Financierización y Endeudamiento: su impacto sobre las familias chaqueñas

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Por: Gregorio Luis MirandaGregorio Luis Miranda

Estudiante de Licenciatura en Economía por la UNNE.

Equipo de Investigación de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

Introducción

Los lazos que se van forjando entre el mundo de las finanzas y la vida de las familias son cada vez mas estrechos. El endeudamiento como método para financiar consumo escapa incluso a la tradicional diferenciación de bienes durables y no durables. En la actualidad, las familias utilizan el crédito para satisfacer casi cualquier necesidad, y el mundo de las finanzas encontró en esta realidad una nueva manera de explotación social. Nuestra región, y particularmente la provincia del Chaco, no escapan a esta realidad global.

Este artículo se desprende de una investigación que llevó a cabo el equipo de investigación de la Escuela de Gobierno, con la coordinación del Dr. Francisco Cantamutto, durante el año 2019[1]. En el mismo, se describió de qué formas y en que niveles, la deuda condiciona a una sociedad, ya sea desde su macroeconomía a través del endeudamiento público, como desde la perspectiva de los hogares, con la financierización de la microeconomía en el centro de la escena. El objetivo de estas líneas es precisamente analizar las tensiones existentes entre los hogares y los procesos financieros -y particularmente la vulnerabilidad a la que se ven sometidos los sectores populares- en los últimos años, entendiendo que los cambios de paradigma que supuso la administración de la alianza Cambiemos a nivel nacional entre 2015 y 2019, expresado en un programa político-económico concreto, agudizó este fenómeno a través del deterioro de la calidad de vida de las mayorías.

 

Palabras Clave: Endeudamiento Familiar; financierización; Sectores Populares; Asalariados.

 

1. El contexto social como detonante local

La política económica de Cambiemos se estructuró alrededor del ajuste social y la reforma estructural. Ciertos actores se vieron favorecidos en detrimento de otros a raíz de un cambio en la visión estratégica del Estado y sus consecuentes decisiones, entre las que resaltan una inflación récord, redistribución regresiva del ingreso -que inexorablemente derivó en la pérdida de poder adquisitivo de los sectores asalariados-, desregulación tarifaria para servicios públicos, toma indiscriminada de deuda para financiar fuga de capitales y devaluación permanente de la moneda.

Entre los ganadores, entonces, encontramos principalmente al capital financiero en su más amplio sentido, empresas de servicios públicos -fundamentalmente vinculadas a energía- y la cadena agroexportadora.

En lo referente al capital financiero, no solamente bancos y fondos de inversión sacaron provecho de este contexto, sino que también aquellas empresas que contaban con excedentes disponibles, tuvieron la posibilidad de expandir sus negocios financieros a través de la financiación de consumo de las familias. La desregulación del sistema financiero en general, y particularmente la falta de control de los denominados capitales “golondrina”, generaron un ambiente propicio para el predominio de las finanzas como principal sector beneficiario durante el gobierno de Cambiemos.

En un lugar simétricamente opuesto se encuentran la construcción, la industria y el comercio, que cayeron -entre el tercer trimestre de 2015 y mismo período de 2019- un 7%, 14% y 16% respectivamente. Se trata, además, de los tres sectores de mayor impacto en la creación o destrucción de empleo: entre 2015 y 2019, de hecho, el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) estima que se perdieron allí 31.331, 166.448 y 37.303 puestos de trabajo. Entre estos, por último, destaca el duro golpe propinado a las pequeñas y medianas empresas, atribuladas por la fatal combinación de apertura irrestricta, tarifazos, tasas de interés elevadas y bajo dinamismo de la demanda. Según datos de la AFIP, cerraron en esos cuatro años 24.505 empresas, con especial énfasis en las de menor tamaño.

No obstante, sin lugar a dudas, quienes acusaron las mayores pérdidas fueron los sectores populares que viven de su trabajo. Las estimaciones sobre la pérdida de poder adquisitivo varían, pero apuntan todas a un severo deterioro en las condiciones de vida de trabajadores/as: Basualdo y otros (2019) informan una caída promedio para todo el período del 12,4%, IET (2020) del 16,1%, y el MATE de 20%. La consultora Ecolatina señaló una caída del 6,3% en 2018 y del 8% en 2019, enfatizando la peor situación de quienes trabajan en situación de informalidad, con una caída del 13% 2019 (El Sol, 2020). Por otra parte, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo perdieron 7% de poder de compra entre 2018 y 2019 (el Sol, 2020) y los jubilados lo hicieron en torno al 23% en el período 2015-2019 (Roqué y otros, 2019).

La provincia del Chaco no escapa a esta realidad. Además de los condicionantes antes mencionados, nuestra región cuenta con una estructura laboral y productiva de mayor complejidad en términos de inequidades y vulnerabilidad. 

La actividad laboral es un claro ejemplo de ello. La tasa de inactividad observada desde 2008 hasta la actualidad es siempre superior al 50%, de acuerdo a datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares[2]. Esta situación explica que la tasa de desocupación de la provincia sea menos de la mitad que el promedio nacional. Es decir, hay más cantidad de personas por fuera del mercado de trabajo – sea por frustración o por falta de oportunidades- que las que participan en el mismo, entiéndase ocupados y desocupados que buscan trabajo activamente.

 

Gráfico 1: Principales Tasas del Mercado Laboral en Chaco. Primer trimestre de 2017, 2018 y 2019.

Fuente: elaboración propia en base a cuadros de INDEC – EPH continua.

 

Adicionalmente, la cobertura de salud se caracteriza por la desigualdad y la falta de acceso de los sectores de mayor vulnerabilidad a un sistema de protección de salud estable y de calidad. En el Chaco, el 49,8% de la población que permanece inactiva laboralmente no accede a un servicio de obra social, casi 15 puntos porcentuales por encima del 35,6% que ostenta la media nacional. La misma problemática se observa en el sector de personas ocupadas, en tanto que el 27,4% declara no realizar aportes a la seguridad social, en un fenómeno que se asocia estrechamente a la informalidad -personas que trabajan pero no gozan de los beneficios de un trabajo formal-, muy difundida en la provincia, dada su estructura productiva (Heredia y otros, 2018).

No es de extrañar, además, que estas diferencias se acentúen en términos de género. Las mujeres chaqueñas ostentan una tasa de ocupación sistemáticamente menor a la de los hombres, que promedia el 13% y alcanzó un máximo de 22 puntos porcentuales en el último año. Una inactividad cercana al 70% durante el primer trimestre de 2019 muestra que durante períodos de crisis, las mujeres de la provincia tienden a retirarse del mercado laboral, o bien, acceder a empleo de baja calidad, como muestra el último dato censal, que ubica al 68% de las mujeres empleadas en cargos de obrero/empleado, mientras que sólo el 6% correspondía a la categoría de jefe/Patrón. 

El avance del capital por sobre el salario en la distribución del producto durante la administración Cambiemos provocó un aumento del endeudamiento de las familias para sostener el consumo, en un proceso cada vez mas difundido que se conoce como “financierización económica”. Se trata de prácticas financieras que incluso llegan a desvincular el crédito de la posesión de activos de respaldo del deudor, lo que a su vez permite a los bancos y agencias de crédito cobrar tasas de interés mayores -incluso con buenos índices de repago- por la falta de colateral. Así, el capital no sólo se apropia del producido de la fuerza de trabajo de las familias, sino que además funciona como un mecanismo de disciplina: ante la deuda, las familias aceptan condiciones de vida y trabajo que no soportarían despojados de la coacción (Vignale, 2019).

 

2. Financierización y disciplinamiento social: el endeudamiento de las familias argentinas entre 2015 y 2019

Uno de los principales indicadores que da cuenta del problema del endeudamiento viene de la mano del ratio deuda/ingresos salariales, puesto que los sectores populares que viven de su salario son -como hemos mencionado anteriormente- quienes pagan los mayores costos de la situación actual. En la Argentina, este ratio pasó de 2,8 en 2015 a 3,2 en 2019 según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, lo que implica un crecimiento total de 14% en dicho período.

Esta deuda se explica a través de diferentes canales, pero sin dudas, el que mayor crecimiento registró es el financiamiento para consumo -de alimentos y otros bienes no durables- como mecanismo para sostener las condiciones de vida. Según el informe de CESO (2019), las tarjetas de crédito fueron el principal instrumento utilizado por las familias para financiar este tipo de consumo, aumentando considerablemente el gasto en supermercados.

El financiamiento de saldos pendientes de tarjetas de crédito, además, es la segunda forma de financiamiento más utilizada por las familias, luego de los créditos personales, lo cual reviste otra problemática para los hogares, debido a que ambos ostentan también las tasas de interés más elevadas (135,9% y 129,9%, respectivamente).

 

Tabla 1: Tasas efectiva anual promedio, mínima y máxima. Monto máximo promedio.  Diciembre 2019. Argentina*

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

 

La consecuencia más inmediata de lo antedicho se manifiesta en su efecto sobre la morosidad del crédito. En efecto, el 4,6% de los créditos tomados por los hogares se encontraban en situación irregular en Septiembre de 2019, en tanto que para el mismo período de 2015, era sólo de 2,3%. En el mismo sentido, los créditos en mora en situación I (normal) pasó de 97,3% en Diciembre de 2017 a 93,6% en Noviembre de 2019, a costa de un incremento en la morosidad de mayor complejidad (riesgo de insolvencia e irrecuperables, fundamentalmente), lo que explica un deterioro sustancial en la capacidad de repago de las familias. 

Ahora bien, el sistema financiero no es el único mecanismo de acceso al crédito para los hogares. El estado ha tenido un rol central en los procesos de endeudamiento, principalmente entre los sectores más vulnerables. Muestra de ello es el rol que ha tomado la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) durante la administración Cambiemos. Aprovechando ciertos derechos reconocidos a los sectores populares por parte del gobierno anterior, el estado expandió los créditos para aquellos titulares de beneficios sociales, con una dinámica sospechosamente ligada al calendario electoral de la Nación. Así, por ejemplo, durante 2017 se aumentaron los montos prestables para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, entre otros. El efecto fue singular: antes de las elecciones primarias, se otorgaron 835.974 créditos, y para Octubre -en oportunidad de celebrarse las elecciones generales- el número trepó hasta 2.215.362. Finalizado el proceso electoral, el ritmo de otorgamiento de créditos descendió considerablemente, hasta 2019 en que, nuevamente con elecciones en el horizonte, los créditos volvieron a crecer en torno al 60%. Este fenómeno no escapó a los sectores más desprotegidos, ya que del total de créditos otorgados por ANSES, la mitad tenía como destinatario a titulares de Asignación Universal por Hijo, beneficio otorgado a aquellos padres que no reciben Asignación familiar ya que no están insertos en el mercado laboral formal.

Todo ello se vuelve aún más problemático, cuando consideramos que quienes cobran la AUH, son mayoría de mujeres (97%). Es decir, esta expansión de la deuda recayó de forma contundente sobre las mujeres. Este dato, aunque alarmante, no es de extrañar: son las mujeres las que suelen tener que cargar con los efectos de la crisis, cargando con mayores tareas de cuidado, mayor responsabilidad a la hora de conseguir el abastecimiento de sustento básico, al mismo tiempo que continúan ocupando los puestos más precarizados y peores pagos del mercado laboral, motivos por los cuales recurren a la deuda como mecanismo paliativo (Cavallero y Gago, 2019).

 

3. Endeudamiento de las familias chaqueñas:

Como ya se mencionó con anterioridad, las implicancias del endeudamiento en las familias impactan con mayor intensidad en la provincia del Chaco, debido a su estructura socioeconómica. A pesar de ello, como podemos observar en el gráfico 2, se produjo un aumento considerable de los depósitos en relación a los créditos. Si se toma en cuenta que la inflación acumulada de 2015/2019 alcanzó el 280%, se produjo un aumento real de los depósitos -aumentaron un 418% en el mismo período-, en tanto que la evolución de los créditos se mantuvo por debajo de la inflación, con un crecimiento del 189%.

 

Gráfico 2: Depósitos y créditos totales del sistema financiero, en millones de pesos corrientes, provincia del Chaco (2011 al tercer trimestre de 2019)

Fuente: elaboración propia con datos de PROSER.

 

Se puede concluir que el sistema financiero en Chaco no cumplió una función de intermediación, vinculando ahorro y crédito. Más bien, lo que se observa es una creciente brecha entre ambos conceptos, resultando en una contracción del crédito en términos reales. Lo más probable es que esta diferencia, tal como ocurrió en el agregado nacional, se haya destinado a participar de la valorización financiera basada en títulos públicos. Esto no debe inducir a pensar que el crédito no haya tenido un rol dinámico en las economías domésticas, porque para esa comparación se requiere cotejar con los ingresos de los hogares. En tal sentido, recuperamos lo antedicho respecto del agregado nacional, donde se vislumbra un aumento de la deuda respecto de los ingresos y para ello, es fundamental analizar el endeudamiento según el tipo de crédito, tal como se realizó para el agregado nacional. 

Naturalmente -como se enfatizó en el apartado anterior- los préstamos personales se constituyen como principal herramienta de crédito de las familias, aunque en los últimos años su participación respecto de la masa de créditos tiende a la baja. Así, mientras que en 2015 representaban el 58% del total, en 2019 ese porcentaje fue sólo de 47%, como muestra el gráfico 3.

 

Gráfico 3: Proporción por tipo de préstamos, provincia del Chaco, promedio anual, 2011 al tercer trimestre de 2019

Fuente: Elaboración propia en base a PROSER

 

Del mismo gráfico se desprenden otros datos interesantes, sobre todo analizando los últimos años de la serie, donde algunas participaciones comienzan a cobrar relevancia. Encontramos, por ejemplo, que la financiación de saldos pendientes de tarjeta de crédito, segunda fuente de financiación que utilizan los hogares, también viene cediendo su participación en los últimos años, particularmente desde 2017 en adelante. En 2016 representó un 30% del total de la masa prestada, en tanto que para 2019 sólo alcanzó el 25%.

Como contrapartida, hubo un incremento significativo en la cantidad de deuda por crédito hipotecario, que venían cayendo desde 2011. A partir de 2018, muestran un súbito crecimiento, que se mantiene luego en el año posterior. Esta situación está vinculada a la creación y promoción de los créditos con actualización UVA, una unidad de cuenta que se ajusta a través del índice de precios al consumidor. El crecimiento de los créditos hipotecarios, entonces, se ve afectado por el devenir inflacionario argentino, que en los últimos años alcanzó niveles récord dentro de la administración Cambiemos, como ya se mencionó. De esta manera, los créditos hipotecarios aumentaron considerablemente su participación en la cartera total -triplicó su participación, del 4% en 2017 a 12% para 2018 y 2019-, sin que se haya producido un boom de compras de inmuebles durante estos dos años.

Otro dato preocupante que se desprende del gráfico, es el aumento de los créditos a sola firma entre 2018 y 2019. Si bien el porcentaje respecto del total invita a pensar que no se constituye como una fuente de financiamiento de gran relevancia, son sus implicancias para las familias lo que amerita el seguimiento de su evolución. Los créditos a sola firma son el tipo de crédito formal de peor calidad. Por lo general no son productos bancarios, sino ofertas de casas de crédito, con escasa regulación por parte del banco central. Roig y otros (2016) destacaban la presencia de 23 empresas de este tipo solo en Resistencia. Monzón y González Obregón (2018) reseñaban la apertura de 14 nuevos locales de entidades de este tipo entre febrero de 2016 y mismo mes de 2018, todos en el radio céntrico de Resistencia. Sin ser un abordaje exhaustivo, da cuenta del crecimiento de este tipo de entidades de préstamo que tienen una característica central: debido a los bajos requisitos para el otorgamiento, suelen recurrir a estas casas aquellas personas que se ven excluidas del crédito bancario.

Luego de la profundización de la crisis en 2018, que provocó un importante deterioro en los ingresos y fundamentalmente del poder de compra de los trabajadores, los créditos a sola firma -motorizado por los escasos requisitos de colateral- se multiplicaron exponencialmente debido a la facilidad de acceso, pasando de apenas un 2,5% del total en 2017, a un 6% en 2018, y un nuevo aumento en 2019.

Ahora bien, la provincia cuenta con otra particularidad respecto de otras regiones del país que vale la pena analizar, y se trata de la estructura global de la deuda de los hogares en término de sus acreedores y su origen. El BCRA detalla un listado de los bancos habilitados a operar en la provincia, que puede explicarse de la siguiente manera: La provincia cuenta con 15 entidades financieras habilitadas por el BCRA, y entre ellas totalizan 71 sucursales. Sin embargo, 48 de esas sucursales corresponden a entidades financieras de origen público: 29 sucursales del banco provincial, Nuevo Banco del Chaco S.A., 19 del Banco de la Nación Argentina.

Aquí tenemos una primera intuición respecto de los acreedores de las deudas de las familias. Si bien la información disponible no permite ahondar en torno a la participación de cada entidad en el total de la deuda contraída, podríamos suponer que gran parte de esa deuda tiene como acreedor al sector público, tanto provincial como nacional, considerando además que el empleo público representa la mayor fuente laboral en la provincia y los haberes, naturalmente, se cobran a través de bancos públicos.

Sin embargo, esta no es la única relación entre endeudamiento de las familias y el estado que existe a nivel provincial. Tal como se explicara para el contexto nacional, la ANSES tiene un impacto muy importante sobre los hogares chaqueños.

En el gráfico 4 podemos observar como evoluciona la relevancia de los créditos otorgados por el estado nacional, fundamentalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad. La AUH, principal instrumento del organismo en la provincia, experimentó un incremento sostenido en la cantidad de créditos otorgados entre 2016 y 2019, llegando a totalizar casi 115.000 créditos en 2019, sobre una población de 173.039 titulares. Esto implica que dos tercios de los beneficiarios de AUH accedieron a créditos otorgados por Anses, evidenciando un rol activo del organismo en el mercado de crédito local.

 

Gráfico 4: Cantidad de créditos otorgados a beneficiarios. 2016-2019. Chaco

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANSES.

 

En lo referente a montos de créditos y masa total de préstamos, no se registra un aumento considerable en términos reales. Entre 2017 y 2019, creció 55,6% el crédito total, cifra muy similar a la inflación que se generó solo durante el último año de gestión de Cambiemos. Sin embargo, el comportamiento inusual de la política de créditos que llevó adelante Anses en la provincia muestra una lógica similar a la de la nación. Durante 2017 y 2019, ambos con intenso calendario electoral, se vislumbra un aumento considerable de los créditos otorgados.

 

Gráfico 5: Créditos otorgados por ANSES en la provincia de Chaco, en millones de pesos corrientes (2016-2019).

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES.

 

4. Reflexiones finales

Producto de la crisis estructural del mercado de trabajo en la provincia, y debido al deterioro del tejido productivo y salarial, los hogares recurrieron a la toma de deuda por diversas vías con el afán de sostener su nivel de vida. Dentro del sistema bancario, crecieron fundamentalmente los créditos hipotecarios, impulsados por la inflación que aumentó la actualización de las tasas UVA, y los créditos a sola firma, la forma más onerosa de acceso al crédito formal. Así mismo, la ANSES jugó un papel importante en el endeudamiento de los sectores más vulnerables, en lugar de garantizar una mejora en los beneficios. 

Los desafíos que implica resolver el endeudamiento de los hogares deben partir de un diagnóstico claro: la deuda creció para sostener las condiciones de vida en situación de caída de los ingresos. Por lo tanto, la solución no puede eludir la necesaria mejora en los ingresos de los hogares, así como la reducción del costo de vida. Sobre estos ejes debe centrarse la salida.

No obstante, para resolver las necesidades de las deudas actuales, deberían implementarse una batería de medidas que reduzca el costo financiero, extienda plazos e incluso signifique quitas en los montos adeudados. En este sentido, la nueva coalición de gobierno encabezada por el Presidente Alberto Fernández comenzó a avanzar sobre la problemática. En tal sentido, se instrumentaron una serie de medidas que incluyeron: a) el aplazamiento de los pagos de deudas con el Estado; b) la entrega de bonos por $2.000 para quienes cobran AUH, $5.000 para quienes cobran jubilaciones y quienes trabajan en el Estado, y $7.000 para quienes trabajan en el sector privado registrado; c) instrumentación de un plan de contingencia contra el hambre, mediante una tarjeta destinada únicamente a la compra de alimentos.

Por otro lado, en lo referente al sistema financiero formal, es menester una reducción del costo del endeudamiento, y tanto el sector bancario como el estado deben asumir parte de esta carga. Si tenemos en cuenta la extensión territorial de la banca pública en la provincia y su relevancia en la economía de los hogares, debería ser posible estructurar una salida menos onerosa para los hogares.

El problema más difícil está con el crédito no bancario ni estatal, tomado en distintas entidades prestamistas. Sobre éstas, el Estado debería intensificar el control y la regulación, teniendo datos sobre su accionar, regulando mecanismos de expropiación del salario -como la ley  de códigos de descuento, que actualmente permite al mismo estado autorizar descuentos sobre haberes de los trabajadores en beneficio de mutuales y entidades financieras-, y vigilando la publicidad engañosa que ofrecen. El estado debe fortalecer su rol activo en el control de estas prácticas abusivas en contra de los sectores populares, garantizando de esta forma un acceso racional e igualitario al crédito, y evitando la expropiación de los ingresos familiares por parte de las compañías financieras que actualmente no cuentan con regulación eficiente.

 

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Referencias

• Basualdo, Eduardo; Manzanelli, Pablo; Castells, María José y Mariano Barrera (2019). Informe de coyuntura Nª 32. Buenos Aires: CIFRA-FLACSO.
• Cavallero, Luci y Verónica Gago (2019). Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.
• CEPA (2019). “La renovación de los Créditos Anses ¿apuesta electoral o solución al consumo?” Buenos Aires: CEPA. Disponible en https://centrocepa.com.ar/informes/226-la-renovacion-de-los-creditos-anses-apuesta-electoral-o-solucion-al-consumo.html
• CESO (2019). “Financiamiento de los hogares. Evolución de indicadores”. Buenos Aires: Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Disponible en https://www.ceso.com.ar/financiamiento-hogares-noviembre-2019
• El Sol (2020). “El poder de compra de 2019 bajó más del 8%: Expectativa por los incentivos a los sectores de menos ingresos”. Diario El Sol, Concordia, 13 de enero de 2020. Disponible en https://diarioelsol.com.ar/2020/01/13/el-poder-de-compra-de-2019-bajo-mas-del-8-expectativa-por-los-incentivos-a-los-sectores-de-menos-ingresos/
• Heredia, Mariana y otros (2018). “Empleo y Desigualdades sociales en el Chaco. Un análisis desde el enfoque del empleo de calidad y las tramas productivas de la provincia”. Documentos de Trabajo. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco. Disponible en: http://www.escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/informe-empleo.pdf
• Monzón, Camila y Lautaro González Obregón (2018). “¡Efectivo YA! Endeudamiento de los Sectores Populares”. Revista Tramas Nº 2, Resistencia. Disponible en https://tramas.escueladegobierno.gob.ar/articulo/efectivo-ya-endeudamiento-de-los-sectores-populares/
• Roig, Alexandre y otros (2016). “Endeudamiento de Sectores Populares y Agentes Públicos. Primer informe. Documentos de Trabajo. Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco. Agosto 2016. Disponible en: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/endeudamiento-de-sectores-populares-y-agentes-publicos.pdf
• Roqué, Mónica; De Marziani, Federico; Letcher, Hernán y Julia Strada (2019). “Informe sobre la situación de las personas mayores. El impacto inflacionario en los medicamentos en octubre de 2019”. Buenos Aires: CEPA, CEPPEMA y ALGEC.
• Vignale, Silvana (2019). “Lo prometido es deuda”. Revista Bordes, de UNPAZ, 12 de septiembre de 2019. Disponible en https://revistabordes.unpaz.edu.ar/lo-prometido-es-deuda/

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[1] “Impactos de un programa económico de Ajuste. La deuda en las finanzas públicas y los hogares en Chaco”, disponible en: http://www.escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/deuda-chaco-2020.pdf

[2] La serie mostrada se extiende desde 2017 a 2019. El resto de los datos están disponibles en Heredia y otros (2018)