso económico 1991-2001. Mientras que 2011 hace referencia a la institucionalización de un nuevo modelo de organización económica y social del país en la década del 2000, que se inicia con la devaluación de la moneda en 2002 y continúa perfilándose, centralmente, con las políticas gubernamentales que se aplican desde 2003. Específicamente, el año 2011 indica un nuevo ciclo de crecimiento económico y del empleo, luego de la fase contractiva iniciada en el cuarto trimestre de 2008 en el marco del crack financiero global 2008/09. Los datos educativos y laborales de los jóvenes y características de los hogares en los que residen, mencionados en este trabajo, para esos períodos refieren a dicha investigación. Dichos datos fueron elaborados en base a la EPH-INDEC. Total Aglomerados Urbanos. Ondas: Octubre 1998 – 2º Semestre 2011.Para una mayor especificidad remitirse a Saavedra (2018).
[17] Desde mediados de la década de 1980 en Iberoamérica como en América Latina hay una tendencia decreciente o relativamente estable de la cantidad de jóvenes (CEPAL; CELADE; OIJ, 2008). En Argentina, considerando la totalidad de los aglomerados urbanos, la población joven de 15 a 24 años era de 6.935.095 en 1998, pasa a 6.675.826 en 2011 y en 2018 es de 7.233.759 (Elaboración propia en base a EPH, Total Aglomerados Urbanos 3ª Trimestre de 2018).
[18] Según lo explica Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA en https://www.lanacion.com.ar/comunidad/los-nuevos-pobres-historias-familias-primera-vez-nid2249666 20/05/2019.
[19] De acuerdo a lo explicitado por Tomada Carlos, Director del CETyD de la UNSAM y Exministro de Trabajo de la Nación en https://www.cronista.com/columnistas/La-precariedad-laboral-como-regla-de-oro-20190110-0051.html Copyright © www.cronista.com, 11/01/2019.
[20] Los datos actuales -mencionados en los párrafos siguientes- referidos a desocupación juvenil, precariedad laboral, asistencia educativa y finalización del diploma secundario como del nivel superior/universitario completo, son elaboración propia en base a EPH, INDEC. Total Aglomerados Urbanos 3ª Trimestre de 2018.
[21] Extractos de entrevistas informales –realizadas noviembre de 2018 y mayo de 2019- a estudiantes de universidades del conurbano bonaerense: UNAJ –Universidad Nacional Arturo Jauretche- y UNPAZ –Universidad Nacional de José C Paz-.